Investigación exclusiva de VEA Noticias El caso judicial iniciado a raíz de la muerte violenta de Raúl Federico Oliva ha alcanzado un hito determinante tras la emisión de la sentencia número 245, dictada el 28 de octubre de 2026 en el marco del expediente SAC 13633968. En dicha resolución, el juez de la causa impuso a Ángel Fernando Villada una pena de catorce años de prisión al considerarlo autor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. El fallo judicial estructuró su decisión sobre una reconstrucción indiciaria que pretende entrelazar desplazamientos vehiculares, registros de telefonía y tensiones comerciales. Frente a la contundencia de la condena, la familia del imputado, encabezada por su hermano Alexis en Cruz del Eje, ha impulsado un pedido de revisión pública plasmado en un exhaustivo dossier de veintiséis páginas. La presentación familiar argumenta que las conclusiones del juzgador se sostienen sobre premisas probatorias frágiles, contradicciones periciales y suposiciones acusatorias que no superan el estándar de certeza requerido por el derecho penal. El reclamo remarca que el esclarecimiento del hecho exige verificar rigurosamente la solidez técnica de las pruebas. El expediente penal reconstruye una trama compleja donde se entrecruzan la actividad comercial en el local denominado Anfer, la movilización de vehículos particulares y una secuencia de comunicaciones telefónicas durante la última semana de febrero de 2025. Tras el hallazgo de los restos mortales de Federico el 28 de febrero en una zona rural del interior cordobés, los investigadores concentraron las sospechas sobre Fernando. Sin embargo, el análisis detenido de las pericias revela fisuras sustanciales entre la acusación y las constataciones materiales. La presente investigación periodística de VEA Noticias examina minuciosamente los fundamentos de la sentencia y las constancias del requerimiento fiscal de elevación a juicio firmado el 17 de diciembre de 2025. A través del contraste sistemático entre los informes balísticos, químicos, entomológicos y los testimonios de los involucrados, se disecan las hipótesis centrales del caso. El objetivo de este informe es ofrecer una radiografía completa de los hechos comprobados, los indicios controvertidos y las dudas probatorias que persisten tras el veredicto. La reconstrucción de los hechos: el encuentro nocturno y la cronología en La Falda La secuencia fáctica central comenzó a gestarse el sábado 22 de febrero de 2025, cuando Federico solicitó a Fernando la entrega de fondos pendientes por operaciones comerciales compartidas. Según consta en las declaraciones testimoniales de Fernando prestadas el 27 de febrero a las 02:40 horas, el acusado propuso realizar una transferencia bancaria o coordinar un encuentro el lunes siguiente en La Falda. De acuerdo con esta versión, la víctima respondió que prefería pasar personalmente por el comercio a buscar el dinero. El lunes 24 de febrero por la mañana, la atención en el local comercial se inició bajo la responsabilidad de los empleados Aldana y Martín. Alrededor del mediodía, el empleado Martín fue enviado a prestar servicios a Cruz del Eje, un traslado que la Fiscalía interpretó posteriormente como una maniobra deliberada para dejar el local libre. No obstante, en su declaración judicial, el trabajador aclaró que ya había realizado tareas de carga en esa ciudad con anterioridad y que su envío respondió a necesidades operativas del comercio. En forma paralela, el análisis de las comunicaciones telefónicas del lunes 24 de febrero sitúa el reinicio de las conversaciones entre Fernando y Federico a las 11:25 horas. Según el resumen del informe telefónico elaborado por los investigadores, Fernando no solo sugirió que Federico viajara a La Falda, sino que también manifestó su disposición para trasladarse él mismo a donde estaba su interlocutor. Finalmente, Federico aceptó reunirse en La Falda y propuso fijar la cita para las 23:00 horas del lunes. El cumplimiento del encuentro quedó registrado en los soportes de videovigilancia de la zona, los cuales captaron la llegada de una camioneta compatible con la Ford Bronco de Federico frente al local a las 22:58 horas. Los registros fílmicos muestran el descenso de una persona y su posterior ingreso al establecimiento comercial, un hecho que fue reconocido por el propio Fernando en sus declaraciones. La discrepancia central que divide a las partes no radica en la existencia de la reunión, sino en lo ocurrido en las horas posteriores. La Madrugada crítica: el recorrido hacia Córdoba y la controversia de los transportes Durante la madrugada del martes 25 de febrero de 2025, los registros de cámaras documentaron la salida de la camioneta Ford Bronco desde el local comercial entre las 00:43 y las 00:45 horas con rumbo a Córdoba Capital. Fernando Villada admitió haber conducido el vehículo durante dicho trayecto, sosteniendo que lo hizo por un encargo directo de Federico. En contraste, la Fiscalía de Cámara calificó este desplazamiento como una maniobra activa de ocultamiento destinada a distanciar el vehículo de la escena del crimen. La reconstrucción del posterior regreso de Fernando a La Falda mediante la contratación de un taxi y un remis presenta inconsistencias de horarios entre los choferes y los informes policiales. El chofer del taxi declaró en el expediente que el pasajero ascendió solicitando viajar a Cosquín aduciendo tener un «tío enfermo», asegurando que no usaba celular y abonando en efectivo. Sin embargo, mientras el taxista estimó su servicio a las 05:15 horas, los informes policiales ubicaron el paso del vehículo por el peaje a las 03:42 horas. Por su parte, el remisero que completó el traslado desde Cosquín hasta La Falda declaró que el pasajero ingresó a su agencia caminando aproximadamente a las 03:30 horas de la madrugada del martes 25 de febrero, manifestando haber perdido el colectivo. Esta evidente discordancia entre los horarios recordados por los conductores y las horas registradas en las cámaras evidencia desajustes temporales no conciliados en la causa. La defensa enfatiza que estas diferencias debilitan la reconstrucción cronológica fiscal. En las horas subsiguientes de la tarde del 25 de febrero, la línea telefónica de Fernando registró impactos en las antenas de cobertura de las localidades de Capilla del Monte y San Marcos Sierras. La representación fiscal vinculó estos desplazamientos con la búsqueda de zonas agrestes para el abandono de los restos mortales de Federico. En contraposición, Fernando había manifestado formalmente que realizó un viaje hacia el sector de Las Gramillas, abriendo un debate técnico sobre el alcance real de las antenas. El cuadro de la acusación: siete indicios y las inconsistencias de la tesis fiscal El requerimiento de elevación a juicio dictado por la Fiscalía el 17 de diciembre de 2025 fundamentó la imputación de homicidio agravado en una estructura de siete grupos indiciarios convergentes. Entre ellos se destacan la presencia de Fernando como última persona que vio a la víctima, el uso de la camioneta Ford Bronco, la inactividad nocturna del celular del acusado, el borrado de mensajes de WhatsApp, la supuesta invención de una cita posterior, la existencia de deudas comerciales y los lavados vehiculares posteriores. Pese a la apariencia de un cuadro probatorio armónico, el propio texto del requerimiento fiscal revela vacíos decisivos al momento de precisar las circunstancias de tiempo y lugar. En los tramos introductorios de la imputación, la Fiscalía ubicó la comisión del homicidio de manera «presumible» dentro del comercio Anfer, para luego dar por sentado categóricamente que el crimen ocurrió allí. Asimismo, la acusación reconoció expresamente la ausencia de datos probatorios para determinar el sitio exacto del desmembramiento del cuerpo. Una inconsistencia de similar magnitud se verifica en la hipótesis fiscal sobre la supuesta sustracción de la computadora portátil de Federico desde su vivienda particular. En la página 27 del requerimiento de elevación, el Ministerio Público Fiscal admitió abiertamente que no se encontraron pruebas objetivas que acrediten el ingreso de Fernando al domicilio de la víctima. No obstante, en los apartados inmediatos, la acusación presentó dicha sustracción como la única alternativa viable para explicar la falta del equipo informático. El debilitamiento de la tesis acusatoria sobre los instrumentos del delito se ratificó en la propia sentencia dictada por el juez de la causa el 28 de octubre de 2026. Si bien la fiscal de Cámara solicitó expresamente el decomiso de la combi Hyundai argumentando que había sido utilizada para el transporte de restos, el tribunal rechazó la medida en las páginas 388 y 417 del fallo. El juzgador fundamentó el rechazo en la falta de acreditación objetiva de que dicho vehículo hubiera servido como instrumento comisivo. Pruebas materiales y pericias científicas: lo que revelan y callan los laboratorios El pilar de las evidencias físicas del caso reside en los informes de laboratorio forense agregados al expediente, comenzando por el estudio balístico número 4723025. Dicho examen analizó los dos proyectiles extraídos del cráneo de la víctima durante la autopsia, concluyendo que corresponden al calibre .22 pero determinando formalmente que resultan no aptos para cotejo. En consecuencia, la pericia oficial dejó asentado que es imposible precisar el tipo o marca de arma empleada, impidiendo vincularlas a Fernando Villada. En lo concerniente a la fijación del momento del deceso, el informe entomológico fechado el 21 de abril de 2025 estimó un Intervalo Post Mortem de aproximadamente 72 horas a partir del desarrollo de las larvas recolectadas durante la autopsia del 1 de marzo. Si bien la Fiscalía utilizó este estimado para enmarcar la muerte en la madrugada del 25 de febrero, los peritos biólogos enfatizaron que sus conclusiones son estimaciones científicas sujetas a variables ambientales, por lo que no constituyen una fijación cronológica incontestable. Las pericias químicas aplicadas sobre la combi Hyundai reafirman una marcada desconexión entre los ensayos orientativos iniciales y los estudios confirmatorios de laboratorio. El informe pericial número 4758323 registró una reacción orientativa positiva a la prueba de luminol en cuatro sectores del interior del vehículo. Sin embargo, el estudio posterior de especialidad número 4873236 concluyó de manera determinante que no se detectó presencia de sangre humana en ninguna de las cuatro muestras analizadas. La ausencia de rastros biológicos incriminatorios se extendió de manera uniforme a los demás elementos materiales secuestrados en la investigación. El informe químico 4706903 determinó la inexistencia de sangre en la alfombra del baúl del automóvil Volkswagen Bora, mientras que el estudio 4874051 confirmó el resultado negativo del luminol en la Ford Bronco. De forma análoga, el análisis pericial número 4703230 practicado sobre la amoladora descartó la presencia de restos hemáticos en la herramienta. Relatos, lesiones y el contexto financiero: controversias sobre celulares y finanzas El análisis médico de la persona del imputado, volcado en la ampliación pericial número 4702900 realizada el 2 de marzo de 2025, constató la existencia de excoriaciones traumáticas leves en brazos y piernas de Fernando. El informe profesional determinó que se trataba de escoriaciones lineales con costras cuya antigüedad superaba las 24 horas de evolución. Mientras la Fiscalía adujo que estas marcas eran consecuencia del roce con vegetación al descartar restos, la defensa objetó que no demuestran una presencia probada en el campo. En lo relativo al móvil económico esgrimido por la acusación, la Fiscalía afirmó que el retiro de capital por parte de Federico amenazaba con desencadenar el colapso financiero de los negocios de Fernando. Sin embargo, la documentación revela que los informes de telefonía que citan reclamos económicos corresponden al dispositivo antiguo de la víctima, usado hasta septiembre de 2024. La prueba documental del expediente no refleja una auditoría contable contemporánea al 24 de febrero de 2025 que acredite una deuda exigible como móvil homicida. Una de las construcciones indiciarias más controvertidas se vincula a la hipótesis de la mutilación del pulgar de Federico para efectuar el desbloqueo biométrico de su teléfono celular. Al revisar los fundamentos del fallo condenario a página 408, se observa que el juez atribuyó la lectura de huella dactilar a los dichos de la testigo Celeste. No obstante, al contrastar el testimonio real de Celeste en la causa, se comprueba que la testigo declaró ignorar el método de bloqueo del último teléfono, desvirtuando la premisa judicial. Finalmente, el reconocimiento efectuado por Fernando el 27 de febrero a las 02:40 horas respecto al borrado de sus registros de llamadas de WhatsApp fue explicado por el acusado como un intento de ocultar su salida nocturna ante su pareja. Asimismo, la supuesta falsedad del relato de Fernando sobre una cita de Federico no quedó acreditada por la declaración de la testigo Antonella. Debido a que Fernando jamás identificó a Antonella como la persona que Federico vería, la inexistencia de un pacto con ella no demuestra la invención del relato. Balance investigativo y preguntas abiertas: los estándares de la certeza judicial La revisión integral del Caso Fernando Villada expone la tensión fundamental que atraviesa al proceso penal entre la acumulación de indicios concordantes y la necesidad de certezas probatorias incontrastables. La condena impuesta mediante la sentencia número 245 descansó sobre una concatenación de deducciones lógicas sobre los movimientos del acusado durante la noche del 24 de febrero de 2025. Sin embargo, al confrontar cada eslabón con los laboratorios químicos y balísticos, se observa que la prueba científica no respaldó el derramamiento de sangre en los escenarios atribuidos. El análisis investigativo deja al descubierto que los vacíos en la determinación del lugar exacto del homicidio, la falta de acreditación sobre las herramientas del desmembramiento y las discrepancias de horarios continúan alimentando la controversia procesal. Si bien la Fiscalía argumentó de manera coherente que los indicios deben ser evaluados en su conjunto, la doctrina constitucional exige que la suma de sospechas no reemplace la comprobación fehaciente de los hechos materiales. La culpabilidad final permanece sujeta al tamiz de los recursos judiciales de revisión. En última instancia, el reclamo de la familia Villada y las objeciones documentadas en el dossier público subrayan la trascendencia de una administración de justicia rigurosa y transparente. La memoria de Federico y la búsqueda indiscutible de verdad para sus allegados requieren que la atribución de una pena de catorce años de prisión esté respaldada por evidencias que superen cualquier duda razonable. El juzgamiento de crímenes de esta gravedad impone la obligación ineludible de fundar los fallos en constataciones científicas incontestables. Navegación de entradas Sobreseen a Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda Libra