Polémica en Valle Hermoso: hicieron un «cacheo» a niños del PAICOR en la escuela Zevallos

Un fuerte reclamo de padres y madres sacude por estas horas a la comunidad educativa de la escuela Capitán Juan de Zevallos, en Valle Hermoso, tras la denuncia de presuntos controles físicos a estudiantes a la salida del comedor escolar.

La situación, que generó indignación y preocupación, derivó en la presentación de una nota formal dirigida al intendente Daniel Spadoni y a las autoridades del establecimiento, en la que se solicita una intervención urgente ante lo que califican como hechos de extrema gravedad.

Según relataron familias de alumnos, el episodio habría ocurrido el pasado miércoles 15 de abril, cuando una mujer identificada como María Albarracín —señalada como supervisora del programa PAICOR y oriunda de la localidad vecina de Villa Giardino— se presentó en la institución con el objetivo de controlar el funcionamiento del servicio alimentario.

De acuerdo a los testimonios, la mujer habría realizado controles físicos a estudiantes de 4°, 5° y 6° grado al momento de retirarse del comedor, palpándolos para verificar si llevaban comida o frutas fuera del establecimiento. La denuncia generó un fuerte rechazo entre las familias, quienes consideran que este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales de niños y niñas, particularmente su integridad física, dignidad e intimidad.

En la nota presentada, los padres sostienen que ningún procedimiento administrativo ni control alimentario habilita el contacto físico con menores en esas condiciones, menos aún sin consentimiento ni comunicación previa a las familias.

El malestar se profundizó ante la falta de respuestas claras por parte de las distintas instituciones involucradas. Según indicaron, desde la escuela habrían intentado desligarse de la situación, argumentando que se trataría de decisiones externas vinculadas al programa PAICOR. Sin embargo, al momento de los reclamos, directivos del establecimiento habrían justificado la implementación de estos controles señalando que algunos estudiantes se llevaban frutas del comedor y luego arrojaban las cáscaras en los baños, generando obstrucciones en los desagües.

Por su parte, las familias también manifestaron haber tomado contacto con autoridades provinciales del PAICOR, aunque aseguran que desde ese organismo les habrían respondido que no tienen injerencia directa en lo ocurrido, lo que incrementó aún más la incertidumbre sobre responsabilidades y controles.

En paralelo, los padres pusieron el foco en cambios en la dinámica del programa alimentario. Recordaron que años atrás, cuando sobraba comida, se organizaban viandas para que los estudiantes pudieran llevar a sus hogares. Según afirman, esa práctica ya no se realiza, y en la actualidad los excedentes son descartados. Este punto del presunto exceso de descartes, generó críticas adicionales, ya que muchas familias consideran contradictorio que se impida a los niños llevar alimentos —que, según señalan, ya están contemplados dentro del presupuesto asignado por alumno— mientras esos mismos alimentos son desechados o derivados a otros destinos. Por lo general, todos esos restos que se tiran a la basura, son rescatados por proteccionistas que los reutilizan para alimentar a los animales.

Además, algunas madres cuestionaron que personal vinculado al comedor también retiraría restos de comida, lo que consideran injusto frente a la restricción impuesta a los estudiantes. En ese sentido, remarcan que cada ración está financiada con fondos públicos destinados específicamente a cada niño, por lo que entienden que los alimentos forman parte de un derecho adquirido.

La situación derivó en una convocatoria abierta a la comunidad. Padres y madres autoconvocados anunciaron que este sábado a las 17 horas se reunirán en la plaza de Valle Hermoso para exigir respuestas concretas tanto del municipio como de las autoridades educativas. Entre los pedidos centrales figuran la identificación de los responsables, la aclaración de los protocolos aplicados y la garantía de que no se repetirán prácticas que consideren vulneratorias.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que esclarezca lo ocurrido ni que determine responsabilidades. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en la comunidad, en un contexto donde se reclama mayor transparencia en la gestión de los programas alimentarios escolares y el respeto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito educativo.