La crisis política en el Palacio 6 de Julio ha alcanzado un punto de ebullición que obligó al intendente Daniel Passerini a ejecutar una maniobra de «enroque» institucional para desplazar de manera fulminante al concejal Ricardo Moreno. El detonante de esta purga fue el escándalo vinculado a Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, con quien Moreno admitió tener vínculos estrechos, llegando incluso a gestionar su ingreso como becario en la Municipalidad de Córdoba. Ante la filtración de audios comprometedores donde el ahora exedil se jactaba de facilitar el acceso de cientos de personas al Estado y de coordinar la defensa legal del acusado, el Ejecutivo municipal decidió interrumpir la licencia de un hombre de su riñón político para forzar la salida automática del suplente cuestionado. La salida de Moreno no fue el resultado de un debate legislativo tradicional, sino de una estrategia administrativa diseñada para anular de inmediato sus fueros parlamentarios. Al retomar Raúl La Cava su banca de concejal titular, Moreno quedó automáticamente fuera del cuerpo legislativo, perdiendo la inmunidad que le otorgaba su cargo y quedando expuesto como un ciudadano común ante las investigaciones por tráfico de influencias y posibles nombramientos ilegales. Esta jugada permitió al oficialismo un «control de daños» veloz, evitando que el Concejo Deliberante se convirtiera en un escenario de acusaciones cruzadas durante un juicio político que la oposición ya estaba impulsando, lo que habría desgastado aún más la imagen de la gestión de Passerini y el gobernador Martín Llaryora. El protagonista de este retorno estratégico es Raúl La Cava, un dirigente de peso en el peronismo cordobés que, hasta junio de 2026, se desempeñaba como Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. Su perfil combina la gestión técnica en áreas de alta sensibilidad social con un fuerte liderazgo territorial, siendo el actual presidente del Partido Justicialista de la Seccional 6ª de Córdoba Capital. La Cava no es un actor secundario; es considerado uno de los hombres de máxima confianza del intendente, actuando como un «fusible» político capaz de abandonar un cargo ejecutivo de relevancia para salvar la estabilidad institucional del oficialismo en el Concejo. El vínculo entre La Cava y Passerini trasciende lo administrativo, cimentándose en una lealtad funcional y una sintonía ideológica profunda dentro del núcleo duro del PJ Capital. Ambos comparten una visión de la militancia orientada a «humanizar» la gestión estatal, especialmente en sectores vulnerables, lo que llevó al intendente a confiarle la ejecución de las políticas sociales más críticas de su gobierno. Esta relación de extrema confianza explica por qué Passerini recurrió a él para ejecutar la remoción de Moreno: necesitaba a alguien cuya lealtad fuera incuestionable para cerrar una grieta que amenazaba con expandirse hacia otras estructuras del poder municipal. A diferencia del turbulento presente de Moreno, Raúl La Cava ostenta un «prontuario en blanco», sin registros de denuncias penales ni causas judiciales en su contra. A pesar de haber manejado presupuestos sensibles y de alta exposición en la Secretaría de Políticas Sociales —donde habitualmente se enfrentan acusaciones de clientelismo—, no existen investigaciones formales por malversación o irregularidades en su trayectoria pública. Este historial de limpieza judicial fue el activo principal que el oficialismo utilizó para contrastar su figura con la de Moreno, asegurando que el regreso del titular no solo cumpliera una función política, sino que también aportara una imagen de transparencia en un momento de descrédito institucional. Desde una perspectiva crítica, aunque la trayectoria de La Cava no presenta manchas judiciales, su regreso al Concejo ha sido interpretado por los bloques opositores como una maniobra para clausurar el debate público sobre la «matriz de corrupción» que denuncian en las contrataciones municipales. Al evitar una sesión de destitución formal, el oficialismo logró que el escándalo de los audios de Moreno —que el implicado calificó erróneamente como editados con inteligencia artificial— no se profundizara en el recinto. Sin embargo, la justicia penal ahora tiene vía libre para investigar a Moreno sin el obstáculo de los fueros, enfocándose en el presunto encubrimiento o complicidad derivado de su estrecha relación con el acusado del femicidio de Agostina Vega. Finalmente, el desplazamiento de Moreno ha forzado al Ejecutivo a anunciar medidas de fondo para intentar recuperar la confianza ciudadana, como el proyecto de ordenanza para exigir narcotest y certificados de antecedentes penales a todo el personal municipal. Mientras La Cava asume su banca y Andrea Ledesma se hace cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, el peronismo cordobés intenta pasar de página, aunque las preguntas sobre cómo un perfil como el de Barrelier ingresó al Estado —con la anuencia admitida de Moreno— siguen latentes en la opinión pública. La jugada política fue eficaz para remover el síntoma, pero la investigación sobre las causas profundas de esta crisis institucional apenas comienza. Navegación de entradas Cayó el concejal que admitió ser el «padrino» político del presunto femicida de Agostina Vega El pasado de Passerini ligado a prostíbulos y a supuesta trata de mujeres
