El conflicto político e institucional en torno a la legisladora radical Alejandra Ferrero (presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio) paralizó la Legislatura de Córdoba. El caso combina una grave denuncia de abuso sexual con una feroz disputa política entre el oficialismo provincial (Hacemos Unidos por Córdoba) y la oposición. El escándalo estalló a principios de septiembre de 2026, cuando se hizo pública una denuncia por abuso sexual agravado con acceso carnal (cometido presuntamente contra una menor de 14 años, su hermana de crianza, entre 2016 y 2017) contra Omar Manuel Ludueña. La orden de detención fue emitida por la fiscal Ingrid Vago. Ludueña es un militante radical de la Seccional 4° de Córdoba Capital y se desempeñaba en tareas administrativas y territoriales adscrito directamente a la oficina de la legisladora Alejandra Ferrero. A diferencia de otros asesores, Ludueña ingresó a la Legislatura contratado en 2011 y pasó a planta permanente por concurso en 2015. Por ende, no era un empleado designado discrecionalmente por Ferrero, aunque sí prestaba funciones bajo su órbita directa. Ferrero sostiene que su equipo tomó conocimiento del caso el 8 de septiembre a través de redes sociales. Afirma que imprimieron las capturas, se presentaron ante la Justicia de inmediato y enviaron una nota formal a la Legislatura solicitando separar a Ludueña de su cargo por razones éticas. La legisladora rechazó enfáticamente los pedidos de renuncia o licencia prolongada, argumentando que actuó con «integridad, honestidad y celeridad». Declaró a los medios: «Nunca pensé en renunciar porque vengo trabajando de manera honesta. Actuamos de manera inmediata». El oficialismo provincial utilizó este caso para contraatacar políticamente. Pocas semanas antes, el legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores tuvo que renunciar a su banca tras la detención de su propio asesor por una causa de abuso sexual y grooming. El peronismo, liderado en el recinto por Facundo Torres y Leonardo Limia, acusó al radicalismo de tener una «doble vara moral». Argumentan que la UCR exigió con dureza la cabeza de Flores, pero ahora protege a Ferrero. El oficialismo impulsó un proyecto para apartar obligatoriamente a Ferrero de sus funciones parlamentarias mientras avanza la investigación judicial. Al no conseguir los votos de la oposición para apartar a la legisladora, el bloque del PJ adoptó una medida drástica. Liderados por Julieta Rinaldi, los legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto. Con la de hoy, ya es la segunda sesión consecutiva que se cae por falta de quórum provocada por el propio peronismo. Hoy emitieron un duro documento titulado «Frente al silencio y la complicidad del bloque UCR, no damos quórum». Sostienen que Ferrero debe tomar licencia por respeto a la víctima. Además, apuntaron directamente contra el diputado nacional Rodrigo de Loredo (jefe político de Ferrero), acusándolo de mantener una «protección que configura una complicidad política profundamente preocupante». Toda la oposición (UCR, PRO, Frente Cívico) cerró filas detrás de Ferrero. Rechazan la comparación con el caso Flores, alegando que Ludueña era planta permanente del Estado y no un contratado personal. Legisladores como Gregorio Hernández Maqueda salieron al cruce acusando al gobernador Martín Llaryora de querer «clausurar la Unicameral» y actuar de manera «dictatorial». El caso Ludueña se ha convertido en el principal campo de batalla político de la provincia, trabando el funcionamiento de la Unicameral y profundizando la grieta entre el peronismo cordobés y el radicalismo de cara al armado electoral. Navegación de entradas Caos en el transporte interurbano de Córdoba: Ratifican nuevas asambleas y hay amenaza de paro total Caso Aralí Vivas: prisión perpetua para la madre y los asesinos
