Caso Tomás Orihuela en Córdoba: muerte en custodia, chats y detención ilegal. Una nueva versión de podcast sobre bandas criminales. Seis policías imputados. El caso de Tomás Orihuela ha desatado una crisis profunda en la Policía de Córdoba tras su muerte en la Comisaría 6ª de barrio General Paz. Lo que inicialmente se reportó como un presunto suicidio bajo custodia estatal, hoy es investigado como un grave entramado de abuso de autoridad y corrupción. El joven de 19 años falleció el pasado abril, dejando al descubierto una serie de irregularidades en los procedimientos de detención que han escandalizado a la opinión pública provincial. La investigación liderada por el fiscal Andrés Godoy sostiene que la detención de Orihuela fue completamente ilegal desde su origen técnico. El joven contaba con un certificado judicial que acreditaba que no tenía causas pendientes tras haber cumplido una condena en un juicio abreviado previo. Pese a presentar la documentación física, los efectivos ignoraron la evidencia legal para proceder con un arresto basado en registros informáticos que se encontraban totalmente obsoletos. El calvario de Tomás comenzó el jueves 23 de abril, cuando fue arrestado por primera vez debido a pedidos de captura que figuraban erróneamente activos en el sistema. Aunque fue liberado el viernes a la madrugada tras verificarse el error, efectivos del Comando de Acción Preventiva volvieron a interceptarlo el sábado. Esta segunda detención ocurrió a pesar de que la Justicia ya había emitido un oficio urgente para actualizar la base de datos de la propia fuerza policial. Una de las pruebas más contundentes en la causa surge de un grupo de WhatsApp integrado por más de 60 policías de la mencionada dependencia. Los mensajes peritados revelan que los agentes involucrados tenían plena consciencia de que la captura de Orihuela no estaba vigente al momento de su traslado. Lejos de subsanar el error, las conversaciones muestran una intención deliberada de sostener el procedimiento irregular a cualquier costo para no admitir la falla. En el intercambio de mensajes, los efectivos debatieron abiertamente la posibilidad de «armarle» una causa penal para justificar el arresto ilegal ante sus superiores. Surgieron sugerencias explícitas para imputarle resistencia a la autoridad o amenazas, buscando así una cobertura legal ante la inexistencia de pedidos de captura reales. Esta maniobra de falsedad ideológica agrava significativamente la situación procesal de los seis agentes que hoy se encuentran imputados por la fiscalía. El trato hacia el joven detenido incluyó burlas sistemáticas, fotografías de él esposado en el patrullero y el uso de stickers irónicos entre los miembros del grupo. Tras confirmarse su fallecimiento en la celda, se dio una orden interna para borrar todos los chats y abandonar el grupo de forma masiva. Un comisario está bajo sospecha por haber facilitado su teléfono personal para intentar destruir esta evidencia crucial que demuestra el asedio previo al deceso. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minnesota determinó que la causa eficiente de la muerte fue asfixia por ahorcamiento, sin lesiones compatibles con golpizas. No obstante, la querella representada por la abogada Marta Rizzotti no descarta la hipótesis de un suicidio inducido o un hostigamiento fatal dentro de la celda. La familia sostiene con firmeza que el Estado falló en su deber primordial de garantizar la integridad física de una persona bajo su custodia. Hasta el momento, seis efectivos afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La oficial Antonella Romero es la única que permanece bajo arresto formal, aunque bajo la modalidad domiciliaria por tener un hijo pequeño a su cargo. El resto de los agentes involucrados han sido pasados a situación pasiva mientras continúa el avance de la instrucción judicial externa. La hipótesis de una persecución personal cobra fuerza debido a incidentes previos entre Orihuela y policías que patrullaban el sector de barrio Bajo Pueyrredón. Se investiga un altercado particular con la oficial Romero, lo que habría motivado un ensañamiento específico contra el joven en los días previos a su muerte. Los audios aportados por su hermana confirman que Tomás sentía un terror profundo y sistémico hacia las guardias de esa comisaría. En medio del clamor por justicia, surgió una versión en un podcast de tendencia libertaria que intentó vincular a la víctima con peligrosas bandas criminales de la ciudad. Basados en el testimonio anónimo de «informantes» afirmaron que Orihuela temía regresar a la cárcel de Bouwer por presuntos abusos sufridos anteriormente y no por el asedio policial. Sin embargo, no existe constancia judicial alguna que lo vincule con el crimen organizado o con asesinatos, como se sugirió irresponsablemente en ese espacio. Los antecedentes reales de Tomás se limitaban a una causa por robo de celulares y estafas menores, situación legal que ya había sido resuelta y saldada totalmente. La defensa denuncia que estas versiones mediáticas forman parte de una campaña de desprestigio para desviar el eje de la violencia institucional cometida por la fuerza. Para los investigadores, el verdadero conflicto radicaba en los choques vecinales y el encono personal de los efectivos que patrullaban su barrio. Finalmente, el caso expuso una falla crítica en la interoperabilidad entre el Poder Judicial y los sistemas informáticos que utiliza la Policía de Córdoba diariamente. El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, admitió que el desfasaje técnico provocó que órdenes caducas aparecieran como vigentes durante más de 48 horas adicionales. Esta negligencia tecnológica, sumada al dolo policial detectado en los chats, resultó en una tragedia que hoy mantiene a la sociedad en vilo. Navegación de entradas A meses del horror: el pedido de justicia para Negro y Rubio sigue más vivo que nunca
