El femicidio de Agostina Vega ha destapado una serie de horrores ocultos en una vivienda de la calle Juan del Campillo, en el barrio cordobés de Cofico, revelando que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, ya contaba con antecedentes estremecedores que la justicia ignoró por años. La reciente aparición de una mujer que asegura haber sido víctima de una violación grupal hace una década en ese mismo domicilio ha puesto en el centro del debate la impunidad que rodeó al imputado durante todo este tiempo. Este nuevo testimonio, que busca incorporarse a la causa actual, describe una «casa del terror» donde la violencia contra menores parece haber sido una constante permitida por la inacción judicial. La denuncia que ahora sale a la luz relata un episodio ocurrido hace diez años, cuando la víctima era apenas una niña de 12 años. Según su declaración, fue captada por Barrelier y trasladada a la vivienda de barrio Cofico, donde fue sometida a un abuso sexual «en manada» perpetrado por un grupo de hombres. El relato es particularmente oscuro al señalar que los cómplices de Barrelier estarían presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto, lo que sugiere una estructura de poder y complicidad que habría facilitado el ataque y el posterior silenciamiento del caso en su momento. Lo más indignante de este caso es que, a pesar de la gravedad del hecho, la justicia cordobesa no tomó medidas efectivas cuando la víctima tuvo el valor de denunciar. La menor radicó la denuncia formal tras ser liberada, pero la investigación quedó completamente paralizada sin arrojar resultados ni responsables. De acuerdo con lo revelado por periodistas especializados, los agresores soltaron a la niña con una indiferencia absoluta, como si no temieran ninguna consecuencia legal por sus actos, lo cual se confirmó cuando la causa terminó en la nada. Esa impunidad histórica es la que hoy se cuestiona con dureza, ya que de haberse actuado a tiempo, se podrían haber evitado tragedias posteriores. El testimonio de esta mujer resurgió recientemente cuando identificó el rostro de Claudio Barrelier en la televisión, tras la masiva difusión del caso de Agostina Vega. Movilizada por el dolor de la familia de la adolescente de 14 años y con la intención de evitar que otras jóvenes pasen por lo mismo, la denunciante contactó a los abogados que representan al padre de Agostina. Su relato no es el único que ha surgido en estos días, ya que al menos otras dos mujeres se han acercado con denuncias similares sobre abusos ocurridos en la misma propiedad, lo que refuerza la hipótesis de un patrón delictivo sostenido en el tiempo y amparado por el silencio. La inacción estatal no se limitó únicamente a aquella denuncia de hace una década, sino que parece haber sido una constante en la vida delictiva de Barrelier. En mayo de 2025, el acusado fue denunciado por otra joven por privación ilegítima de la libertad tras haberla mantenido cautiva en la misma vivienda, amenazándola con armas y obligándola a desnudarse. Aunque en esa ocasión el hombre pasó 20 días en la cárcel de Bouwer, recuperó su libertad bajo fianza y continuó viviendo en el mismo lugar donde, apenas un año después, Agostina Vega entraría antes de su desaparición y posterior muerte. La sensación de desprotección es absoluta al considerar que el imputado incluso se desempeñó como becario en la Municipalidad de Córdoba mientras acumulaba denuncias por violencia doméstica, amenazas y delitos contra la propiedad. La cadena de negligencias permitió que un hombre con un perfil violento y antecedentes de abusos grupales permaneciera en libertad, operando en una propiedad que hoy es señalada por múltiples víctimas como un centro de vejaciones sistemáticas. Los testimonios que ahora se suman a la causa exponen cómo el sistema falló repetidamente en proteger a las niñas y mujeres, permitiendo que Barrelier siguiera actuando a pesar de las alertas previas. Actualmente, los abogados de la familia Vega trabajan intensamente para que estos relatos del pasado sean validados e incorporados formalmente al expediente del femicidio, buscando que la justicia finalmente contemple la peligrosidad real y el historial del acusado. La mujer que fue abusada a los 12 años cerró su declaración con un pedido desesperado y contundente: «Por favor, no tiene que volver a pasar», una frase que resuena con fuerza en una sociedad que exige respuestas ante una década de silencio y negligencia judicial que costó vidas. El caso de Agostina Vega no solo busca justicia para su propia muerte, sino que ha abierto una puerta necesaria para que el pasado de horror en la calle Juan del Campillo deje de estar en la sombra de la impunidad. Navegación de entradas El ocaso del «Abogado del Diablo»: La estrepitosa caída de Ricardo Moreno Crimen, manipulación y teatro psicológico: las sombras tras el caso Agostina