La tenencia de la tierra en Argentina ha vuelto al centro del debate político tras los intentos del gobierno de Javier Milei por desregular el mercado. Este conflicto pone en tensión dos modelos de país que han marcado la agenda desde el año 2011 hasta la actualidad. En diciembre de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley de Tierras Rurales N° 26.737. El objetivo central fue proteger el suelo como un recurso natural estratégico y no renovable ante la compra masiva de capitales extranjeros. Esta normativa nació en un contexto de crisis financiera global, donde los fondos de inversión buscaban refugio en activos tangibles. El gobierno detectó una aceleración en la «extranjerización» que amenazaba la seguridad alimentaria y el control de los recursos hídricos. La ley estableció un tope del 15% para la titularidad de tierras en manos extranjeras a nivel nacional y provincial. Además, limitó la compra a un máximo de 1.000 hectáreas en las denominadas «zonas núcleo» de producción agropecuaria. La medida contó con un amplio respaldo transversal en el Congreso, obteniendo 62 votos a favor y solo uno en contra en el Senado. Sectores de la oposición y organizaciones agrarias coincidieron en la necesidad de resguardar el patrimonio nacional. Tras la aplicación de la ley, el Registro Nacional de Tierras Rurales determinó, en su momento, que el 5% del territorio nacional estaba en manos extranjeras. Esto representaba aproximadamente 13 millones de hectáreas bajo titularidad de ciudadanos o empresas foráneas. Los datos revelaron que Estados Unidos lideraba la titularidad con 2,7 millones de hectáreas, seguido por inversores de Italia y España. Aunque a nivel provincial se cumplía el cupo, existían 36 departamentos que excededían el límite del 15%. A pesar de las restricciones, durante los gobiernos de Kirchner las ventas continuaron dentro de los cupos permitidos. La mandataria anunció en 2013 que la extranjerización se había estabilizado en un 5,93% del suelo productivo. Sin embargo, el periodo kirchnerista también estuvo marcado por denuncias sobre la adquisición de tierras por parte de funcionarios públicos. Investigaciones judiciales se centraron principalmente en la provincia de Santa Cruz y el entorno presidencial. El caso más emblemático es el de Lázaro Báez, quien acumuló más de 415.000 hectáreas en la Patagonia. Esta superficie equivale a unas 20 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirida mediante maniobras bajo sospecha. En comparación, mientras la extranjerización se mantuvo en un 5% nacional, un solo empresario vinculado al poder concentró una masa de tierra masiva. Esto generó críticas sobre la concentración de recursos en manos de aliados políticos. Además de los latifundios rurales, se investigó la compra de tierras fiscales en El Calafate a «precio vil». Se estima que funcionarios adquirieron parcelas urbanas por apenas $7,50 el metro cuadrado, obteniendo luego réditos millonarios. El proceso de recuperación de estas tierras ha sido complejo y está bajo la órbita de la Justicia Federal. Hasta el momento, se ha ordenado el decomiso de 111 propiedades vinculadas a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. Algunas propiedades, como la estancia «El Entrevero» en Uruguay, fueron rematadas con éxito por 10,8 millones de dólares. No obstante, otros grandes campos en Santa Cruz han quedado desiertos en las subastas por falta de oferentes. Con la llegada de Javier Milei, la visión sobre la propiedad de la tierra cambió radicalmente hacia la liberalización total. El actual mandatario busca derogar la ley de 2011 mediante el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada«. El argumento de Milei es que las restricciones actuales funcionan como un «cepo» que ahuyenta inversiones millonarias. Para el oficialismo, la ley de tierras discrimina arbitrariamente a los inversores según su nacionalidad. Los planes del actual gobierno contemplan atraer unos 15.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Se espera que esta apertura dinamice los sectores industrial, forestal y agropecuario en regiones como la Patagonia y Cuyo. Entre los efectos positivos proyectados se encuentra una mayor recaudación fiscal por impuestos patrimoniales y derechos de exportación. Además, el Estado busca valorizar sus propias tierras fiscales mediante futuras licitaciones o ventas. Por el contrario, los críticos advierten sobre efectos negativos como la pérdida de control sobre recursos hídricos y fronteras. El temor reside en que la eliminación de topes facilite la concentración de tierras en detrimento de los productores locales. Actualmente, la derogación intentada por el DNU 70/2023 se encuentra frenada por la justicia, manteniendo vigente la ley de 2011. El futuro de la soberanía territorial se definirá próximamente en el Congreso de la Nación el 6 de agosto de 2026. Navegación de entradas Un rabino judío compró la localidad de Valle Hermoso, con la gente incluida, sus casas y sus recursos De Tigre a las trincheras: cae red que mandaba argentinos a la guerra de Ucrania a cambio de tres mil dólares
