La gestión de Daniel Passerini en la ciudad de Córdoba atraviesa hoy un momento de profunda contradicción discursiva y política, marcada por una reacción drástica ante la crisis institucional generada tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega. El intendente ha dispuesto, mediante un proyecto de ordenanza de extensión universal, la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales y someterse a exámenes de narcotest para la totalidad de los empleados municipales, incluyendo becarios y contratados. Esta medida surge como una respuesta directa al impacto social de saber que el único detenido por el crimen de Vega, Claudio Barrelier, se desempeñaba dentro de la Escuela de Tránsito Municipal a pesar de contar con antecedentes por privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, esta exigencia de «limpieza» administrativa para los escalafones más bajos de la función pública contrasta severamente con la pesada mochila de denuncias que el propio Passerini y su círculo político han acumulado en los últimos años, donde la transparencia no siempre ha sido la norma. El foco más reciente de estas contradicciones se encuentra en el sistema de transporte público, un área donde la administración de Passerini enfrenta acusaciones de fraude a la administración pública. Mientras el intendente advierte de forma tajante que cualquier empleado que no cumpla con los nuevos requisitos perderá su puesto, la justicia investiga un contrato de locación firmado en marzo de 2024 entre la estatal TAMSE y la firma privada ERSA Urbano S.A., donde el municipio actuó como fiador con la firma del propio Passerini. La denuncia, impulsada por la oposición, señala un perjuicio económico monumental de aproximadamente 7.000 millones de pesos, basado en el pago de sobreprecios por unidades de colectivos. Según los datos presentados ante la justicia, se habrían pagado alquileres mensuales de 2 millones de pesos por vehículos cuyo valor de mercado es de 800 mil, y lo que es más grave, se incluyeron en el contrato 150 unidades calificadas como «chatarra» que nunca llegaron a circular. Las sombras del pasado y la búsqueda de transparencia selectiva. Al analizar las inconsistencias en la trayectoria de Passerini, es imposible no remontarse al año 2013, cuando una investigación federal por trata de personas en la localidad de Cruz Alta salpicó su carrera de forma indirecta pero contundente. Durante el juicio por la explotación sexual de mujeres en la whiskería «El Quincho», testigos de identidad reservada y ex encargados del local señalaron la existencia de una presunta red de protección política que involucraba a Daniel Passerini y a su hermano Diego, quienes se sucedieron en la intendencia de dicha localidad entre 1999 y 2011. La acusación resultaba especialmente perturbadora para un profesional de la salud (Passerini es médico de profesión), ya que se le señalaba como socio fundador de la Clínica Integral Médica Cruz Alta, lugar donde supuestamente se realizaban controles sanitarios a las víctimas para constatar si estaban «aptas» para seguir siendo explotadas sexualmente. Esta causa del pasado representa un caso testigo de cómo las investigaciones judiciales contra el poder político suelen diluirse hasta quedar en la nada, a pesar de la gravedad de los testimonios. Aunque la Procuración General de la Nación coordinó la línea de investigación y el dueño del prostíbulo, Oscar «Cacho» Desábato, terminó efectivamente condenado por trata de personas, la justicia decidió deslindar las responsabilidades de los funcionarios de mayor rango, incluido Passerini. El argumento judicial fue la falta de «pruebas concluyentes» de una participación activa, lo que permitió que las denuncias de protección política no prosperaran en imputaciones firmes, dejando un vacío de respuestas sobre cómo pudo operar una red criminal de tal magnitud bajo las narices del poder municipal durante años. A pesar de haber salido indemne de aquel episodio, las sombras sobre la gestión del transporte volvieron a aparecer en abril de 2024, cuando otra denuncia federal por el manejo de subsidios nacionales golpeó a su administración. Si bien esta presentación apuntaba inicialmente a la gestión previa de Martín Llaryora y a los directivos de ERSA, la continuidad institucional de Passerini quedó bajo la lupa por el presunto desvío de fondos millonarios destinados al transporte de la ciudad. La respuesta oficial desde el Palacio 6 de Julio ha sido solicitar celeridad a la justicia para «esclarecer» el reparto, una actitud que parece buscar la legitimación judicial ante una opinión pública que observa con desconfianza el vínculo persistente entre el estado municipal y empresas privadas cuestionadas. La crisis provocada por el caso Agostina Vega no solo forzó a Passerini a endurecer los controles sobre la planta de empleados, sino que también desnudó las grietas internas de su propio gabinete. La presión política de la oposición, liderada por la UCR y el Frente Cívico, lo obligó a realizar una reestructuración de su equipo de trabajo y a forzar la salida del concejal oficialista Ricardo Moreno para intentar descomprimir el escándalo mediático y social. Resulta paradójico que un intendente que hoy exige el narcotest y antecedentes limpios a cada monotributista que ingresa al municipio, haya tenido en su estructura política a figuras que, por acción u omisión, permitieron la contratación de personas con antecedentes penales en áreas sensibles como la Escuela de Tránsito. La estrategia de Daniel Passerini parece centrarse en una «huida hacia adelante» a través de medidas de alto impacto comunicacional que buscan proyectar una imagen de rigor y orden. Sin embargo, la brecha entre la exigencia de transparencia para los subordinados y las causas por defraudación, sobreprecios y viejas sombras de trata que han marcado su carrera política, sugiere una doble vara difícil de sostener en el tiempo. Mientras la justicia cordobesa sigue procesando denuncias por perjuicios económicos de miles de millones de pesos, la ciudadanía se pregunta si este nuevo celo por los antecedentes penales de los becarios es un cambio real de paradigma o simplemente una maniobra de distracción para evitar que el foco se pose sobre las decisiones de quienes firman los contratos millonarios. Navegación de entradas ¿Quién es La Cava? El plan maestro de Passerini para dejar sin fueros a Ricardo Moreno Revelaciones de nepotismo, privilegios y extorsión sacuden al entorno del concejal Ricardo Moreno
