En una reciente y significativa sesión del Concejo Deliberante de La Falda, la concejal Gabriela Sacco, representante del Partido Justicialista, presentó una declaración de profunda relevancia para la salud pública local, basada en una nota enviada por el grupo «Vecinos por Punilla«. Este colectivo ciudadano, que ha mantenido una presencia activa durante el último año, busca visibilizar y denunciar diversas irregularidades y carencias en el Hospital Municipal, coincidiendo esta presentación con el primer aniversario del «abrazo» simbólico que la comunidad realizó al nosocomio en junio del año pasado. El documento legislativo no solo conmemora esta lucha vecinal pacífica, sino que se enmarca en las jornadas de reflexión del «Ni Una Menos«, vinculando la violencia de género con la falta de garantías en los derechos reproductivos y el acceso digno a la salud. El eje central del reclamo se asienta en la defensa irrestricta de la Ley Nacional N.º 25.929 de Parto Humanizado, la cual establece derechos fundamentales para las personas gestantes y sus recién nacidos durante todo el proceso de embarazo y posparto. La comunidad y sus representantes manifiestan una creciente preocupación por las modificaciones en los servicios de obstetricia y ginecología, argumentando que el acceso a una salud pública de calidad es un derecho humano que el Estado debe asegurar en todos sus niveles. En este sentido, la declaración subraya que cualquier alteración en servicios esenciales de salud sexual y reproductiva debe contar con información pública transparente y accesible, algo que, según los denunciantes, no ha ocurrido satisfactoriamente en la gestión actual del hospital. Uno de los puntos más críticos señalados en la nota leída por Sacco es la opacidad en la administración de los recursos y los acuerdos operativos del centro de salud. Se ha solicitado formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde precisiones sobre los convenios celebrados con instituciones privadas, exigiendo conocer sus alcances, objetivos y las implicancias económicas que estos conllevan para el erario público. Además, existe una demanda específica de rendición de cuentas sobre los fondos recaudados en la Peña Solidaria realizada a beneficio del hospital durante el año 2025, cuyo destino final sigue siendo una incógnita para los vecinos y organizaciones sociales que participaron en la iniciativa. Esta falta de claridad administrativa ha erosionado la confianza ciudadana, motivando el pedido de informes detallados sobre el financiamiento del hospital entre los años 2024 y 2026. La situación de las derivaciones médicas también ocupa un lugar preponderante en la agenda de reclamos. Los vecinos han expresado su malestar ante la frecuencia con la que se derivan casos obstétricos a otros centros regionales, fundamentalmente al Hospital Domingo Funes, lo que pone en duda la capacidad operativa actual de la sala de partos de La Falda. Ante el notable crecimiento poblacional del corredor Punilla Centro, la declaración advierte que la planificación sanitaria debe ser acorde a las necesidades presentes y futuras de la comunidad, garantizando que las emergencias obstétricas puedan ser atendidas localmente sin poner en riesgo la integridad de las personas gestantes por traslados innecesarios. Por ello, se solicitan estadísticas oficiales sobre la cantidad de partos atendidos y el número exacto de derivaciones realizadas en los últimos tres años. En términos de soluciones a largo plazo, el documento insta a abrir un debate institucional serio sobre el fortalecimiento estructural del Hospital Municipal de La Falda. Una de las propuestas más ambiciosas incluidas es la evaluación de la factibilidad de incorporar el hospital al sistema provincial de salud. Esta medida, que requeriría la intervención del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, busca ampliar los recursos, la infraestructura y el personal especializado para dotar al nosocomio de una capacidad operativa real y sostenida en el tiempo. La propuesta sugiere que una gestión integrada podría resolver las deficiencias actuales y asegurar que la salud pública deje de ser un motivo de incertidumbre para los habitantes de la zona. Finalmente, la declaración aprobada busca comprometer a las autoridades municipales y sanitarias en una política pública esencial de prevención de violencias de género mediante una atención obstétrica segura y respetuosa. El documento será remitido a la Dirección del Hospital y a los organismos provinciales competentes para asegurar que las demandas de «Vecinos por La Falda» no caigan en saco roto. La comunidad permanece en estado de alerta, recordando que la defensa de la salud pública es, en última instancia, la defensa de la vida y de la dignidad humana, principios que consideran vulnerados ante la actual reorganización de los servicios ginecológicos y la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo. Navegación de entradas Caso Agostina: Mentiras, demoras y el ‘punto de quiebre’ del sistema de seguridad Una multitud marchó en Punilla y en todo el país bajo una alarmante ola de femicidios