Secretarías de género en silencio: Cómo el blindaje sindical peronista protegió al «monstruo» de Cofico

La estructura sindical y política de las 62 Organizaciones Peronistas en Córdoba atraviesa hoy una de sus crisis de legitimidad más profundas tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega, un hecho que ha dejado al descubierto la abismal distancia entre los discursos oficiales de protección y la realidad operativa de sus cuadros territoriales.

La estructura sindical y política de las 62 Organizaciones Peronistas en Córdoba atraviesa hoy una de sus crisis de legitimidad más profundas tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega, un hecho que ha dejado al descubierto la abismal distancia entre los discursos oficiales de protección y la realidad operativa de sus cuadros territoriales. Formalmente, la organización cuenta con una Secretaría de Género, una Secretaría de la Mujer y Protección de la Niñez, además de la denominada Mesa de Mujeres Sindicalistas, espacios cuyo objetivo teórico es promover el liderazgo femenino, erradicar la violencia en entornos laborales y proteger las infancias. Sin embargo, la detención de Claudio Gabriel Barrelier, un militante activo de este armado político, ha transformado estas banderas en una contradicción insostenible, ya que el acusado no solo participaba de la vida institucional del gremio, sino que se exhibía en redes sociales y actos oficiales junto a las máximas figuras del oficialismo local.

La gravedad del caso se acentúa al analizar los vínculos directos de Barrelier con la cúpula del poder sindical y político cordobés, donde se lo ha visto en registros fotográficos de campaña junto a Claudia Martínez, referente del Partido Justicialista y exsecretaria de la Mujer de la provincia, y junto al concejal Ricardo Moreno, quien ejerce como secretario político de las 62 Organizaciones. Estas conexiones sugieren, según denuncian las querellas y agrupaciones opositoras, la existencia de redes de protección que habrían garantizado la impunidad del acusado en hechos previos, como el secuestro de una joven en 2025, por el cual Barrelier recuperó la libertad en apenas 20 días. Esta «puerta giratoria» judicial y el silencio posterior de las áreas de género de la organización evidencian una supuesta voluntad de encubrimiento para no afectar la estructura política liderada por Moreno.

El silencio institucional y el entramado de impunidad en Córdoba

A pesar de la conmoción social que ha generado el hallazgo del cuerpo de Agostina, las áreas de género de las 62 Organizaciones Peronistas han optado por un silencio absoluto, evitando emitir cualquier comunicado de repudio o sumarse a las exigencias de justicia que claman los familiares de la víctima. Esta inacción es liderada por figuras clave de la conducción femenina, como Miriam Moyano, actual Secretaria de la Mujer de la estructura regional de Córdoba, y Gabriela Juárez, Secretaria General Adjunta de la organización a nivel provincial. Ambas dirigentes, alineadas políticamente con la conducción de Ricardo Moreno, han mantenido sus agendas institucionales blindadas ante el caso, lo que para diversos sectores del transfeminismo y la oposición política confirma una complicidad sistémica que prioriza la supervivencia del aparato sindical por sobre la seguridad de las mujeres.

La figura de Claudia Martínez también ha quedado en el centro de la tormenta, ya que como funcionaria de la Secretaría de la Mujer de la Provincia y referente histórica del PJ, su vinculación pública con Barrelier en actividades de militancia ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de la prevención de la violencia. Mientras las fotos de campaña de Martínez junto al presunto femicida se viralizan, la funcionaria no ha logrado dar una respuesta satisfactoria sobre cómo un individuo con antecedentes de violencia y privación de la libertad pudo integrarse tan estrechamente en los círculos de poder provincial. Este vacío de liderazgo oficial ha sido llenado por la protesta social, donde vecinos de barrio General Mosconi y la Asamblea Ni Una Menos Córdoba han tomado la posta de la movilización ante la ausencia de las secretarías peronistas.

El contraste entre la pasividad de la «Rama Femenina» oficialista y la respuesta del aparato represivo del Estado ha sido otro punto de fricción extrema en los últimos días. En lugar de ofrecer canales de diálogo o acompañamiento a través de las secretarías de género, las primeras manifestaciones espontáneas de los vecinos y familiares frente a la comisaría fueron reprimidas por la Policía de Córdoba con balas de goma. Este uso de la fuerza pública para acallar el reclamo genuino ha profundizado el repudio de la comunidad hacia el Ministerio de Seguridad y las cúpulas sindicales, que parecen más preocupadas por blindar el entorno de Barrelier y la jerarquía de las 62 Organizaciones que por esclarecer la mecánica del crimen. La acusación de que estas estructuras operan como «fuerzas de choque» y redes de impunidad ha cobrado fuerza en las calles cordobesas.

La organización de la marcha para el próximo miércoles 3 de junio se perfila como un plebiscito a la gestión del oficialismo peronista en materia de género, con el foco puesto específicamente en la responsabilidad política del concejal Ricardo Moreno como jefe político de Barrelier. Las agrupaciones de izquierda y la UCR denuncian que las áreas de la mujer manejadas por Miriam Moyano y Gabriela Juárez funcionan meramente como un decorado institucional que no interviene cuando los agresores forman parte de la propia tropa militante. Esta desconexión operativa se extiende incluso al nivel nacional, donde la Mesa de Mujeres de las 62 Organizaciones mantiene una influencia coordinada por dirigentes como Karina Moyano, del sindicato de Camioneros, pero sin que esa jerarquía haya servido para presionar por una depuración en la filial cordobesa.

Finalmente, el caso de Agostina Vega ha revelado que la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en ciertos sectores de Córdoba está directamente vinculada a la protección que el poder político otorga a sus «punteros» y referentes barriales. Si las secretarías destinadas a la protección de la niñez y la defensa de la mujer no son capaces de alertar sobre la presencia de perfiles violentos como el de Barrelier dentro de sus propias filas, su función queda reducida a la de una oficina administrativa de legitimación partidaria. La sociedad cordobesa hoy observa cómo las mismas manos que firmaban convenios de capacitación de género aparecen en fotos estrechando la mano de quien hoy es señalado como el responsable de un horror que pudo haberse evitado si la red de impunidad no hubiese operado con tal eficacia en 2025.