El padrino político de Barrelier: cómo llegó al Estado el principal acusado por el crimen de Agostina

La trama que rodea al concejal Ricardo Moreno y su vinculación con el principal sospechoso del femicidio de Agostina revela un entramado de patronazgo político, contradicciones éticas y un uso estratégico de la ley que pone en jaque la transparencia institucional de Córdoba.

La trama que rodea al concejal Ricardo Moreno y su vinculación con el principal sospechoso del femicidio de Agostina revela un entramado de patronazgo político, contradicciones éticas y un uso estratégico de la ley que pone en jaque la transparencia institucional de Córdoba. En una extensa entrevista con La Voz, Moreno intentó deslindar responsabilidades sobre el ingreso de Barrelier a la Municipalidad en 2021, calificando el hecho como un «favor» a un gremio de delivery para alguien que supuestamente no conocía en profundidad. Sin embargo, esta versión inicial se desmorona bajo el peso de sus propias admisiones posteriores, donde reconoce que el acusado no solo era un «militante activo de la seccional séptima» bajo su órbita política, sino que además lideraba un sector de trabajadores que respondía a su estructura y solía fotografiarse con él y otros funcionarios en actos oficiales. Esta inconsistencia inicial plantea una duda razonable sobre la profundidad del vínculo real entre el «padrino» político y el «puntero» barrial, exponiendo un sistema de «conchavo» donde la idoneidad es reemplazada por la lealtad militante.

Uno de los puntos más débiles de la defensa de Moreno radica en su rol dual como abogado penalista y funcionario público, una dualidad que utilizó para justificar su silencio ante la peligrosidad de Barrelier. El concejal admitió que en 2023 ejerció la defensa técnica del imputado cuando este permaneció 20 días detenido por privación ilegítima de la libertad contra una ex pareja y su estudio pagó la suma de $5.000.000 para la fianza de Barrelier. Ante el interrogante de por qué no alertó al municipio sobre los antecedentes violentos de un empleado que él mismo había recomendado, Moreno se amparó repetidamente en el «secreto profesional», una coartada técnica que colisiona frontalmente con su deber ético como representante del pueblo. Al mismo tiempo, intentó transferir la responsabilidad total al área de Recursos Humanos de la Municipalidad, cuestionando la «pasividad» del sistema por no haber detectado una inasistencia de tres semanas por estar en prisión, a pesar de que él, con pleno conocimiento de la situación, optó por no intervenir institucionalmente.

La trayectoria profesional de Moreno, lejos de ser la de un abogado de a pie, está marcada por la defensa de figuras criminales y sindicales de altísimo perfil mediático y peligrosidad. A través de su estudio jurídico, Ricardo Moreno & Asociados, ha representado a personajes como el «Gordo» Valor y Martín Luzi, íconos del asalto a blindados y secuestros en Argentina, con quienes ha manifestado mantener una relación cordial. Su historial incluye la defensa de los líderes del SURRBAC, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, en causas por lavado de dinero, así como la representación del activista Ezequiel Guazzora, condenado por abuso sexual de una menor, y de jefes de la barra brava de Talleres e Instituto. También ha intervenido en casos de gran impacto social como el encubrimiento del crimen de Blas Correas y el fraude piramidal de Adhemar Capital. Este currículum pone en perspectiva su repentina decisión de abandonar la defensa de Barrelier en el caso Agostina, alegando una supuesta «animaversión» y calificándolo de «monstruo» y «alimaña humana», una postura que parece más una maniobra de control de daños políticos que una objeción de conciencia profesional, dado que su carrera se ha cimentado precisamente en la defensa técnica de individuos acusados de delitos igualmente aberrantes.

El escándalo del audio viralizado, donde Moreno se refiere a la causa previa de Barrelier como un «moco», fue otro de los frentes que el concejal intentó cerrar con explicaciones poco convincentes. Moreno calificó el registro como «apócrifo», «trucho» y fruto de la «delincuencia cibernética», vinculando su difusión a una supuesta persecución política orquestada por el entorno del diputado Rodrigo de Loredo para forzar su expulsión del Concejo Deliberante. Aunque aclaró que la expresión se refería a un hecho del año pasado y no al femicidio actual, el uso de un lenguaje tan coloquial para describir una privación de la libertad donde una mujer debió escapar semidesnuda de su captor, refuerza la imagen de un dirigente que naturaliza la violencia de sus protegidos. En lugar de ofrecer una pericia que demostrara la falsedad del audio, Moreno optó por el contraataque político, tildando de «carancheo» el pedido de sanciones en su contra y desviando la atención hacia las falencias de la oposición.

Finalmente, la visión política de Moreno se muestra como una pieza de un engranaje tradicional que choca con los nuevos vientos electorales, a los cuales observa con desconcierto. Al ser consultado sobre el impacto que este escándalo podría tener en la ciudadanía, se refirió al presidente Javier Milei como un «loco» y «descerebrado» que gobierna con una «motosierra», atribuyendo su alta imagen positiva a una cuestión sociológica que no termina de comprender. Paradójicamente, Moreno defiende el sistema de ingresos discrecionales al Estado alegando la «crisis» y la «necesidad» de la gente, admitiendo que en la última década gestionó el ingreso de unas 15 personas al municipio mediante el «conchavo» político. Esta defensa de lo que él llama un «mal del sistema» evidencia la desconexión entre una vieja forma de hacer política basada en el favor personal y una sociedad que, como él mismo nota, rechaza cada vez más la falta de idoneidad y el privilegio en el acceso a la función pública.