Los habitantes de Santa María de Punilla manifestaron un profundo malestar debido al drástico incremento en las tasas municipales. A través de diversas plataformas digitales, las familias del sector aseguraron que el esquema fiscal vigente resulta impagable para la economía hogareña actual. La principal indignación de los contribuyentes radica en una comparación directa con localidades turísticas vecinas de mayor infraestructura. Muchos frentistas sostienen con enojo que el municipio aplica un criterio impositivo similar al de Villa Carlos Paz, pero sin contraprestaciones reales. El detonante de la furia virtual se concentra en el cobro compulsivo de las recientes obras de cordón cuneta en los barrios. Según denuncias públicas, las boletas emitidas alcanzaron montos cercanos a los tres millones de pesos, obligando a realizar presentaciones ante el Concejo Deliberante. El malestar comenzó a judicializarse en el barrio Villa Bustos (especialmente en la calle Perlotti). Los vecinos denunciaron que la obra de adoquinado y cordón cuneta se ejecutó a un nivel que superaba la cota de sus casas, provocando inundaciones y problemas estructurales en las viviendas. Esto llevó a una inspección ocular judicial en mayo de 2026. El conflicto escaló de forma masiva en los medios locales y redes sociales a mediados de junio de 2026. Vecinos de arterias como la calle Osiris Solanas hicieron público que comenzaron a recibir intimaciones de pago con boletas de aproximadamente 3 millones de pesos por frentista. El estallido se dio porque, según los damnificados, originalmente les habían dicho que se usaría «material sobrante» de otra obra y los montos finales nunca fueron consensuados. A los altos costos se sumó la indignación por la calidad. En los mismos reclamos de junio, los frentistas viralizaron videos demostrando que el cordón cuneta se construyó sobre caños de agua, no tenía anclaje (se movía al tocarlo con los autos) y ya presentaba grietas por falta de juntas de dilatación. Debido a que el municipio no dio respuestas satisfactorias, la situación llegó a la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje, la cual a fines de agosto de 2026 otorgó carácter «colectivo» al recurso de amparo presentado por los vecinos para frenar y revisar la legalidad de la obra municipal. A la par del ahogo económico, la mayor preocupación ambiental de la comunidad se observa diariamente en el estado de la vía pública. Los vecinos reportan de forma constante la proliferación de microbasurales y residuos acumulados en diversas esquinas de la localidad serrana. La falta de mantenimiento e higiene urbana se complementa con severas fallas en el cronograma de recolección de residuos domiciliarios. En amplios sectores, las bolsas permanecen durante días a la intemperie, quedando expuestas a la acción de animales callejeros. Además de los desperdicios orgánicos, las calles se encuentran desbordadas por restos de podas, escombros y malezas sin retirar. Esta acumulación de «mugre» genera no solo un impacto visual negativo, sino también un latente peligro sanitario para los niños. El reclamo vecinal también apunta a la falta de arreglos en las calles de tierra, las cuales presentan profundos pozos y deterioros. Transitar por las arterias internas se convirtió en una odisea para los automovilistas tras cada tormenta en el Valle de Punilla. Ante la falta de respuestas en las oficinas comunales, las redes sociales se transformaron en el principal canal de protesta. Los grupos locales de Facebook e Instagram se inundan a diario con fotografías y videos que exponen el abandono. En los debates digitales, los ciudadanos exigen una auditoría sobre el destino de los fondos recaudados mediante el cobro de tasas. La comunidad cuestiona con dureza los altos salarios de la planta política frente a la evidente escasez de recursos operativos. Por el momento, la administración de la intendente Silvia Rocchietti intenta contener los reclamos mediante cuadrillas de atención vespertina. Sin embargo, los vecinos advierten que las soluciones de fondo no llegarán hasta que se revise la excesiva presión impositiva. Navegación de entradas Instalar un biodigestor puede costar más de 2 millones de pesos: ¿cumplirá el municipio con la ayuda prometida? El oro amarillo de las Sierras: los increíbles usos del espinillo cordobés
