¿Asesino seria? Vinculan a Barrelier con el crimen de Camila Merlo

Investigan una posible conexión entre el caso Barrelier y una serie de femicidios brutales en Córdoba. Las sospechas apuntan a un patrón de crímenes seriales contra mujeres jóvenes. El «modus operandi» se repite: víctimas vulnerables son descuartizadas y descartadas en bolsas de consorcio en baldíos o basurales.

Brenda Torres, de 24 años, fue hallada mutilada cerca del estadio Kempes en julio de 2025. Su propio padre encontró partes de su cuerpo durante la búsqueda.

Camila Merlo tenía 23 años cuando su cadáver apareció, meses después, en un basurero del barrio General Urquiza. También estaba dentro de bolsas de consorcio.

Por el crimen de Merlo está detenido Riveros Mesa, un ciudadano paraguayo con prisión preventiva firme. La geolocalización de su celular y el testimonio de un chofer de Uber lo señalan como la última persona que recibió a la joven. Pese a las pruebas, circula la versión de que el detenido podría ser un «perejil» para encubrir a una estructura superior.

La abogada querellante Daniela Morales advierte que estos hechos reflejan procesos de crueldad extrema y deshumanización de las víctimas. La justicia ahora intenta determinar si existe una red de trata o un asesino serial actuando con impunidad en la provincia.

Llama la atención la recurrente participación de los mismos abogados en causas con características criminales casi idénticas. La doctora Alanís, abogada del padre de Agostina en el caso Barrelier, es la misma profesional que defiende a Riveros Mesa por el femicidio de Camila Merlo.

Esta coincidencia llama la atención de los investigadores: los mismos actores legales aparecen vinculados a distintos casos que comparten un «modus operandi» idéntico. El reconocido penalista Nayi también forma parte de este escenario recurrente como querellante en la causa de Agostina, cerrando el triángulo de nombres que se repiten.

La polémica crece al analizar los costos. En el ambiente judicial se cuestiona cómo acusados de bajos recursos acceden a defensas legales tan costosas y de alto perfil. Mientras abogados como Daniela Morales afirman trabajar ad honorem por las víctimas, el financiamiento de las defensas de los imputados sigue bajo la lupa

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