Tensión en el Concejo Deliberante por denuncias de maltrato en el comedor de la Escuela Capitán Juan de Zevallos

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Valle Hermoso, celebrada el 22 de abril de 2026, estuvo marcada por una profunda tensión institucional tras la presentación de un pedido de informe urgente sobre graves denuncias de maltrato en la Escuela Capitán Juan de Zevallos. Según lo expuesto en el recinto, un grupo de madres denunció que en el comedor escolar se realizaban prácticas de control físico, específicamente palpaciones a los niños al salir del servicio para verificar si retiraban alimentos, además de reportarse un clima de hostilidad con gritos, golpes en las mesas para apurar la ingesta y deficientes condiciones de higiene. Estas acusaciones, que involucran directamente a la agente municipal María del Carmen Albarracín, encargada del programa PAICOR, motivaron al Departamento Ejecutivo a emitir la Resolución 191/2026, mediante la cual se ordenó una investigación administrativa inmediata para resguardar la dignidad de los menores y asegurar el cumplimiento de las leyes de protección de la niñez.

El debate se intensificó al analizarse el contenido de las actas escolares y los testimonios de las docentes, los cuales presentaron una versión que los padres tildaron de parcial o inexacta. En un acta del 20 de abril, tres maestras de primer y tercer grado declararon que no observaron palpaciones físicas, sino que los niños reaccionaban levantando las manos por instinto cuando se les preguntaba qué llevaban en los bolsillos. Sin embargo, las madres presentes en el Concejo refutaron enérgicamente estos testimonios, aclarando que los incidentes más graves ocurrieron en el turno de cuarto a sexto grado, horario en el que los niños habrían bajado al comedor sin supervisión de sus propias maestras. Los progenitores relataron que inicialmente las autoridades intentaron desacreditar el relato de los menores sugiriendo que mentían, a pesar de que existen denuncias de contactos físicos indebidos en las partes íntimas de un niño y que la propia acusada habría admitido su conducta frente a una de las madres antes de pedir disculpas.

La situación de la agente Albarracín fue objeto de controversia tras la lectura del Decreto 214/2026, el cual ratificó su apartamiento preventivo de la Escuela Capitán Juan de Zevallos pero ordenó su reasignación de funciones a través de la Secretaría de Gobierno. Esta medida fue calificada como insuficiente por las familias, quienes denunciaron que la empleada fue vista esa misma mañana cumpliendo tareas en la escuela secundaria que funciona en el mismo edificio, lo que significa que continúa en contacto con menores de edad. Los concejales de la oposición cuestionaron que la reasignación permitiera a la agente seguir en la función pública, exigiendo una postura más rigurosa, mientras que el oficialismo defendió que el municipio actuó con celeridad técnica al removerla del foco del conflicto primario mientras se sustancian las pruebas legales pertinentes para determinar su culpabilidad definitiva.

Un punto central de la discusión fue la ausencia del Intendente en las reuniones con los padres, lo que generó acusaciones de falta de empatía por parte de la oposición y de las familias presentes. Ante estas críticas, el bloque oficialista presentó una justificación basada en el estilo de gestión y el cumplimiento técnico de las responsabilidades. Los concejales del oficialismo argumentaron que la presencia física del mandatario en cada reunión depende de la personalidad de cada funcionario, señalando que el Intendente optó por enviar a su equipo técnico, integrado por abogados, contadores y especialistas en desarrollo social, para realizar una investigación profesional y objetiva en lugar de buscar una presencia mediática. Asimismo, recalcaron que el Intendente estuvo en el edificio del Concejo ese mismo día hasta las trece y treinta horas entregando personalmente los informes y que las resoluciones y decretos firmados son la prueba fehaciente de su compromiso y seguimiento permanente del caso.

La sesión concluyó con un clima de malestar persistente entre los padres, quienes desvincularon su reclamo de cualquier interés político y rechazaron las versiones que sugerían que las denuncias eran parte de un complot. Los vecinos insistieron en que, más allá de las actuaciones administrativas, necesitaban el respaldo simbólico y la seguridad que solo la máxima autoridad del pueblo puede brindarles ante una situación de vulnerabilidad de sus hijos. Por su parte, el cuerpo legislativo se comprometió a solicitar actualizaciones constantes sobre el avance de la investigación legal y a revisar el alcance del decreto de reasignación para asegurar que la agente involucrada no mantenga contacto con estudiantes de ningún nivel mientras el proceso judicial y administrativo siga su curso.