La Falda: Cruces entre oficialismo y oposición por la venta de tierras a extranjeros y el riesgo ambiental en las Sierras

La Falda se planta! Oposición pide no ser "borregos" y rechaza la extranjerización. El oficialismo defiende la propiedad y la Constitución.

En la ciudad de La Falda, el Concejo Deliberante llevó a cabo una Sesión Ordinaria el pasado 29 de julio de 2026, donde se abordaron temas de profunda relevancia para la soberanía territorial y la protección del medio ambiente regional. Durante este encuentro parlamentario, se dio ingreso formal a diversos proyectos que manifiestan un firme rechazo a las modificaciones propuestas sobre leyes nacionales fundamentales para el control del dominio extranjero sobre las tierras argentinas.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación de una nota detallada por parte de la Mesa de Derechos Humanos de La Falda, la cual solicita un pronunciamiento institucional contundente frente a la Cámara de Senadores. Este documento argumenta que la defensa del territorio constituye la base sustancial e indispensable para garantizar la soberanía nacional y la vigencia plena de los derechos de todos los ciudadanos de la región.

En su petitorio, la organización civil insta a los ediles a manifestar la más férrea oposición a cualquier iniciativa legislativa o Decreto de Necesidad y Urgencia que pretenda la derogación de la Ley Nacional Nº 26.737. Los firmantes sostienen que dicha norma no fue un capricho administrativo, sino una medida de autoprotección soberana que fijó límites claros a la titularidad de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La nota advierte con preocupación que la pérdida de este marco normativo abriría las puertas a un proceso acelerado de acaparamiento de tierras, transformando el hábitat natural de los pueblos en un mero activo financiero transnacional. Según el documento, la entrega irrestricta del suelo a capitales foráneos fragmenta la integridad del territorio y vulnera el dominio originario que las provincias poseen sobre sus recursos naturales estratégicos.

Específicamente para el Valle de Punilla, se destacó que la extranjerización no regulada favorece la especulación financiera y el desmonte ilícito, poniendo en riesgo crítico las cuencas de captación de agua esenciales para el abastecimiento local. Esta situación comprometería la capacidad de las autoridades municipales para proyectar políticas de desarrollo sostenible y garantizar un hábitat digno para los propios ciudadanos argentinos residentes en la zona.

Desde los bloques de la oposición, los concejales expresaron su total acuerdo con los vecinos presentes, calificando la jornada como un ejercicio maravilloso de democracia participativa y escucha activa. Los ediles resaltaron que el proyecto del Ejecutivo nacional busca modificar radicalmente los topes impuestos a la extranjerización de tierras, intentando ceder soberanía territorial en puntos estratégicos como fronteras y zonas hídricas.

Asimismo, denunciaron que la flexibilización de las restricciones para el uso del suelo sobre áreas arrasadas por incendios forestales desprotege de forma crítica el ecosistema de las Sierras Chicas. Consideran que la eliminación de los plazos de prohibición para el cambio de uso de suelo después de un siniestro incentiva de manera indirecta los incendios intencionales con fines de loteo o explotación comercial.

En un tono motivador, algunos concejales de la oposición instaron a la comunidad a no ser «borregos silenciosos» y a utilizar el «algoritmo» de la democracia y las redes sociales para difundir sus preocupaciones. Propusieron que cada ciudadano se convierta en un multiplicador de información fundamentada en fuentes originales y leyes, superando el ruido informativo que a menudo oculta las verdades importantes para el país.

La postura del oficialismo, por su parte, se centró en una interpretación técnica y jurídica basada en la jerarquía de las normas nacionales y la propia Constitución Nacional. Un representante del bloque mayoritario citó los artículos 20 y 25 de la Carta Magna, los cuales establecen que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos, incluyendo el derecho a poseer bienes raíces.

El oficialismo argumentó que el ideario nacional plasmado por los constituyentes en el preámbulo busca asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Desde esta perspectiva, se advirtió sobre la tentación de confundir el régimen de dominio privado, regido por el Código Civil y Comercial, con el concepto estricto de soberanía estatal.

Según el bloque oficialista, la soberanía tiene que ver con el poder del Estado para dictar normas y ejecutarlas, mientras que el régimen de propiedad es una cuestión distinta que no compromete per se la autoridad nacional. Por ello, sugirieron que encomendar un rechazo taxativo a una normativa que aún está en tratamiento parlamentario podría implicar un exceso en las facultades limitadas del cuerpo deliberativo municipal.

No obstante, el oficialismo se mostró abierto a redactar una resolución que encomiende un trabajo responsable a los legisladores nacionales para resguardar los derechos conjuntos de la nación y el ambiente sano. Destacaron la importancia de respetar el debate que deben dar los diputados y senadores de Córdoba, quienes son los representantes designados para tratar discusiones de tal magnitud a nivel federal.

Finalmente, tras una intensa exposición de argumentos cruzados, el cuerpo deliberativo decidió que los proyectos y la nota presentada fueran remitidos a comisión para un estudio más pormenorizado. Este espacio permitirá a los ocho concejales y sus secretarios continuar el debate en un marco de respeto a las ideas, buscando un consenso que refleje las preocupaciones vecinales y la defensa de la identidad argentina.