Un conflicto de alto voltaje vecinal sacude por estas horas a Villa Santa Cruz del Lago, donde residentes del barrio Lago Azul denuncian la existencia de una “aduana paralela” montada por un grupo de particulares que, bajo la figura de asociación civil, intenta imponer reglas propias en un espacio que, según sostienen, es de carácter público y abierto.

La situación, que comenzó como un reclamo aislado, escaló rápidamente hasta convertirse en un escándalo que pone en discusión derechos fundamentales, legalidad y convivencia comunitaria.

De acuerdo a los testimonios recogidos, una organización que se presenta como “centro vecinal” comenzó a implementar un sistema de control de accesos que, en la práctica, funciona como el de un barrio cerrado o country privado. Sin embargo, Lago Azul no cuenta con esa categoría ni con habilitación municipal para restringir el tránsito.

A pesar de ello, se habrían instalado mecanismos de control en los ingresos principales, donde se exige a los vecinos el pago de una suma de 50.000 pesos bajo el concepto de “seguridad y mantenimiento”, además de la entrega de datos biométricos como huellas digitales o reconocimiento facial.

La polémica no se limita únicamente al cobro de esta cuota, sino que se agrava por las medidas que, según denuncian, se aplican a quienes se niegan a cumplir con estas exigencias. Varios propietarios aseguran haber sido obligados a utilizar accesos alternativos, al impedírseles el ingreso por las vías principales del barrio, en lo que consideran una clara vulneración de sus derechos como ciudadanos y titulares de las propiedades.

“Es un atropello absoluto. Tengo mi escritura desde hace más de dos décadas y ahora un grupo de personas pretende decidir por dónde puedo o no entrar”, expresó uno de los vecinos afectados, reflejando el malestar generalizado que crece día a día.

El eje del conflicto se ubica en una zona gris desde el punto de vista legal, aunque especialistas advierten que podrían existir irregularidades de peso. Al tratarse de calles públicas, el libre tránsito está garantizado por la Constitución Nacional Argentina, por lo que cualquier intento de restricción sin respaldo normativo podría encuadrarse en figuras como la coacción.

En este contexto, la ausencia de ordenanzas municipales en Villa Santa Cruz del Lago que habiliten la creación de barrios cerrados refuerza las dudas sobre la legalidad del sistema implementado. A esto se suma otra denuncia que agrava el escenario: la presunta existencia de irregularidades laborales en el esquema de seguridad.

Según trascendió, la asociación tendría a su cargo al menos cuatro personas que desempeñan tareas de vigilancia bajo una supuesta figura cooperativa que no contaría con respaldo legal ni cobertura de ART, ni encuadre dentro del sindicato correspondiente. Esta situación no solo implicaría un posible fraude laboral, sino que además expondría a toda la comunidad a riesgos legales y económicos ante eventuales accidentes o conflictos judiciales.

El caso ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos, no solo por las implicancias económicas de los cobros exigidos, sino por el precedente que podría sentar en términos de organización barrial y uso del espacio público. Para muchos, el intento de imponer normas sin aval institucional abre la puerta a conflictos mayores y a una fragmentación del tejido social que históricamente caracterizó a este tipo de comunidades abiertas.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre una eventual intervención de las autoridades municipales, que hasta el momento no habrían emitido una postura oficial contundente frente a la situación. En paralelo, algunos vecinos ya evalúan avanzar por la vía judicial para frenar lo que consideran un accionar ilegal y recuperar el libre acceso a sus propias viviendas.

Lo que ocurre en Lago Azul no es un hecho aislado, sino un reflejo de tensiones más profundas en torno a la seguridad, la organización comunitaria y los límites de la autogestión vecinal. En este caso, la delgada línea entre la iniciativa colectiva y la imposición arbitraria parece haber sido cruzada, desatando un conflicto que, lejos de resolverse, promete seguir escalando en los próximos días.

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