Escándalo en Deán Funes: investigan a un detenido en Sierra Chica por el uso indebido de internet para contactar a terceros. Conocé los detalles del caso. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, bajo la conducción de la doctora Analía Cepede, destapó un grave escándalo penitenciario al confirmar que el principal acusado de liderar una red de grooming continuaba operando desde su celda. Las autoridades judiciales comprobaron que el detenido mantenía acceso ininterrumpido a internet, lo que motivó un pedido urgente de traslado a otro centro de detención. El imputado es un hombre de 29 años con antecedentes por delitos contra la integridad sexual, quien ya cumplía una condena en la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica. A pesar del régimen de reclusión, el sujeto lograba eludir los controles internos mediante el uso de teléfonos celulares y conectividad digital inalámbrica dentro del establecimiento. La investigación penal preparatoria se inició a finales de febrero tras acumularse una serie de denuncias en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, el expediente judicial registra al menos 13 víctimas confirmadas, todas ellas adolescentes de entre 14 y 16 años residentes de la localidad de Deán Funes. El modus operandi de la organización criminal se basaba en el despliegue de perfiles falsos en plataformas como Instagram, utilizando cuentas previamente hackeadas. El captor simulaba representar a prestigiosas marcas y tiendas de indumentaria comercial para atraer la atención de las menores de edad mediante engaños dirigidos. El principal anzuelo consistía en falsas ofertas laborales destinadas al modelaje para supuestos catálogos empresariales. El detenido prometía remuneraciones económicas que alcanzaban los 80.000 pesos, una cifra atractiva que facilitaba la manipulación de las jóvenes vulnerables. Para dar mayor credibilidad a la farsa y evitar sospechas, el interno contaba con el apoyo logístico de colaboradoras externas en el exterior de la cárcel. Una joven de 23 años fue detenida por la policía de la provincia y trasladada al complejo de Bouwer bajo la sospecha de actuar como coautora del entramado digital. Una vez que el agresor obtenía material privado de las adolescentes, cambiaba drásticamente su actitud e iniciaba la fase de extorsión. El delincuente exigía las contraseñas personales de las redes sociales de las víctimas para hackear sus cuentas y profundizar el control psicológico. Bajo amenazas de difundir el material sensible o dañar físicamente a sus familiares, el detenido forzaba a las menores a realizar transferencias de dinero. En las instancias más severas del ciberacoso, las exigencias coercitivas derivaron en la producción de contenido audiovisual de carácter abusivo. El reciente hallazgo de dispositivos con señal de Wi-Fi en el calabozo del procesado encendió las alarmas de los funcionarios de la novena circunscripción judicial. La fiscalía interviniente calificó el hecho como un riesgo procesal extremo que amenazaba directamente la seguridad de las damnificadas del norte cordobés. La causa penal permanece caratulada bajo los delitos de grooming y abuso sexual en perjuicio de menores. Se espera que el inminente traslado del recluso a una nueva unidad penitenciaria logre interrumpir definitivamente su capacidad de comunicación con el exterior. Navegación de entradas La policía les pegó, los metieron presos en Bouwer y ahora los amenazan de muerte A meses del horror: el pedido de justicia para Negro y Rubio sigue más vivo que nunca
