En el marco de la convulsionada sesión ordinaria del Concejo Deliberante celebrada este miércoles 22 de abril, surgió un nuevo y alarmante componente en la crisis que rodea a la Escuela Capitán Juan de Ceballos: la denuncia de amenazas externas dirigidas al personal del comedor escolar. Según consta en las actas oficiales presentadas ante el cuerpo legislativo, la tensión por las denuncias de maltrato infantil ha trascendido los muros de la institución, derivando en actos de intimidación pública que han obligado a solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los trabajadores y los alumnos.

El episodio más grave se registró el pasado viernes 17 de abril, de acuerdo con el informe suministrado por la encargada del área de Desarrollo Social, Daniela Ferreira. Según el relato volcado en el acta del 20 de abril, personas que se trasladaban en motocicleta por las inmediaciones del establecimiento educativo propiciaron gritos intimidatorios al personal municipal y escolar que se encontraba cumpliendo sus tareas en el área del PAICOR. La amenaza, de un tono violento y directo, fue: «A ustedes les vamos a bajar los dientes». Este hecho fue calificado como una situación de extrema gravedad por las autoridades presentes en la reunión técnica, quienes advirtieron sobre el clima de desborde y peligro que rodea el funcionamiento del programa alimentario en la localidad.

Ante la inminencia de un posible ataque físico y la virulencia de las expresiones captadas, los representantes del municipio y los directivos escolares acordaron en forma unánime solicitar presencia policial permanente en el sector del comedor. El objetivo primordial de esta medida es evitar situaciones de violencia mayor y garantizar un cordón de seguridad para el personal, en un contexto donde el malestar social por las denuncias de presuntas palpaciones a menores ha generado una atmósfera de alta confrontación. Durante el debate en el Concejo, este clima de inseguridad también fue vinculado a las declaraciones del Intendente en medios radiales, donde sugirió que el conflicto escolar era producto de un complot, lo que según los padres incrementó la hostilidad en la comunidad.

Finalmente, las autoridades legislativas subrayaron que, si bien la prioridad absoluta es esclarecer las denuncias contra la agente María Albarracín, no se puede ignorar el riesgo que representan estos grupos externos que circulan amenazando al personal. Las familias presentes en el recinto reafirmaron que su único interés es la protección de sus hijos y que el miedo a las agresiones externas, sumado a la incertidumbre por el destino administrativo de la agente involucrada, ha quebrado la confianza en la institución. El compromiso del cuerpo deliberativo ahora se centra en monitorear que la asistencia policial sea efectiva y que la investigación legal avance sin que la violencia externa interfiera en el proceso de justicia para los menores afectados.

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