Una multitud marchó en Punilla y en todo el país bajo una alarmante ola de femicidios

La jornada del miércoles 3 de junio de 2026 quedará grabada como una de las manifestaciones más masivas y urgentes de los últimos tiempos en la Argentina.

La jornada del miércoles 3 de junio de 2026 quedará grabada como una de las manifestaciones más masivas y urgentes de los últimos tiempos en la Argentina. Al cumplirse el undécimo aniversario de la histórica movilización de Ni Una Menos, cientos de miles de mujeres, disidencias y familias autoconvocadas colmaron las plazas del país para gritar que las siguen matando. El reclamo civil, lejos de aplacarse con los años, cobró una fuerza renovada debido a las cifras desoladoras que arrojan los observatorios sociales: en los primeros cinco meses de este año se registraron 105 femicidios, lo que equivale prácticamente a una muerte violenta cada 35 horas en el territorio nacional. La persistencia del dolor colectivo se tradujo en pancartas caseras, cánticos ensordecedores y una profunda demanda de amparo institucional que pareció no encontrar respuestas del otro lado del mostrador estatal.

La atmósfera social llegó a esta fecha completamente sacudida por casos recientes que evidenciaron niveles brutales de desprotección y crueldad. El nombre de Agostina Vega, la adolescente de tan solo 14 años asesinada y desmembrada en la ciudad de Córdoba tras haber estado desaparecida, lideró el dolor de las columnas manifestantes en la provincia y la Capital Federal. Su femicidio destapó graves falencias en los tiempos de respuesta de las comisarías y en las decisiones previas del poder judicial. A este desgarrador escenario se sumaron los pedidos de justicia por Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Buenos Aires, conformando un mapa de violencia disperso pero unificado bajo la misma matriz de impunidad y abandono estatal que las organizaciones sociales salieron a denunciar con dureza.

El desmantelamiento institucional y la respuesta del poder.

El componente político de este aniversario estuvo fuertemente atravesado por un clima de confrontación y reclamo explícito hacia el rumbo de la gestión del presidente Javier Milei. Diversas agrupaciones feministas y civiles denunciaron en sus documentos públicos un sistemático desarmado de los programas nacionales orientados a la prevención de la violencia y la asistencia integral a las víctimas. El malestar en las calles se agudizó tras las reiteradas declaraciones oficiales de la administración central, que ha buscado relativizar los crímenes de odio e incluso planteó la intención de modificar o eliminar la figura legal del femicidio en el código penal. Ante este panorama, las manifestantes señalaron de forma unánime que el vaciamiento del presupuesto público y la indiferencia gubernamental actúan de hecho como una forma de abandono institucionalizado que vulnera la seguridad cotidiana de las jóvenes.

La tensión política también se trasladó a las puertas del Palacio del Congreso, donde las fuerzas federales desplegaron un estricto operativo bajo el protocolo antipiquetes. Durante las primeras horas del miércoles, las columnas de jubilados que habitualmente se concentran en la zona intentaron marchar de forma pacífica, se toparon con vallas, empujones y gas pimienta por parte de la Policía Federal y la Prefectura Naval. Estos incidentes, lejos de disuadir la convocatoria del Ni Una Menos pautada para la tarde, provocaron que centrales obreras como la CGT, las dos vertientes de la CTA y diferentes movimientos sociales unificaran sus banderas de protesta. El resultado fue un bloqueo total del eje céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, donde el reclamo de género convergió con las demandas por la crisis económica y el descontento previsional.

El eco de la marea violeta en las localidades de Punilla.

Lejos de los grandes flashes de la capital, el departamento Punilla vivió sus propias jornadas de visibilización y memoria con un fuerte arraigo comunitario. En localidades como Cosquín, La Falda, Valle Hermoso, Villa Carlos Paz y Capilla del Monte, grupos de vecinas y asambleas feministas locales se convocaron en plazas y accesos principales para exigir que las políticas de género contemplen las realidades de los territorios del interior. La región arrastra sus propias heridas abiertas, recordando episodios críticos ocurridos en los últimos meses, como el presunto femicidio seguido de suicidio registrado a fines del año pasado en un hotel de Valle Hermoso, el cual ya contaba con denuncias previas y restricciones de acercamiento incumplidas. Para las mujeres de las Sierras, salir a la calle representa una batalla diaria contra la precariedad de los recursos judiciales locales y la lentitud burocrática.

Las marchas en el Valle de Punilla se caracterizaron por asambleas abiertas y lecturas de documentos que apuntaron tanto al gobierno nacional como a los ejecutivos municipales por el escaso apoyo presupuestario brindado a las áreas locales de asistencia a la víctima. Con banderas que exigían presupuestos reales para los puntos de atención y botones antipánico eficientes, las manifestantes marcharon pacíficamente bajo la llovizna serrana, acompañadas por el sonar de bombos y aplausos de comerciantes locales. Los referentes de la región coincidieron en que los traslados de las víctimas hacia los polos judiciales de Córdoba capital representan una barrera económica y geográfica insostenible que muchas veces condena a las denunciantes a quedar atrapadas junto a sus agresores. El grito de Punilla demostró que la lucha del Ni Una Menos mantiene una estructura federal indisoluble, donde cada rincón del país exige la urgencia de seguir con vida.