En agosto de 2026, se cumplen seis años de la madrugada que marcó un antes y un después en la justicia de Córdoba tras el asesinato de Blas Correas. El adolescente de 17 años perdió la vida en un operativo que desnudó las prácticas más oscuras de la violencia institucional y el gatillo fácil. Todo comenzó el 6 de agosto de 2020, cuando Blas y sus amigos circulaban en un Fiat Argo y tuvieron un altercado menor con unos motociclistas en la ciudad. Estos últimos denunciaron falsamente un intento de robo, lo que llevó a la policía a montar un retén con armas desenfundadas sobre la avenida Vélez Sársfield. Ante el temor que generó la presencia policial, el joven conductor del vehículo intentó evadir el control acelerando, lo que provocó una respuesta letal de los uniformados. Los cabos Gómez y Alarcón dispararon seis veces contra el auto, logrando que un proyectil impactara fatalmente en la espalda del adolescente que iba en el asiento trasero. En un intento desesperado por salvarlo, sus amigos lo llevaron al Sanatorio Aconcagua, pero el personal médico se negó rotundamente a asistirlo mientras estaba dentro del auto. Poco después, fueron interceptados por un masivo despliegue policial en el cual se constató que Blas ya no presentaba signos vitales al momento de la detención. Durante los momentos posteriores al crimen, la cúpula policial coordinó una maniobra ilegal para plantar un arma vieja calibre .22 y así simular un enfrentamiento inexistente. Esta farsa fue descubierta gracias a la confesión de la agente Wanda Esquivel, quien admitió haber arrojado el revólver por orden directa de sus superiores jerárquicos. El primer juicio concluyó en marzo de 2023 con una sentencia histórica que condenó a los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón a la pena de prisión perpetua. El Tribunal Superior de Justicia ratificó estas condenas en 2026, rechazando todos los recursos presentados por las defensas de los autores materiales del hecho. Junto a los tiradores, otros nueve efectivos policiales recibieron penas de prisión efectiva por delitos relacionados al encubrimiento agravado y la falsedad ideológica en el proceso. Entre ellos se encuentran los oficiales Soria, González y Galleguillo, quienes continúan cumpliendo sus sentencias en establecimientos carcelarios de la provincia de Córdoba. Actualmente, el comisario Juan Antonio Gatica y el cabo Leandro Quevedo se encuentran encarcelados tras haber estado prófugos y entregarse finalmente a las autoridades de la justicia. Por su parte, la agente Wanda Esquivel permanece cumpliendo su condena de tres años bajo la modalidad de prisión domiciliaria por su colaboración. En cuanto a quienes recuperaron su libertad, los cabos Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza fueron absueltos de culpa y cargo durante el veredicto del juicio oral de 2023. Asimismo, agentes como Ezequiel Vélez y Juan Orlando Ramírez gozan de libertad condicional al haber recibido penas menores de ejecución en suspenso. El caso continúa abierto en un segundo tramo judicial que investiga la responsabilidad política del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y otros diez funcionarios de alto rango. Se les acusa de abuso de autoridad y de organizar maniobras para ocultar la verdad detrás del asesinato que conmocionó a la sociedad argentina. Navegación de entradas Luis Juez rompe el silencio sobre el pacto Milei-Llaryora: «El Presidente va a jugar a morir en Córdoba»
