El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha consolidado un acercamiento pragmático con la administración nacional de Javier Milei, marcando un giro profundo en su estrategia política. Este pacto busca garantizar la gobernabilidad y destrabar el auxilio financiero que la provincia requiere para afrontar sus compromisos más urgentes. La relación se basa en un esquema de beneficio mutuo donde el diálogo institucional prevalece sobre las diferencias ideológicas previas. Como resultado de estas gestiones, Córdoba ha recibido un alivio financiero inmediato a través de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones. Estos fondos, autorizados mediante el Decreto 584/2026, funcionan como un préstamo con una tasa del 15% anual para cubrir problemas transitorios de liquidez. Además, la Casa Rosada envió $5.000 millones adicionales bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que no requieren devolución. El acuerdo también contempla el refuerzo de la Caja de Jubilaciones provincial con un desembolso de $20.000 millones, duplicando los envíos mensuales que realiza la Anses. La mediación de las jefaturas de gabinete permitió agilizar el cobro de deudas históricas relacionadas con el Consenso Fiscal y fondos previsionales adeudados. Asimismo, se avanzó en el traspaso de la Ruta Nacional 19 a la órbita de Córdoba para garantizar la finalización de las obras de infraestructura. Para operativizar esta alianza, ambos gobiernos diseñaron estrategias de gabinete simétricas mediante la designación de nuevos jefes de ministros. Javier Milei nombró a Diego Santilli a nivel nacional, mientras que Llaryora ascendió a Manuel Calvo al mismo cargo para actuar como su homólogo provincial. Esta «mesa de negociación simétrica» busca centralizar la coordinación horizontal de las políticas públicas y las demandas provinciales. Manuel Calvo se ha consolidado como el «superministro» de Llaryora, teniendo bajo su órbita áreas estratégicas como la Secretaría General de la Gobernación y la de Hábitat. Su rol principal es ser el interlocutor exclusivo ante la Casa Rosada para gestionar deudas estructurales y apoyo parlamentario. Con esta estructura, el gobernador busca blindar políticamente su gestión interna mientras negocia fondos vitales en Buenos Aires. El vínculo entre Calvo y Santilli no es nuevo, ya que ambos mantenían un canal de comunicación previo forjado en reuniones reservadas en la Capital Federal. Estas conversaciones secretas durante meses facilitaron que, una vez formalizados sus cargos, se lograra el envío inmediato de fondos clave para la provincia. La sintonía política entre ambos funcionarios es el motor que permite coordinar el apoyo de legisladores cordobeses a las reformas nacionales. Sin embargo, esta alianza se ve empañada por denuncias judiciales que pesan sobre ambos protagonistas, como las acusaciones contra Manuel Calvo por negociaciones incompatibles. La oposición cordobesa lo señala por el presunto direccionamiento de obra pública hacia una constructora propiedad de un amigo de su infancia. Además, enfrenta pedidos de investigación por enriquecimiento ilícito vinculados a la evolución de su patrimonio personal. Por su parte, el jefe de gabinete nacional, Diego Santilli, también arrastra cuestionamientos por su vinculación con sociedades en paraísos fiscales reveladas en los Pandora Papers. Se le atribuye la participación en un entramado de 14 sociedades offshore, lo que genera sospechas de evasión fiscal e inconsistencias patrimoniales. Asimismo, ha recibido denuncias por supuestos retornos de proveedores del Estado y financiamiento bajo sospecha. El giro político de Llaryora ha provocado duras críticas desde sectores peronistas y de la oposición, que califican el pacto como una «claudicación ideológica». Sectores kirchneristas denuncian una traición por el apoyo de diputados cordobeses a las leyes libertarias a cambio de recursos financieros. La oposición local cuestiona el estado real de las cuentas públicas y considera que el gobernador se ha «vendido» al oficialismo nacional. Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, la estrategia se define bajo la premisa de una «coexistencia pragmática» para garantizar las respectivas reelecciones. Mientras el gobierno nacional busca consolidar su programa económico con apoyo legislativo, Córdoba intenta fortalecerse de cara a su propia competencia electoral. Calvo actúa como el arquitecto de este proyecto, buscando garantizar la continuidad del «cordobesismo» frente al avance de La Libertad Avanza. Navegación de entradas Rating de transparencia en punilla: un atentado de los municipios al derecho a la información Un rabino judío compró la localidad de Valle Hermoso, con la gente incluida, sus casas y sus recursos
