En la localidad de La Falda se llevó a cabo una histórica y muy concurrida audiencia pública para debatir el polémico proyecto de ordenanza sobre patrimonio. La sesión, abierta por Luciana Pacha, buscaba regular la preservación cultural y natural de la ciudad serrana. El debate principal se centró en el polémico artículo 15, que establece una prohibición general para demoler o modificar construcciones anteriores al año 1980. Vecinos y profesionales advirtieron que esta drástica medida afectará de forma directa a más de cinco mil inmuebles locales. La defensa de la propiedad privada se convirtió en el eje de mayor fricción durante la asamblea municipal. Múltiples vecinos denunciaron que la nueva normativa avasalla de manera flagrante derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional. Tanto el ingeniero José Gambi como la corredora inmobiliaria Macarena Kuniss expusieron serios cuestionamientos técnicos sobre el proyecto. Ambos coincidieron en que la ordenanza provocará un grave colapso burocrático y frenará por completo las inversiones locales. Por otro lado, el arquitecto Alejandro D’Angelo criticó con suma dureza que se intente legislar con criterios del pasado sin un plan urbano de desarrollo futuro. El profesional exigió el respeto absoluto al dominio privado y anticipó acciones legales contra el cuerpo de concejales. El vecino Salvador, bisnieto del fundador de la primera casa construida en La Falda en 1914, defendió de forma vehemente la soberanía del propietario. Sostuvo que si el Estado busca limitar el dominio ajeno, debe aplicar por ley la correspondiente expropiación inversa. En tanto, vecinas como Ana Castillo sumaron otros reclamos históricos de la comunidad, cuestionando duramente la prioridad de la gestión pública. Reclamaron que mientras se asfixia a los contribuyentes, la localidad sigue padeciendo la falta de cloacas y agua potable. Para mitigar estas quejas, el oficialismo intentó detallar el funcionamiento del equipo técnico que ejecuta la catalogación del patrimonio local. Explicaron que se está realizando un mapeo casa por casa mediante fichas técnicas elaboradas con estudiantes de la UNC. El momento más álgido ocurrió cuando el arquitecto y asesor Fabio Grementieri perdió los estribos ante los cuestionamientos de los presentes. Tras un tenso intercambio con los vecinos, el profesional se retiró intempestivamente de la sesión profiriendo gritos y dando un fuerte portazo mientras se escuchaban frases de vecinos como «tomate el palo«. Posteriormente, las autoridades intentaron amortiguar el escándalo reivindicando la idoneidad y el renombre internacional del polémico asesor. Luciana Pacha defendió su gestión asegurando que el profesional había colaborado de forma desinteresada, aportando sus saberes sin cobrar honorarios. Sin embargo, la investigación y compulsa de documentos de dominio público investigados por VEA Noticias, revelan una realidad financiera muy distinta detrás del discurso oficial. Existen decretos municipales vigentes que asignan fondos millonarios a consultores para este relevamiento, desmintiendo que las tareas sean gratuitas. Un claro ejemplo es el Decreto N° 623/2026, mediante el cual se le adjudica a la diseñadora Sofía Quasten la elevada suma de siete millones quinientos mil pesos. La beneficiaria de este contrato resulta ser, según fuentes extraoficiales, una amiga personal de la técnica a cargo de catastro municipal. A esto se suma el Decreto N° 334/2026, que otorga setecientos veinte mil pesos mensuales a Alejandro Bovo Theiler por la coordinación patrimonial. Esta evidencia documental expone una contradicción directa frente a las promesas de gratuidad, desatando suspicacias sobre el uso de recursos públicos. Navegación de entradas La Falda debatió su nuevo marco de patrimonio: fuerte rechazo de los vecinos al polémico Artículo 15
