Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias En el corazón del departamento Punilla, la pequeña localidad de Casa Grande se enfrenta hoy a una controversia que trasciende lo puramente administrativo para adentrarse en el terreno de la ética pública y las prioridades de gestión tras la publicación del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2026. Según se desprende de la Resolución de Comisión N° 0014/2025, la administración comunal ha fijado un techo de gastos e ingresos de 2.158.000.000 de pesos, una cifra que, analizada en detalle a través de sus planillas anexas, revela una brecha presupuestaria que resulta difícil de justificar bajo cualquier estándar de equidad social. El dato más alarmante y que ha encendido las alarmas de los observadores más críticos es la asignación de $52.000.000 de pesos anuales para el sueldo del Presidente Comunal Miguel Moreno, lo que equivale a una remuneración mensual de aproximadamente $4.333.333 de pesos, una cifra que contrasta de manera violenta con los fondos destinados a los sectores más vulnerables de la comunidad. Mientras la máxima autoridad asegura para sí una renta de privilegio, la partida denominada «Ayuda Pobres, Carenciados e Indigentes» apenas cuenta con un presupuesto total de $2.000.000 de pesos para todo el año 2026, lo que deja al descubierto una escala de valores donde el bienestar de un solo funcionario jerárquico pesa 26 veces más que la asistencia directa a toda la población en situación de indigencia de la localidad. Esta disparidad adquiere una dimensión aún más crítica si se considera el contexto sociodemográfico de Casa Grande, una localidad que, de acuerdo con los datos definitivos del Censo Nacional 2022 procesados por el INDEC, contaba con apenas 1.406 habitantes y 867 viviendas. Aunque a mayo de 2026 se estima un ligero crecimiento poblacional, las dimensiones del pueblo siguen siendo las de una comunidad pequeña donde las carencias suelen ser visibles y los recursos, por definición, escasos. Resulta paradójico que en un municipio de estas características, el Artículo 3° de la mencionada resolución establezca que las remuneraciones de las autoridades superiores se fijarán bajo los lineamientos de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, pero que el resultado final en las planillas de ejecución sea un salario que parece pertenecer a una realidad económica totalmente ajena a la de sus representados. La pregunta que surge de manera inevitable es qué criterio de razonabilidad se aplicó para decidir que el sostenimiento de una sola figura política deba absorber recursos que superan por un margen abrumador a todo el sistema de protección social local, el cual debe conformarse con una cifra que, en términos reales y frente a la inflación proyectada, resulta prácticamente simbólica para atender las necesidades básicas de salud, alimentación o vivienda de los más postergados. El análisis exhaustivo de los documentos revela que esta desproporción no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de una estructura de gasto que prioriza el funcionamiento de la alta burocracia por sobre los servicios directos al ciudadano. Por ejemplo, mientras la ayuda social se congela en esos 2.000.000 de pesos, existen otros rubros dentro del ítem de personal que también superan con creces el presupuesto de asistencia, como el adicional por «Puntualidad y Asistencia» que asciende a $44.000.000 de pesos, o el «Adicional No Remunerativo Personal Permanente» fijado en 46.000.000 de pesos. Estas cifras sugieren que la administración de Casa Grande ha decidido blindar económicamente a su núcleo político y administrativo, incluso por encima de áreas sensibles como «Defensa Civil», que cuenta con apenas 500.000 de pesos, o «Cultura y Recreación», presupuestada en 2.000.000 de pesos, el mismo monto que la ayuda social. Esta configuración presupuestaria plantea un interrogante profundo sobre la representatividad de quienes firman estas resoluciones, en este caso el presidente comunal y la tesorera, quienes a través de la Resolución 0014/2025 han legalizado una distribución de la riqueza pública que parece ignorar la vulnerabilidad de sus vecinos en favor de una burocracia de élite. Finalmente, es imperativo señalar que este esquema se ve reforzado por las facultades discrecionales que el propio cuerpo normativo se otorga en su Artículo 9°, el cual permite al Departamento Ejecutivo Comunal realizar compensaciones de rubros y partidas mediante resoluciones internas de presidencia, siempre que no se altere el monto total del presupuesto. Esto significa que, incluso con esta distribución ya desigual, existe la posibilidad técnica de que el Ejecutivo mueva aún más fondos hacia áreas de su interés sin un control legislativo externo inmediato. En una localidad de poco más de mil habitantes, donde el presupuesto total de dos mil millones de pesos debería ser una herramienta de transformación y equidad, la existencia de una brecha de 26 a 1 entre el salario del mandatario y la ayuda a los pobres no es solo un dato estadístico, sino un síntoma de una gestión que parece haber perdido el contacto con la realidad social de su territorio. La transparencia en el manejo de estos fondos, detallada en las trece páginas de anexos de la resolución, cumple con la forma legal pero falla estrepitosamente en el fondo ético, dejando a la comunidad de Casa Grande ante la amarga realidad de un presupuesto diseñado por y para la política, dejando las sobras de la administración para quienes más lo necesitan. Navegación de entradas Allanaron la Municipalidad de La Calera por denuncias de “causas armadas” para despedir empleados
