Cayó el concejal que admitió ser el «padrino» político del presunto femicida de Agostina Vega

En medio de la profunda conmoción social por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ha tomado la decisión política de desplazar a Ricardo Moreno de su banca en el Concejo Deliberante. Esta medida surge tras el escándalo desatado por los vínculos directos entre el ahora exconcejal y el principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, quien se desempeñaba como becario en la municipalidad. La salida de Moreno busca descomprimir una crisis institucional que amenazaba con dominar la agenda municipal y que había generado un fuerte repudio tanto en la oposición como en la opinión pública, en un contexto de extrema sensibilidad por la violencia de género en la provincia.

Para hacer efectiva la remoción sin necesidad de un proceso de expulsión legislativa, el Ejecutivo municipal utilizó un mecanismo administrativo estratégico: el regreso de Raúl La Cava a su banca titular. La Cava, quien se encontraba de licencia para ejercer como secretario de Políticas Sociales, presentó formalmente su pedido para retomar su lugar en el cuerpo legislativo este próximo jueves. Al retomar el titular su puesto, Moreno, que ocupaba la banca en calidad de suplente, queda automáticamente fuera del cuerpo legislativo, permitiendo al oficialismo desactivar un frente de conflicto antes de que la oposición presentara pedidos de expulsión formal por falta de idoneidad.

El punto de no retorno para Moreno fue su propia admisión pública de haber gestionado y facilitado el ingreso de Barrelier a la estructura municipal. El concejal reconoció haber intervenido para que el hoy acusado de femicidio obtuviera una beca en la Municipalidad de Córdoba, una revelación que desató una ola de críticas sobre los criterios de contratación y el uso de influencias dentro del Estado. Este reconocimiento de «padrinazgo» político sobre una persona con antecedentes violentos fue interpretado por diversos sectores como una muestra de la protección sistémica que pudo haber facilitado que el presunto femicida circulara con impunidad.

La situación del dirigente peronista se volvió aún más insostenible tras la filtración de audios en los que se jactaba de su capacidad para otorgar cientos de contratos estatales y mencionaba haber coordinado la defensa legal del detenido. Aunque Moreno intentó defenderse alegando que las grabaciones estaban «editadas con inteligencia artificial» para perjudicar su imagen, el argumento no tuvo acogida en el ámbito político. La presión social, sumada a las duras declaraciones de concejales opositores que lo calificaron como «defensor de violadores», obligó al intendente Passerini a retirarle el apoyo político para preservar la integridad de la gestión municipal.

El impacto de este caso ha trascendido las paredes del Concejo Deliberante, llegando a las calles donde el padre de Agostina Vega ha exigido que «estén todos presos», apuntando a la cadena de responsabilidades políticas y judiciales. La salida de Moreno se produce en un marco de movilización nacional por el colectivo «Ni Una Menos», lo que aumentó la urgencia del oficialismo por tomar distancia de un funcionario envuelto en semejante controversia. El escándalo ha puesto en duda la ética de los representantes públicos frente a crímenes tan atroces, convirtiendo la situación de Moreno en un símbolo de lo que la sociedad cordobesa ya no está dispuesta a tolerar.

Finalmente, este terremoto político ha derivado en cambios en el gabinete de Passerini y en la promesa de nuevas normativas de transparencia. Con la vuelta de La Cava al Concejo, la Secretaría de Desarrollo Social quedará a cargo de Andrea Ledesma, una dirigente cercana al intendente. Asimismo, a raíz de este escándalo, el Ejecutivo municipal anunció un proyecto de ordenanza para exigir controles de antecedentes penales y narcotest a todo el personal de la municipalidad, buscando evitar que se repitan ingresos irregulares de personas con perfiles peligrosos y así intentar restaurar la confianza pública tras el horror del caso Agostina.

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