La administración pública de Córdoba se encuentra bajo el ojo de la tormenta tras la reciente denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas provincial. El organismo, liderado por Beltrán Corbalán, señala irregularidades graves en la ejecución de obras viales fundamentales para el distrito que involucran a la empresa Caminos de las Sierras. El centro de la acusación recae sobre la gestión de las obras realizadas sobre la ruta 38, específicamente en el tramo de la variante Costa Azul-La Cumbre. Según los datos presentados ante la justicia, los sobreprecios detectados en esta ejecución alcanzarían cifras que el propio tribunal califica como alarmantes. El análisis técnico indica que la obra, presupuestada inicialmente por ingenieros del Estado en unos 100 millones de dólares, terminó costando 220 millones. Esta brecha del 120% representa un desvío de fondos que no tiene una justificación técnica sólida según los denunciantes. Para evitar distorsiones por la volatilidad económica del país, los auditores realizaron el cálculo en moneda estadounidense para confirmar la irregularidad. De este modo, queda descartado que el aumento desmedido responda exclusivamente a la inflación acumulada entre los años 2022 y 2024. Un punto crítico del sistema de contratación es que el 85% de la obra pública en Córdoba evade actualmente el control preventivo del Tribunal. Esto ocurre porque la mayoría de los fondos se canalizan a través de agencias externas como Caminos de las Sierras o la ACIF. Si estas obras hubieran pasado por el tamiz del control preventivo habitual, los auditores habrían observado y frenado la adjudicación de inmediato. Sin embargo, el esquema actual permite que se adjudiquen proyectos por valores muy superiores a los estimados realizados por los propios técnicos estatales. La denuncia también revela maniobras administrativas cuestionables, como la modificación discrecional de los plazos de pago originales a las empresas constructoras. Mediante adendas contractuales, la provincia acortó los términos de pago de 60 a tan solo 30 días de plazo. Este adelantamiento en los pagos genera un perjuicio financiero directo para las arcas públicas del Estado provincial de Córdoba. Al disponer del dinero antes de lo pactado, la provincia pierde liquidez mientras sigue pagando intereses por los créditos internacionales solicitados para estas obras. La mecánica denunciada no parece ser un error aislado, sino una práctica recurrente en diversas obras viales de la actual gestión provincial. Corbalán advirtió que existen más casos bajo estudio que probablemente derivarán en nuevas presentaciones judiciales en un futuro cercano. La transparencia ha sido otro de los grandes obstáculos, ya que se denunció la retención deliberada de documentación necesaria para auditar las cuentas. Una vez que el Tribunal detectó los sobreprecios en la ruta 38, el acceso a la información restante fue bloqueado por la agencia. Existe una preocupante similitud entre este escenario y procesos judiciales de corrupción conocidos a nivel nacional, como la denominada causa Vialidad. En ambos casos se observa un debilitamiento sistemático de las funciones de los organismos de auditoría y control estatal. La sombra de la corrupción ya había aparecido previamente con el intento fallido de compra de drones para el Ministerio de Seguridad. En esa oportunidad, se pretendía pagar 30.000 dólares por unidades que en el mercado internacional valen apenas unos 10.000 dólares. Asimismo, el Tribunal logró frenar en su momento la adquisición de vehículos carrozados que estaban presupuestados con un valor tres veces mayor al real. Estos antecedentes refuerzan la sospecha de una matriz de sobreprecios instalada en las contrataciones generales del Estado. Desde el gobierno provincial se defiende la gestión alegando que estas denuncias responden meramente a una animosidad política de la oposición. Argumentan que el objetivo de estas acciones es trabar la ejecución de obras públicas que son vitales para la provincia. No obstante, el impacto social de este posible desvío de 120 millones de dólares es innegable y sumamente costoso para la sociedad cordobesa. Según el Tribunal de Cuentas, con esa suma excedente se podrían haber construido más de 50 escuelas nuevas en todo el territorio. Navegación de entradas La Falda: Cruces entre oficialismo y oposición por la venta de tierras a extranjeros y el riesgo ambiental en las Sierras
