Sombras en el PAICOR: Entre el horror de los niños y las acusaciones de «opereta política»

En una investigación exclusiva llevada adelante por VEA Noticias, hemos tenido acceso a grabaciones y testimonios inéditos de la tensa reunión celebrada en una institución educativa de Valle Hermoso, donde la comunidad escolar se enfrentó a las autoridades tras denuncias de requisas físicas y presuntos abusos en el comedor escolar.

El conflicto, que ha escalado hasta la justicia penal, revela una profunda crisis de confianza y seguridad que afecta tanto al personal docente como a los auxiliares municipales del programa PAICOR. El encuentro estuvo marcado por el relato desgarrador de un padre que denunció que su hijo fue víctima de tocamientos en sus partes íntimas durante una de las inspecciones físicas que el personal realizaba para evitar que los alumnos retiraran frutas del comedor. Según los testimonios recolectados, los niños eran sometidos a registros corporales comparados por los padres con un trato carcelario, donde se les palpaba la vestimenta y se les obligaba a exhibir sus pertenencias bajo la sospecha de ocultar naranjas.

La gravedad de los hechos se intensificó con el relato de otros padres que denunciaron un clima de maltrato psicológico constante, especialmente en el turno tarde, donde el personal auxiliar presionaría a los estudiantes para terminar de almorzar en lapsos de apenas cinco minutos, retirándoles los platos de la mano bajo la excusa de que el personal debía retirarse. A esto se sumaron quejas sobre la falta de higiene, incluyendo la supuesta obligación de compartir vasos entre los niños, y la denegación de agua potable. Ante estas acusaciones, surgió una fuerte contradicción institucional, ya que algunas docentes presentes negaron rotundamente haber presenciado tocamientos físicos, asegurando que las revisiones se limitaban a preguntas verbales sobre la fruta. Sin embargo, los padres defendieron firmemente la veracidad de los relatos de sus hijos, rechazando cualquier intento de desacreditar la palabra de los menores.

La respuesta de las autoridades ante este escenario fue contundente durante la asamblea. María Goldi, supervisora escolar y representante del Ministerio de Educación, determinó el apartamiento preventivo e inmediato de la auxiliar señalada, María del Carmen Albarracín, hasta que se esclarezcan las responsabilidades. Goldi subrayó que su prioridad absoluta es el resguardo de la seguridad de los niños y que la escuela no puede permitir la presencia de personal bajo sospecha de vulneración de derechos. Por su parte, el asesor legal del municipio, Ricardo Agost, confirmó que ya se ha radicado una denuncia penal ante la fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes, reconociendo que la obligación de los funcionarios públicos es actuar de oficio ante cualquier relato que involucre la posible integridad física o sexual de un menor.

El conflicto también ha tomado un matiz político que generó indignación entre las familias. Los presentes cuestionaron duramente las declaraciones radiales del intendente local, quien habría calificado las denuncias como una «opereta política» dirigida por una exempleada municipal. Los padres negaron cualquier interés partidario, reafirmando que su único objetivo es la protección de sus hijos. La supervisora escolar también se distanció de estas lecturas políticas, señalando que en el ámbito educativo no hay lugar para disputas partidarias y que el sistema escolar es corresponsable de la seguridad de los alumnos durante toda su permanencia en el edificio, incluyendo el horario de comedor gestionado por el municipio.

Finalmente, la reunión concluyó con la formalización de un acta donde se documentaron los compromisos asumidos para mejorar la supervisión del comedor. Entre las medidas acordadas, se estableció que a partir de ahora se exigirán certificados de antecedentes de delitos sexuales y de buena conducta para todo el personal municipal que trabaje en contacto con niños, equiparando los requisitos con los que actualmente cumplen los docentes. Mientras la justicia penal avanza en la recolección de pruebas y posibles testimonios de los menores, la comunidad de Valle Hermoso permanece en estado de alerta, exigiendo garantías reales de que la escuela vuelva a ser un espacio de bienestar y cuidado para todos los estudiantes.