El Gobierno de Córdoba oficializó el cobro de operativos a padres por amenazas a escuelas

Hoy lunes, la provincia de Córdoba oficializó la normativa que establece el mecanismo administrativo para reclamar los costos asociados a los operativos desplegados en respuesta a amenazas escolares. La medida, anunciada previamente por el ministro Juan Pablo Quinteros, tiene como objetivo garantizar el uso responsable de los recursos públicos en casos donde la mayoría de las amenazas son falsas y obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad, el procedimiento se aplicará luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal, que estará a cargo de identificar a los autores del hecho y a los adultos responsables. Luego, será el turno de las autoridades provinciales, quienes determinarán los costos operativos de cada intervención, elaborarán un expediente con todos los registros del operativo, cuantificarán los gastos incurridos por el Estado y intimarán al pago en un plazo perentorio de 5 días. En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.

La normativa busca garantizar que los responsables de las amenazas escolares respondan por los costos asociados a la respuesta estatal. Aunque la mayoría de las amenazas son falsas, es importante destacar que incluso en casos donde no hay una verdadera amenaza, el despliegue de operativos puede generar un gran gasto para el Estado y distraer recursos que podrían ser utilizados en otros fines.

La medida también tiene como objetivo enviar un mensaje claro a los padres y tutores sobre la gravedad del problema de las amenazas escolares y la necesidad de tomar medidas efectivas para prevenir este tipo de conducta. En un contexto donde la seguridad es un tema prioritario, esta normativa busca garantizar que el Estado tenga los recursos necesarios para proteger a los estudiantes y prevenir futuras situaciones similares.