El Concejo Deliberante de La Falda aprobó por unanimidad una ordenanza que impone fuertes restricciones a las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia. A partir de esta normativa, quienes se encuentren en esa situación no podrán acceder a licencias ni habilitaciones municipales, ser proveedores del Estado local ni asumir cargos públicos dentro de la administración. La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista y acompañada por la totalidad de los concejales de la oposición, fue sancionada en la sesión de este miércoles y establece un mecanismo de control obligatorio previo a cualquier trámite o designación. En ese sentido, la Municipalidad deberá exigir y verificar el Certificado de Libre Deuda Alimentaria ante el Registro provincial antes de otorgar permisos, firmar contratos o realizar nombramientos. La ordenanza es clara en sus alcances: en caso de comprobarse que una persona figura como deudora alimentaria, el municipio deberá rechazar automáticamente cualquier solicitud o trámite presentado. Además, no podrá concretar ni renovar contrataciones de bienes y servicios con dichas personas, ni otorgarles subsidios, beneficios sociales o cargos dentro del Estado municipal. El alcance de la medida es amplio. Abarca a quienes gestionen licencias, permisos, habilitaciones o concesiones; a proveedores actuales o potenciales del municipio; a solicitantes de programas sociales; a personas que pretendan realizar cambios de titularidad en actividades comerciales o industriales; y a postulantes a funciones públicas. El proyecto se sustenta en la Ley Provincial 8892, que creó en Córdoba el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, organismo que depende de la Secretaría de Justicia y es administrado por el Registro Civil de la Provincia. Este registro identifica a quienes adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de asistencia alimentaria, sin necesidad de que exista una instancia de ejecución judicial, y emite certificados a pedido de personas u organismos con interés legítimo. Asimismo, la base de datos incluye información sobre trabajadores de la administración pública provincial, municipal y de entes vinculados al Estado, lo que permite un control más exhaustivo en distintos niveles de gestión. En los fundamentos de la ordenanza, el municipio también hace referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad parental y define como un deber esencial de los progenitores garantizar la protección, el desarrollo y la formación integral de sus hijos mientras sean menores de edad y no estén emancipados. En ese marco, la normativa local reconoce que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica, considerada una de las manifestaciones más invisibles dentro del ámbito familiar y de género. Por ello, el texto aprobado subraya la necesidad de fortalecer las herramientas legales disponibles para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de conductas. Con esta medida, La Falda se suma a otras localidades que avanzan en políticas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias, reforzando el compromiso institucional con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Navegación de entradas Gobierno de Córdoba implementa medida para reducir costos productivos en el sector agropecuario Huerta Grande y La Falda: avances en la investigación por venta de estupefacientes y presencia activa de la FPA en la región
