El ocaso del «Abogado del Diablo»: La estrepitosa caída de Ricardo Moreno

La carrera política y judicial de Ricardo Moreno, el influyente abogado penalista y dirigente peronista de Córdoba, ha alcanzado un punto de no retorno tras su forzada renuncia al Concejo Deliberante.

La carrera política y judicial de Ricardo Moreno, el influyente abogado penalista y dirigente peronista de Córdoba, ha alcanzado un punto de no retorno tras su forzada renuncia al Concejo Deliberante. El pasado martes, el intendente Daniel Passerini le comunicó que no continuaría en su cargo como concejal, una decisión precipitada por la detención de Claudio Barrelier y los vínculos políticos que mantenían. La caída fue tan inmediata que los operarios del Concejo Deliberante retiraron su identificación de la oficina y la desecharon, marcando el fin de una era para un hombre que solía jactarse de no haber perdido nunca un caso, comparándose con el personaje de «El abogado del diablo». Este alejamiento se formalizó el jueves 4, en una fecha simbólica para el peronismo, cuando el partido decidió retirarle el apoyo de manera definitiva.

Los inicios de Moreno en la vida pública se remontan a mediados de la década de 1980, durante el auge de la Unión Cívica Radical en Córdoba. En aquel entonces, Moreno se desempeñaba como un militante de base bajo las órdenes de Marcelino Pérez, quien controlaba la seccional 10ª del PJ. Durante ese periodo formativo, compartió militancia con figuras que luego ocuparían cargos de altísima relevancia, como Carlos Lezcano, el actual fiscal General de la Provincia. Estos vínculos tempranos en la estructura territorial del peronismo cordobés sentaron las bases para una trayectoria donde la política y el ejercicio del derecho penal se entrelazarían constantemente a lo largo de las décadas.

En 1988, Moreno demostró su capacidad para apostar por los sectores ganadores al alinearse con Carlos Menem en la interna presidencial frente a Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota. Tras la victoria de Menem, se integró a la línea «Federalismo y Liberación» liderada por Leonor Alarcia, la delegada del menemismo en la provincia. Paralelamente a su ascenso político, Moreno consolidó su fama como uno de los principales abogados «sacapresos» de la ciudad, utilizando casos de alta exposición mediática para ganar notoriedad y «publicidad» personal. Su estilo agresivo y sus conexiones lo convirtieron rápidamente en un actor ineludible tanto en los tribunales como en los pasillos de las unidades básicas.

La estructura política de Moreno se nutrió históricamente de un sector particular: exconvictos y familiares de personas con problemas legales a quienes él había defendido. Según fuentes del ámbito político, su «tropa» era una extensión de su labor como defensor penal, integrando a estas personas a la administración pública como una forma de pago por sus servicios legales. Esta dinámica era un secreto a voces dentro del peronismo cordobés, donde se aceptaba que el abogado construía su base de poder a través de este submundo. Bajo esta metodología, Moreno accedió a su primera concejalía en 1991 y posteriormente a una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia en 1995, integrando las listas menemistas de la época.

Uno de los hitos más controvertidos de su paso por la legislatura provincial ocurrió en diciembre de 1997, cuando votó a favor de la creación de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado. Este movimiento permitió la habilitación de las máquinas tragamonedas (slots), transformando radicalmente la estructura del juego de azar en la provincia por los siguientes 25 años. Para ese momento, Moreno ya había abandonado el sector de Alarcia para orbitar cerca de Juan Schiaretti, participando en internas partidarias donde, a pesar de las derrotas iniciales, lograba mantener su relevancia mediante un marcado pragmatismo político. Su capacidad para cambiar de bando y adaptarse a las nuevas conducciones fue una constante en su carrera.

La relación de Moreno con el Poder Judicial fue siempre estrecha y motivo de observación, especialmente por su vínculo con Carlos Lezcano. Cuando Lezcano fue nombrado juez de Control en 2003, los antiguos compañeros de militancia se encontraron frecuentemente en los expedientes judiciales: uno como magistrado y el otro como abogado defensor. Moreno también intervino en casos de alto perfil que involucraban a sus propios mentores, como la defensa de Marcelino Pérez en 2002, quien fue detenido mientras solicitaba una coima. A pesar de los esfuerzos de Moreno por presentar el dinero incautado como una «colaboración voluntaria», Pérez terminó en prisión, aunque la carrera del abogado no sufrió daños significativos por el resultado.

En el ámbito de la justicia federal, Moreno también tejió redes de influencia considerables, llegando a ser designado como «conjuez» de la Cámara Federal de Apelaciones en 2014. Su cercanía con figuras de la magistratura quedó en evidencia tras su defensa de Liliana Navarro, actual camarista federal, en una causa por amenazas en 2013 de la cual fue sobreseída. El vínculo entre ambos era tan público que celebraron con un abrazo el ascenso de Navarro a la Cámara Federal. Estas conexiones permitieron que Moreno se posicionara como una pieza clave para el kirchnerismo en Córdoba durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, actuando bajo la tutela de figuras como Ricardo Jaime y Julio De Vido.

Durante su etapa como referente del Frente para la Victoria, Moreno desempeñó roles operativos de gran importancia, incluyendo su labor como interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Lideró movilizaciones a favor de la Resolución 125, gestionó programas nacionales como «Carne para Todos» e integró listas de candidatos a diputados nacionales en 2011. Asimismo, utilizó su estructura para apuntalar candidaturas como la de Carolina Scotto en 2015. Su poder se extendió también al ámbito gremial, donde impulsó a Mauricio Saillén en el Surrbac y mantuvo una alianza estratégica con Sergio Fittipaldi del Soelsac, poniendo a las 62 Organizaciones Peronistas al servicio de la estructura de Alejandra Vigo.

El capítulo final de su larga trayectoria comenzó en 2019, cuando fue designado asesor de gabinete por Juan Schiaretti, lo que le permitió acceder nuevamente a la lista de concejales en 2023. Aunque ocupaba el puesto 22°, terminó asumiendo la banca que hoy se ve obligado a abandonar en medio del escándalo. Moreno, un hombre que «fue usado por todos y usó a todos», enfrenta ahora el aislamiento político tras una vida dedicada a navegar los límites entre la justicia y el poder partidario. Su renuncia marca el derrumbe de un andamiaje construido durante cuatro décadas de pragmatismo extremo en el corazón del peronismo de la Capital.