Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias Federico Sturzenegger, actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, se ha consolidado como el cerebro técnico detrás de las reformas más profundas de la gestión de Javier Milei. Con un doctorado en Economía del MIT, su perfil combina una extensa carrera académica con un rol protagónico en cuatro administraciones clave de la historia argentina reciente. Su trayectoria comenzó en 2001 como Secretario de Política Económica bajo el gobierno de la Alianza, trabajando con Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo. Años después, de la mano de Mauricio Macri, presidió el Banco Ciudad (2008-2013) y el Banco Central (2015-2018), además de desempeñarse como diputado nacional. El pensamiento de Sturzenegger es de un liberalismo ortodoxo radical, centrado en la desregulación absoluta y la eliminación de lo que él llama el «modelo corporativo». Sostiene que el Estado no debe intervenir en las relaciones comerciales y que la libertad de contratación es la única base posible para el crecimiento económico. Bajo la presidencia de Milei, operó inicialmente «en las sombras» como el arquitecto del masivo DNU 70/2023 y la Ley Bases. Actualmente, lidera proyectos legislativos ambiciosos como la «Ley Hojarasca», que busca derogar más de 60 normas obsoletas que, según su visión, restringen las libertades individuales. Entre sus propuestas actuales más disruptivas se encuentra la nueva Ley General de Sociedades, que introduce la figura de las «sociedades automatizadas«. Estas entidades podrían operar mediante algoritmos de Inteligencia Artificial y contratos inteligentes sobre redes blockchain, sin necesidad de empleados o intervención humana directa. También impulsa la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñada para facilitar desalojos exprés y eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros. Esta norma busca blindar jurídicamente la titularidad de bienes, permitiendo que el mercado inmobiliario y territorial funcione sin restricciones estatales previas. Sin embargo, su gestión no está exenta de polémicas vinculadas a su crecimiento patrimonial, que ascendió a $2.371 millones en su última declaración. Este incremento de casi $970 millones en un solo año ha generado críticas, sumado al hecho de que el 60% de sus ahorros están radicados en el exterior. La transparencia de sus ingresos también ha sido cuestionada por un presunto conflicto de intereses relacionado con su esposa, Josefina Rouillet. Se denunció un contrato directo de $114 millones otorgado por la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad que ella dirige, por capacitaciones de idiomas. El prontuario judicial de Sturzenegger incluye causas históricas de gran peso, como la del «Megacanje» de 2001, de la cual fue sobreseído en 2016. Recientemente, sumó imputaciones por el presunto desguace de Vialidad Nacional y denuncias por administración infiel vinculadas al pago de contratos de «Dólar Futuro». No obstante, la acusación más grave y sombría que pesa sobre el ministro es la de abuso sexual y acoso laboral. La denuncia fue presentada por su exsecretaria privada en el Banco Ciudad, Camila Lomonaco, quien relató una trama de violencia física y psicológica ocurrida durante la gestión de Sturzenegger. Lomonaco sostiene que en 2008 fue violada por tres funcionarios de confianza del entonces presidente del banco como represalia por denunciar actos de corrupción. Según el testimonio de la víctima, el ataque fue una medida de amedrentamiento para que dejara de investigar irregularidades en las licitaciones públicas porteñas. El relato es estremecedor: la denunciante asegura que tras el ataque sufrió una mutilación vaginal que requirió cirugía reconstructiva en el Hospital Alemán. Afirma poseer documentación médica y testigos que avalan el estado de deterioro físico y psicológico en el que quedó tras los hechos denunciados en la justicia. La víctima señala directamente a Sturzenegger por haberla amenazado personalmente al día siguiente de la violación, advirtiéndole que volvería a ocurrir si seguía «haciendo lío». Incluso afirma que el funcionario le reconoció haber visto las imágenes del abuso a través de las cámaras de seguridad del banco. La causa judicial ha estado rodeada de irregularidades, incluyendo la presunta destrucción de pruebas y la inacción de fiscales que se negaron a citar al ministro. Lomonaco denuncia que el poder político ha blindado a Sturzenegger, permitiéndole continuar su carrera pública a pesar de la gravedad de estas acusaciones. En el ámbito personal, la denunciante afirma vivir bajo un constante estado de hostigamiento y persecución policial que afecta a toda su familia. Relata que sus allegados han sufrido agresiones físicas y que su hijo ha tenido que dejar de asistir a clases presenciales debido a las constantes amenazas que reciben. A pesar de estas sombras, Sturzenegger mantiene el apoyo total del Poder Ejecutivo, consolidándose como la mano derecha económica de Javier Milei. Su capacidad para redactar reformas estructurales complejas lo vuelve una pieza indispensable en la estrategia del gobierno para desarticular el aparato estatal vigente. El contraste entre su imagen de académico del MIT y las denuncias penales en su contra define la complejidad de su figura pública. Mientras el oficialismo lo defiende como un reformista brillante, sus detractores lo señalan como un funcionario con un historial oscuro que trasciende lo meramente económico. Federico Sturzenegger sigue avanzando con su «Ley de Desregulación» y su «Ley Hojarasca» en el Congreso Nacional, buscando una transformación radical del país. El futuro de estas reformas dependerá tanto del consenso legislativo como de la resolución de los graves frentes judiciales que el ministro acumula. Navegación de entradas ARCA establece el 5 de agosto como fecha límite para la recategorización del Monotributo La Falda: Cruces entre oficialismo y oposición por la venta de tierras a extranjeros y el riesgo ambiental en las Sierras
