Schiaretti exige la renuncia de Adorni. Cruce por transparencia, causas judiciales archivadas y el silencio ante el femicidio de Agostina Vega. Juan Schiaretti, ahora desde su banca como diputado nacional, ha decidido endurecer su discurso contra la Casa Rosada. Su objetivo principal ha sido Manuel Adorni, a quien exige la renuncia inmediata por presuntas irregularidades patrimoniales. El exmandatario cordobés lidera el bloque Provincias Unidas, posicionándose como una tercera vía que cuestiona el centralismo porteño. Sin embargo, su reciente vehemencia contra el jefe de Gabinete despierta interrogantes sobre su selectiva agenda pública. Schiaretti sostiene que Adorni le «mintió al pueblo argentino» en su declaración jurada de bienes presentada ante el Congreso Nacional. Para el legislador, esta falta de transparencia es inaceptable en un funcionario de tan alto rango jerárquico. Acompañado por su bloque parlamentario, el dirigente cordobés insiste en que el Gobierno nacional no debe sostener la mentira. Su reclamo busca proyectar una imagen de integridad ética desde su nuevo rol de opositor moderado en el Congreso. No obstante, mientras Schiaretti apunta sus cañones hacia Buenos Aires, en su propia provincia el clima social arde. El silencio del exgobernador ante el femicidio de la joven Agostina Vega ha comenzado a generar un ruido político ensordecedor. La adolescente fue víctima de un crimen que salpicó directamente a las estructuras del peronismo cordobés. El principal acusado del caso mantenía vínculos laborales con el empleo municipal, lo que incrementó el costo político para la administración local. Resulta llamativo que quien exige transparencia extrema a nivel nacional, evite pronunciarse sobre un caso que conmociona a sus representados. La oposición no ha tardado en señalar esta actitud como un intento de proteger la imagen del oficialismo provincial. Esta estrategia de «perfil bajo» en temas locales sensibles contrasta con la intensidad de sus críticas parlamentarias. Muchos se preguntan si Schiaretti busca nacionalizar su figura para evitar dar explicaciones sobre la herencia de sus gestiones en Córdoba. Al revisar su historial, el exgobernador ha navegado por aguas judiciales turbulentas durante décadas. Aunque nunca fue condenado, diversas causas por presunta corrupción marcaron sus mandatos y todavía resuenan en la memoria de los denunciantes. Una de las investigaciones más resonantes fue la megacausa de los Gasoductos Troncales, impulsada por legisladores opositores. Se denunciaron supuestos retornos de dinero y sobreprecios en la adjudicación de estas obras de infraestructura civil. La Justicia provincial decidió archivar el expediente al no hallar pruebas suficientes de delitos penales. Tras varias apelaciones, la Corte Suprema de la Nación confirmó el cierre definitivo por cuestiones de índole meramente formal y procesal. Similar destino tuvo la denuncia por contrataciones en la Administración Tributaria (Rentas). Se acusó a la gestión de favorecer a una empresa específica en una licitación, pero los tribunales locales dictaminaron que no existió ilegalidad alguna. En el ámbito de la seguridad, Schiaretti enfrentó duras críticas por el avance del narcotráfico en los barrios cordobeses. La oposición reclamaba mayor intervención provincial, mientras el gobernador delegaba la responsabilidad total al Gobierno Federal. El denominado «Narcoescándalo» fue quizás el golpe más duro para la cúpula policial durante los años del peronismo. Si bien la justicia responsabilizó a los efectivos involucrados, el costo político recayó sobre la falta de control ministerial de la época. Tampoco se puede olvidar la sombra del fraude electoral que denunció Luis Juez en los comicios del año 2007. Aquella elección, que llevó a Schiaretti a su primer mandato, fue cuestionada penalmente por presuntas irregularidades en el recuento. A pesar de los pedidos de apertura total de urnas, la justicia electoral convalidó el triunfo del peronismo. Sin embargo, aquel episodio instaló una duda persistente sobre la transparencia de los procesos electorales bajo su influencia política. Las reformas previsionales fueron otro foco de conflicto social y judicial permanente durante sus mandatos. Los ajustes en el cálculo del 82% móvil para los jubilados provinciales derivaron en amparos y reclamos de inconstitucionalidad masivos. Si bien estas causas no terminaron en responsabilidades penales personales, sí reflejan una gestión marcada por la tensión. Schiaretti hoy se presenta como un paladín de la verdad ante Adorni, ignorando estos antecedentes de su propia trayectoria. La paradoja es evidente: un líder que exige renuncias por inconsistencias patrimoniales ajenas, pero calla ante crímenes locales. La estrategia de Schiaretti parece ser el ataque externo como método de distracción ante las deudas internas. El futuro político del líder del bloque Provincias Unidas dependerá de su capacidad para sostener este doble juego. Mientras tanto, el caso Agostina Vega y su pasado judicial siguen siendo temas pendientes en su agenda de transparencia. Navegación de entradas Los abogados de Barrelier son dueños de boliches a cuadras del antro Wachitas Narcofamilias en Córdoba y el operativo del FPA para desmantelar las redes de drogas
