La localidad de Santa María de Punilla se encuentra conmocionada tras el brutal femicidio de Rocío Belén Gómez, ocurrido la madrugada del pasado 20 de julio de 2026. La joven madre de tres hijos fue asesinada en su propia vivienda luego de haber compartido un festejo familiar en el que se encontraba presente el agresor. El ataque fue perpetrado con extrema saña, ya que la víctima recibió más de diez puñaladas, cinco de las cuales afectaron órganos vitales. Rocío falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por la gravedad de las heridas, según confirmaron los informes médicos y la fiscalía a cargo de la investigación. El principal sospechoso y único detenido es su expareja, Maximiliano Baudraco, quien fue capturado por la Policía de Córdoba pocas horas después en un descampado cercano. Actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje bajo la imputación de homicidio calificado por el vínculo y violencia de género. Este trágico desenlace puso en evidencia graves fallas del sistema judicial, ya que Baudraco contaba con una restricción de acercamiento vigente al momento del crimen. Además, el agresor ya tenía una condena condicional previa por violencia de género contra Rocío que nunca fue revocada a pesar de sus constantes incumplimientos. Ante la indignación colectiva, el pasado martes 28 de julio se llevó a cabo una masiva marcha en el «Semáforo de la Guitarra» sobre la Ruta 38. Familiares, vecinos y agrupaciones como Ni Una Menos se unieron en un grito unánime de justicia por el asesinato de la joven madre. Los manifestantes centraron sus reclamos en el desempeño de los magistrados, solicitando la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el juez Javier Rojo. Se lo cuestiona severamente por haber otorgado la libertad condicional al femicida a pesar de los riesgos procesales y antecedentes de violencia. Durante la movilización, la comunidad también exigió a la Municipalidad la apertura urgente de un «Punto Mujer» con presupuesto propio y profesionales permanentes. El objetivo de este pedido es garantizar un acompañamiento real a las denuncias locales y evitar que se repitan situaciones de desprotección. La marcha sirvió además para visibilizar el caso de Eliana Luján, otra joven de la zona asesinada en septiembre de 2024 cuya causa permanece sin detenidos. Los vecinos denunciaron que la inacción fiscal en estos casos consolida una estructura de poder patriarcal que desprotege a las mujeres. Finalmente, se reclamó al gobierno provincial la asignación de fondos para poner en funcionamiento el fuero de violencia en los tribunales de Cosquín. Mientras la fiscal Silvana Pen avanza con la causa penal, la sociedad de Punilla exige respuestas institucionales concretas para frenar la violencia. Navegación de entradas Blas Correas: a 6 años del crimen que rompió el silencio policial, quiénes están presos y qué pasó con el poder político
