Radiografía del presupuesto municipal: ¿A dónde van los impuestos de los vecinos de La Falda?

Investigación exclusiva de VEA Noticias

Cuando un vecino de La Falda acude a pagar la tasa de la propiedad, el comercio o el automotor, asume que ese esfuerzo económico retornará en calles pavimentadas, luces funcionando, asistencia social efectiva y un control transparente de las cuentas. Sin embargo, al abrir y desglosar las planillas oficiales del Presupuesto General de Gastos proyectado en $24.999 millones de pesos para el 2027, la realidad contable muestra un mapa de prioridades que despierta profundos interrogantes sobre cómo se distribuye el dinero de la comunidad.

La primera gran sorpresa surge al examinar la partida destinada a los sueldos del personal municipal y la marcada brecha que existe entre los trabajadores operativos y la conducción política. Mientras los 122 empleados de la planta permanente reciben un total presupuestado de $4.100 millones de pesos para cubrir el funcionamiento diario de la administración, la cúpula directiva compuesta por tan solo 26 funcionarios se lleva una suma de $1.400 millones de pesos anuales.

Esta cifra cobra una dimensión aún más crítica si se la compara con la situación de los trabajadores contratados. Para los 61 empleados de escala básica contratada que realizan tareas administrativas y operativas permanentes en las calles de la ciudad, el municipio reserva un total de $1.100 millones de pesos. Esto significa que un reducido grupo de 26 autoridades políticas absorbe más dinero del arca pública que todo el plantel de empleados contratados junto, evidenciando un costo por cargo político sustancialmente más elevado que el de la masa laboral que sostiene los servicios básicos.

La cúpula de 26 cargos políticos y autoridades jerárquicas de La Falda abarca tanto al Departamento Ejecutivo como a los órganos deliberativos y de control de la ciudad. En el vértice de la administración central se ubican el intendente (Ricardo Javier Dieminger), la viceintendente (Luciana Paola Pacha), los secretarios del gabinete (Marcelo Alberto Lusso, Gonzalo Sebastián Murua, José Ignacio Iriondo y Héctor Favian Dellacecca), la subsecretaría (Damián Gustavo Olmos) y las directoras de área (Mayra Anabel Oyola, Ana Raquel Elizondo, Marina Maribel Martin y Lara López Mazzucco).

A este esquema del gobierno ejecutivo se suman los cargos técnicos y de asesoramiento legal superior, encabezados por el asesor letrado (Rodrigo César Anglada) y la contadora general (María del Carmen Juri). El listado de autoridades se completa con los integrantes y secretarios de los cuerpos de control e instituciones representativas de la ciudad.

En el Concejo Deliberante revistan dentro de este grupo representativo los ediles y secretarios parlamentarios (Alicia Cristina Auferil, Ludmila Tatiana Ochoa, Javier Sebastián Montes, Daniel Enrique Pino, Francisco Jesús Villanueva, Nadia Odasso, Karen Verónica Tymoszczuk, Ricardo Oscar Agost y Laura Elsa Scalzadona). Por su parte, el Tribunal de Cuentas está integrado por sus vocales y secretaria (Ana María Nieto, Gastón Federico Mario Sabre, Lorena Gisela Nieto y Claudia del Valle Nieto), cerrando la nómina jerárquica la Defensora del Vecino (Soledad Andrea Cantarutti) y las autoridades del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas (Graciela Liliana López y Valeria Verónica Vázquez).

Por si fuera poco, la administración municipal abre una vía de contratación paralela bajo la figura de transferencias privadas que enciende alertas de precarización laboral. Bajo los rubros de «Becas, Pasantías y Asistencia Laboral» por $1.400 millones de pesos y «Prestadores de Servicios Varios» por $768 millones de pesos, se canalizan más de $2.168 millones de pesos por fuera del escalafón oficial. Este esquema genera dudas entre los vecinos y referentes gremiales, ya que permite mantener una abultada nómina de colaboradores informales sin estabilidad ni derechos previsionales reconocidos en el presupuesto de planta.

Otro aspecto que genera desconcierto institucional es el uso extendido de partidas denominadas «Créditos de Refuerzo» y bolsas de contingencia presupuestaria. El documento oficial reserva más de $2.570 millones de pesos distribuidos en refuerzos salariales ($1.400 millones), insumos de consumo ($245,4 millones), servicios generales ($132 millones) y créditos adicionales para gastos corrientes y de capital. Para el ciudadano común, esto equivale a otorgarle al Poder Ejecutivo una suma multimillonaria de libre disponibilidad para reasignar partidas a lo largo del año sin necesidad de requerir la discusión ni aprobación previa del Concejo Deliberante.

Al explorar en qué se gasta la masa de recursos disponible, las prioridades de la gestión comunal muestran una clara inclinación hacia la organización de eventos y la comunicación oficial. La partida destinada a fiestas, festivales y eventos absorbe $750 millones de pesos, a los que se suman $165 millones para el Festival del Tango y $128,4 millones para fomento de prensa y difusión institucional. En conjunto, el municipio contempla destinar más de $1.079 millones de pesos a la promoción y los espectáculos públicos durante el ejercicio fiscal.

El contraste resulta llamativo cuando se comparan estos montos con el financiamiento otorgado a los organismos de participación ciudadana y control vecinal. El Consejo de la Ciudad dispone de apenas $1.080.000 pesos anuales, el Consejo de Educación cuenta con la misma cifra testimonial de $1.080.000 pesos, y la Defensoría del Vecino recibe la suma de $936.000 pesos para todo el año. En términos prácticos, lo que el municipio invierte en un solo fin de semana de festivales supera por amplio margen el presupuesto anual completo destinado a garantizar la voz y los reclamos institucionales de la comunidad.

Esta asimetría en las asignaciones presupuestarias también golpea con fuerza la contención de las familias más vulnerables del ejido urbano. Mientras el gasto publicitario y festivo supera los mil millones de pesos, la partida para el Comedor y la Guardería Municipal se fija en apenas $15 millones de pesos para todo el período. Ante la creciente demanda social en los barrios periféricos, destinar montos tan acotados al abrigo alimentario y educativo infantil genera una inevitable inquietud sobre la jerarquización del gasto social.

En materia ambiental, el Presupuesto 2027 muestra un compromiso económico que resulta escaso frente a las urgencias ecológicas de la región. Para el estudio y saneamiento del dique municipal, una reserva hídrica y turística clave para la localidad, se han reservado únicamente $18 millones de pesos. En una villa serrana cuyo desarrollo económico y salud pública dependen directamente de la calidad de sus fuentes de agua, la brecha entre el dinero gastado en difusión mediática y la recuperación ambiental es abrumadora.

Quizás el dato más revelador para el vecino que padece el deterioro del pavimento y la falta de alumbrado en su cuadra sea el monto invertido en obras públicas propias. De un Presupuesto General de $24.999 millones de pesos, las obras de infraestructura ejecutadas con fondos estrictamente municipales alcanzan los $1.264,64 millones de pesos, lo que representa tan solo un 5,05% del gasto total. Esto confirma que más del 94% de los recursos vecinales se consume en el mantenimiento de la estructura burocrática y gastos operativos diarios, dejando las grandes mejoras urbanas supeditadas a subsidios o giros de la Provincia y la Nación.

Finalmente, la salud financiera del municipio arrastra un pesado lastre acumulado de ejercicios anteriores que condiciona las cuentas del presente. El presupuesto destina $1.101,27 millones de pesos a cancelar deudas pendientes de años pasados, entre las que figuran $160 millones en sueldos no liquidados al personal, $324 millones en servicios adeudados a proveedores y $450 millones en transferencias no concretadas. Este endeudamiento recurrente demuestra que la administración viene gastando por encima de sus posibilidades reales y comprometiendo la estabilidad futura de la caja comunal.

Esta lectura minuciosa de las planillas financieras municipales realizada por VEA Noticias invita a los vecinos de La Falda a involucrarse activamente en la discusión pública de su presupuesto. No se trata únicamente de balances fríos o términos contables lejanos, sino de decisiones políticas concretas que definen si los recursos públicos se destinan a fortalecer la estructura de gobierno y la imagen oficial, o si por el contrario se transforman en mejores escuelas, calles iluminadas, contención social e infraestructura duradera para el bienestar de toda la comunidad.

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