En una caldeada sesión celebrada en el recinto del Concejo Deliberante de La Falda, el Poder Ejecutivo municipal presentó formalmente el proyecto de ordenanza para disponer la compensación de partidas presupuestarias del ejercicio 2026 por un monto total de $1.146.740.600. La audiencia pública, presidida por la presidente del Concejo Luciana Pacha y con la exposición técnica del secretario de Finanzas Marcelo Lusso, expuso el hondo malestar de la ciudadanía frente a la reorientación de los recursos públicos. La jornada dejó al descubierto severos cuestionamientos vinculados a la rigidez contable de la comuna y al drástico traslado de fondos desde la infraestructura básica hacia los gastos corrientes del municipio. Durante su intervención inicial, el secretario de Hacienda explicó que el municipio se vio obligado a acudirse al Concejo Deliberante para aprobar esta norma debido a los límites fijados por la Carta Orgánica local. A diferencia de otros municipios de la región que reasignan recursos mediante simples decretos, la normativa faldense prohíbe realizar transferencias directas entre partidas principales sin aval legislativo previo. Las autoridades justificaron el movimiento alegando que diversas cuentas no serían ejecutadas en su totalidad antes de fin de año, mientras que erogaciones vinculadas al funcionamiento administrativo requerían un refuerzo urgente. Uno de los ejes centrales y más polemizados de la audiencia fue el brusco incremento destinado a cubrir sueldos y cargas sociales de la administración pública local. Los vecinos criticaron con dureza que el Ejecutivo requiera entre 900 y 1.000 millones de pesos adicionales para financiar la masa salarial, señalando una evidente falla de cálculo en la formulación del presupuesto original. Ante las recriminaciones, el propio funcionario de Hacienda reconoció abiertamente que existió una subestimación inicial del gasto en personal al momento de proyectar el ejercicio fiscal vigente. Las críticas se profundizaron al analizarse la porción total del presupuesto que absorbe actualmente el mantenimiento de la estructura de recursos humanos de la comuna. Según se debatió en la sesión, la masa salarial formal —que abarca planta permanente, contratados y funcionarios— insume cerca del 34% de los recursos nominales del municipio. Sin embargo, al sumar a los trabajadores informales, becarios y prestadores de servicios, la erogación real en personal trepa a un abultado rango de entre el 55% y el 60% del presupuesto municipal total. Diversos asistentes manifestaron su indignación al señalar que este elevado nivel de gasto salarial no se traduce en una mayor eficiencia para la comunidad. Vecinos y dirigentes expusieron que, pese al volumen de empleados en nómina, los trámites administrativos sufren demoras crónicas y los balances financieros no se entregan en tiempo y forma. Asimismo, objetaron la falta de respuestas dinámicas por parte de las distintas dependencias locales, cuestionando que la ciudadanía deba financiar una estructura burocrática sobredimensionada que no ofrece soluciones concretas. El segundo punto de mayor fricción fue la decisión municipal de desfinanciar la obra pública para reasignar esos fondos al pago de gastos operacionales y salarios. La compensación contempla fuertes recortes en infraestructura, destacándose la quita de $122 millones en obras por cuenta municipal y otros $95 millones en la partida de alumbrado público. De igual modo, se dieron de baja erogaciones previstas para la planta adocquinadora y proyectos de financiamiento nacional, congelando intervenciones de desarrollo urbano muy esperadas por los barrios. La quita de recursos para infraestructura desató la bronca de los residentes de sectores periféricos, quienes expusieron sus urgencias directamente en el recinto. Vecinos de las calles Brasil y Venezuela recordaron que llevan más de ocho años reclamando por obras elementales de cloacas, agua potable, adocquinado y cordón cuneta sin recibir respuestas. Durante el debate, denunciaron con angustia que las aguas servidas corren por la vía pública en la calle Venezuela, afectando la salud de las familias en zonas donde los propios frentistas presentaron proyectos y prefactibilidades técnicas. La indignación vecinal alcanzó su punto máximo al contrastarse el costo real de las obras sanitarias con los escasos fondos asignados en el presupuesto ajustado. Mientras que el tendido de cloacas para un tramo barrial requiere inversiones estimadas entre 48 y 53 millones de pesos, la partida municipal para cloacas se fijó en tan solo 6 millones de pesos. Los contribuyentes calificaron esta cifra de irrisoria y de simular una cobertura inexistente, recriminando que el municipio postergue necesidades sanitarias básicas mientras incrementa partidas para consumo corriente. El tercer eje de la audiencia estuvo marcado por las denuncias sobre la falta de transparencia en la gestión económica y el retardo en el acceso a la información oficial. Asistentes a la asamblea denunciaron que los informes técnicos y las ejecuciones presupuestarias trimestrales no se encuentran actualizados en la plataforma web del municipio. Esta opacidad administrativa fue señalada como una barrera que impide a los ciudadanos y al propio Concejo Deliberante ejercer un control republicano y efectivo sobre el destino final de los tributos locales. A la falta de información oportuna se sumó una dura controversia sobre el balance del ejercicio fiscal anterior y la falta de conciliaciones bancarias. Durante la audiencia se ventiló un informe del Tribunal de Cuentas que advierte sobre graves inconsistencias administrativas en la cuenta principal del Banco de Córdoba (cuenta 37206). Aunque el secretario de Hacienda descartó un faltante de dinero y atribuyó el problema a atrasos de personal, se confirmó un descalce millonario entre los saldos del libro banco y los extractos oficiales. El cuarto punto de conflicto se concentró en la asignación de $246 millones a la partida 1401, caratulada bajo el concepto de «Refuerzo de partidas». Vecinos y referentes comunitarios expresaron su total rechazo a este mecanismo, al que definieron como un fondo discrecional o «caja negra» a disposición del intendente. Advirtieron que el Ejecutivo podrá utilizar esos cuantiosos recursos mediante simples decretos internos, sin la necesidad de rendir cuentas previas ni solicitar una nueva autorización al cuerpo legislativo. En su descargo, la Secretaría de Finanzas argumentó que la partida 1401 actúa como un «paraguas» o colchón de contención presupuestaria frente al complejo contexto socioeconómico. Según los funcionarios, el rubro permite oxigenar partidas operativas que puedan agotarse antes de fin de año, evitando tener que tramitar nuevas ordenanzas en el Concejo. Sin embargo, la ciudadanía replicó que esta práctica distorsiona la técnica presupuestaria, otorgando cheques en blanco al poder político para reasignar partidas sin fiscalización comunitaria oportuna. En quinto lugar, la audiencia puso bajo la lupa los drásticos recortes aplicados en las áreas sociales más sensibles, como Salud y Cultura. Representantes de la agrupación «Vecinos por Punilla» denunciaron con preocupación la eliminación a cero de la partida de «Fomento de Salud», la cual contaba originariamente con $15 millones. La quita fue duramente objetada por ocurrir en medio de crecientes falencias operativas, falta de insumos y dificultades de atención médica registradas en el hospital municipal. La poda presupuestaria también alcanzó al área de Cultura, donde se dispuso una reducción de $30 millones en la partida destinada a la realización del Festival del Tango. Ante los cuestionamientos de las entidades intermedias, las autoridades municipales admitieron que el costo del evento había sido sobreestimado en la formulación del presupuesto del año anterior. Vecinos criticaron que las fallas de previsión técnica terminen ajustando partidas sociales, mientras se mantienen erogaciones elevadas en eventos y contratos no esenciales. Finalmente, los asistentes cuestionaron severamente la marcada desproporción entre los gastos destinados a insumos menores de consumo y la falta de inversión barrial. Causó especial indignación la existencia de una partida por $58 millones destinada a «elementos de limpieza y cafetería» de las dependencias municipales. Los contribuyentes contrastaron ese abultado monto con los escasos recursos dirigidos a obras sanitarias e infraestructura básica, exigiendo una mayor austeridad y priorización del gasto público en beneficio de la comunidad. Se retiraron $122 millones de proyectos de desarrollo urbano local. Se recortaron $95 millones destinados a la adquisición de luminarias LED, postes y cableado. Se dieron de baja $75 millones previstos para la intervención en el Perilago ante la falta de financiamiento por parte de Nación. Se redujo a la mitad el presupuesto de la fábrica de adoquines y se restaron $14 millones en bienes de capital asignados a mejoras de la fábrica, extensiones de gas natural y obras de cloacas (cuyo fondo específico quedó reducido a tan solo $6 millones). Se disminuyeron $370 millones en la partida general de bienes de consumo. Se redujeron $56 millones en el concepto global de transferencias. Se restaron $30 millones a la organización del evento (reduciendo la partida de $165 millones a $135 millones), argumentando que su costo había sido sobreestimado al confeccionar el presupuesto. Se eliminó por completo (quedando en cero) la partida original de $15 millones. Se dieron de baja $428 millones asignados a cancelar obligaciones pendientes con proveedores y trabajadores de años pasados (códigos 3101 a 3109), bajo el argumento de que fueron abonadas en los primeros meses del año y no exigirán nuevos desembolsos en lo que resta del ejercicio El análisis sobre la rendición de cuentas sumó tensión al debate a partir de los datos expuestos sobre el balance del ejercicio anterior, el cual alcanzó una ejecución del 94% sobre un presupuesto total de 13.990 millones de pesos. Un informe presentado ante el Tribunal de Cuentas por un auditor externo reveló severas falencias administrativas en el registro de los gastos y en los libros de la administración local. Estas inconsistencias generaron profunda preocupación en el recinto, donde vecinos y concejales de la oposición exigieron explicaciones sobre el control efectivo de las erogaciones comunales. El aspecto más crítico expuesto sobre el balance se focalizó en la cuenta corriente principal del municipio en el Banco de Córdoba (cuenta 37206), por donde transita la mayor parte del flujo operativo de la ciudad. La auditoría detectó un descalce pendiente de conciliación de aproximadamente 9.800 millones de pesos entre los extractos bancarios y los registros contables de la tesorería. Este monto representa más del 50% del presupuesto de ese ejercicio, lo que desató fuertes cuestionamientos por la falta de estados financieros al día y las restricciones de acceso al sistema que sufrió la propia Contaduría General. Frente a los cuestionamientos por las cifras no conciliadas, el secretario de Hacienda reconoció abiertamente en la asamblea que existió una «falta administrativa grave» en los libros contables, aunque rechazó de forma tajante que existiera un faltante o desvío de dinero. Según la explicación oficial del Ejecutivo, las demoras en las conciliaciones mensuales obedecieron a la falta de personal, jubilaciones y licencias no cubiertas en el área de Tesorería. Asimismo, la conducción económica aseguró que las observaciones técnicas planteadas ya se encuentran en proceso de regularización. Los asistentes a la audiencia cuestionaron con severidad que una estructura municipal que absorbe entre el 55% y el 60% de los recursos para gastos de personal no pueda garantizar la tarea básica de mantener los balances al día. Dirigentes y vecinos señalaron que la falta de conciliaciones transparentes impide conocer con certeza el destino real de los fondos públicos en materia de obras e insumos. Ante este escenario, el Concejo Deliberante fijó un plazo límite hasta el 30 de noviembre para que el Ejecutivo subsane las irregularidades antes de definir la aprobación o rechazo final del balance La audiencia pública concluyó pasadas las dos horas de intenso debate en medio de firmes reclamos de transparencia y un explícito llamado vecinal a no aprobar la norma. Las autoridades municipales ratificaron que el proyecto de compensación de partidas será sometido a su tratamiento definitivo en segunda lectura el próximo jueves 29 de octubre de 2026. La sesión dejó en evidencia una profunda fractura entre la lógica financiera del Poder Ejecutivo y las demandas prioritarias de los contribuyentes de La Falda en materia de obras y rendición de cuentas Navegación de entradas La Falda se prepara para una jornada a puro universo geek: llega una nueva edición de la Comic Fest al Hotel Edén Polémica en La Falda: Las 20 frases más picantes de la audiencia pública por el presupuesto
