La Municipalidad de La Calera quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que la Justicia realizara allanamientos en distintas oficinas municipales para secuestrar documentación relacionada con sumarios administrativos, expedientes internos y legajos de empleados. La investigación avanza a partir de graves denuncias presentadas por trabajadores y contratados que aseguran haber sido víctimas de persecución laboral, sanciones arbitrarias y supuestas “causas armadas” con el objetivo de justificar despidos dentro de la gestión encabezada por el intendente Fernando Rambaldi. La situación generó un fuerte impacto político y social en la ciudad, especialmente entre empleados municipales y vecinos que siguen de cerca el conflicto. Las denuncias fueron inicialmente recibidas por la Fiscalía, pero debido a la gravedad de los hechos y a la posible existencia de delitos vinculados al uso irregular de funciones públicas, los expedientes fueron derivados al Fuero Penal Económico. La Justicia ahora intenta determinar si existieron maniobras deliberadas dentro del municipio para fabricar pruebas, alterar documentación o utilizar el aparato administrativo como herramienta para desplazar trabajadores. Uno de los casos más sensibles es el de un empleado municipal de planta permanente que trabajaba desde hacía años en el área de recolección de residuos y que terminó siendo cesanteado bajo acusaciones de robo de combustible. Según la denuncia presentada por sus abogados, el sumario administrativo que derivó en su despido habría sido construido con documentación falsa y testimonios manipulados. Los denunciantes sostienen que existieron omisiones deliberadas en las actas oficiales y que se habría ocultado información clave aportada por testigos que indicaban que las irregularidades investigadas correspondían a otro vehículo municipal y no al trabajador sancionado. La presentación judicial también apunta contra funcionarios municipales de distintas áreas, incluyendo al asesor letrado del municipio, al secretario de Infraestructura y al propio intendente Rambaldi. Los abogados denunciantes aseguran que hubo una concentración irregular de funciones dentro del proceso administrativo y cuestionan la legalidad de los procedimientos utilizados para aplicar sanciones y cesantías. Incluso afirman que algunos decretos no habrían respetado mecanismos obligatorios establecidos por el estatuto municipal. En paralelo, otra causa reúne las denuncias de varios empleados del área de monitoreo y call center municipal, algunos con más de veinte años de antigüedad y sin antecedentes disciplinarios. Los trabajadores aseguran que comenzaron a sufrir hostigamientos, informes negativos y acusaciones internas luego de ser trasladados de funciones durante el año pasado. Según exponen, muchas de las faltas que se les atribuyen habrían sido exageradas, tergiversadas o directamente inventadas para construir expedientes disciplinarios que terminaran justificando sanciones o despidos. Entre las acusaciones aparecen supuestas negligencias laborales, incumplimientos de protocolos, abandonos de puestos de trabajo y fallas operativas vinculadas al sistema de monitoreo urbano. Sin embargo, los denunciantes afirman que gran parte de esas imputaciones fueron armadas utilizando registros incompletos, informes sesgados e incluso cámaras de seguridad usadas de manera irregular para controlar a empleados. También sostienen que se intentó instalar un clima de presión constante dentro de distintas áreas municipales. Desde la gestión municipal rechazan completamente las acusaciones y aseguran que las investigaciones internas forman parte de un proceso de ordenamiento iniciado tras asumir el gobierno local. Funcionarios de la administración Rambaldi sostienen que encontraron numerosas irregularidades heredadas de la gestión anterior y que los sumarios administrativos responden a hechos concretos detectados mediante auditorías y controles internos. Entre las situaciones mencionadas aparecen casos de presunto robo de combustible, utilización indebida de bienes municipales, conexiones eléctricas clandestinas, documentación falsa y maniobras administrativas irregulares. Además, desde el oficialismo vinculan las denuncias actuales con sectores políticos cercanos a la anterior administración encabezada por el exintendente Rodrigo Rufeil. Según expresaron desde el municipio, muchas de las personas denunciantes tendrían relación política o jurídica con exfuncionarios y formarían parte de una disputa más amplia vinculada a investigaciones impulsadas por la actual gestión contra decisiones tomadas durante el gobierno anterior. Mientras tanto, la documentación secuestrada durante los allanamientos será ahora analizada por la Justicia para determinar si los expedientes administrativos fueron confeccionados de manera legal o si existieron irregularidades destinadas a perjudicar laboralmente a empleados municipales. La investigación recién comienza, pero el caso ya generó una fuerte repercusión política en La Calera y promete seguir sumando tensión en las próximas semanas. Navegación de entradas ¿Para qué sirve la Comunidad Regional? El ‘espanto’ económico que sentó a todos los intendentes en la misma mesa
