Desalojo en Salta: Diaguitas expulsados en Las Pailas. Vínculos de los Wayar e intereses de lujo tras el fin de la Ley 26.160 de Milei. Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias El paraje San Gabriel en Las Pailas, Salta, se convirtió el viernes 12 de junio de 2026 en el epicentro de una militarización policial sin precedentes en la historia reciente de Cachi. Un operativo compuesto por entre 400 y 600 efectivos de Infantería irrumpió en el territorio para ejecutar una orden de desalojo firmada por la jueza María Fernanda Diez Barrantes. Lo que inicialmente se presentó como un trámite legal sobre un predio específico, derivó en una acción masiva que dejó a decenas de familias a la intemperie. La desproporción del despliegue policial ha sido uno de los puntos más críticos señalados por la comunidad Diaguita Kallchaki, quienes denunciaron el uso de balas de goma y violencia física. Aunque la orden judicial original afectaba únicamente a un comunero por una parcela de 4 hectáreas, la fuerza policial avanzó sobre una extensión de 44 hectáreas. Esta extralimitación funcional resultó en la destrucción de viviendas, corrales e infraestructura productiva de familias que ni siquiera figuraban en el litigio. Entre los afectados por esta expulsión forzada se encuentran niños, ancianos y personas con discapacidad, quienes vieron cómo sus pertenencias quedaban desparramadas a la intemperie. La comunidad ha resaltado el impacto humanitario de la medida, la cual fue ejecutada estratégicamente durante un fin de semana largo para dificultar la presentación de amparos judiciales. Hoy, muchas de estas familias se refugian en salones comunitarios mientras intentan recuperar sus medios de vida agrícolas. Detrás del reclamo de tierras se encuentra la familia Wayar, un apellido con un peso histórico y político innegable en la provincia de Salta. Los impulsores de la demanda, Florencia y Oscar Wayar, son primos del ex vicegobernador Walter Wayar, lo que alimenta las sospechas de vínculos de influencia en el poder judicial. La comunidad sostiene que esta relación cercana entre la demandante y la jueza Diez Barrantes facilitó un oficio ambiguo que permitió el atropello. Curiosamente, el conflicto ha generado una fractura pública dentro de la propia familia terrateniente, evidenciando las contradicciones morales del caso. María Eugenia Wayar, antropóloga y hermana del ex vicegobernador, repudió enérgicamente el accionar de sus familiares y de la justicia provincial. Ella denunció que la expulsión de las familias originarias es «terrible» y criticó la falta de compromiso del intendente local ante el desamparo de los comuneros. Las sospechas sobre el destino final de las tierras apuntan a proyectos de turismo «boutique» e inmobiliarios de lujo, orientados principalmente al mercado extranjero. Miembros de la propia familia Wayar y referentes comunitarios advierten que se busca «limpiar» el territorio de campesinos para construir hoteles de alta gama. Se critica que estos desarrollos suelen carecer de infraestructura básica como cloacas, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental y los recursos hídricos locales. Además del auge turístico, existen intereses extractivos latentes que valorizan el suelo de Las Pailas, ubicado estratégicamente al pie del Nevado de Cachi. Se han identificado al menos 14 cateos mineros en la zona cordillerana cercana, lo que añade una capa de complejidad económica al conflicto territorial. A esto se suma la presión de la industria vitivinícola de exportación, que busca expandir sus viñedos en zonas de alta montaña tradicionalmente indígenas. El contexto nacional ha sido determinante para que este conflicto estallara con tal nivel de violencia, bajo la gestión presidencial de Javier Milei. La firma del DNU 1083/2024 marcó un punto de inflexión al dar por terminada la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta normativa funcionó durante 18 años como un escudo legal que suspendía los desalojos de comunidades originarias en todo el país. Para el gobierno de Milei, la protección colectiva de las tierras indígenas representaba una fuente de «inseguridad jurídica» para los titulares registrales. El discurso oficial sostiene que el derecho a la propiedad privada es inviolable y debe prevalecer sobre las ocupaciones que consideran ilegítimas. Bajo esta lógica, se busca destrabar tierras para grandes inversiones, integrándolas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promovido por el Ejecutivo. En paralelo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha sufrido un vaciamiento institucional que lo dejó incapacitado para defender a las comunidades. El organismo fue disuelto como ente autárquico y absorbido por la Jefatura de Gabinete, perdiendo su autonomía de gestión independiente. Con el presupuesto congelado y una nueva directiva alineada con los propietarios privados, el INAI se convirtió en un observador pasivo del desalojo en Cachi. El nudo jurídico del caso Las Pailas reside en el choque entre el derecho civil tradicional y el derecho constitucional de los pueblos originarios. La familia Wayar ostenta títulos de propiedad (Matrícula 1025) que les otorgan el derecho legal de uso y disposición de la tierra según el Código Civil. Por su parte, la comunidad invoca el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza la posesión de tierras tradicionales. Un punto crítico que debilitó la defensa de los comuneros fue la existencia de antiguos contratos de arriendo firmados con los Wayar. En la justicia civil, quien firma un contrato de alquiler reconoce que el dueño es otro, lo que técnicamente anula la figura de «posesión con ánimo de dueño». Este detalle legal fue el «talón de Aquiles» que permitió a los titulares registrales avanzar judicialmente tras considerar que los contratos habían vencido. A pesar de la desprotección estatal, la comunidad Diaguita Kallchaki ha mostrado una fuerte capacidad de resistencia y organización social. Tras el desalojo, se produjeron movilizaciones masivas en Cachi y Salta Capital, contando con el apoyo de autoridades tradicionales de otras 14 etnias de la provincia. Los referentes denuncian que se intenta «borrar» su preexistencia milenaria, la cual acreditan con datos arqueológicos de hace 9,000 años. La contundencia de las irregularidades procedimentales obligó a la justicia salteña a dictar una restitución inmediata de las tierras dos semanas después del operativo. Se determinó que el desalojo fue defectuoso al afectar a terceras familias que no eran parte del litigio y por el impacto humanitario causado. Aunque las familias han regresado a sus hogares, el conflicto de fondo sobre la titularidad definitiva sigue abierto y en espera legal. La comunidad ha anunciado que avanzará con un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Diez Barrantes por su mal desempeño en el operativo. Responsabilizan tanto al estado provincial como al nacional por la violencia ejercida y los daños materiales en sus cultivos de poroto y pimiento. El caso Las Pailas queda como un símbolo de la lucha por la tierra en Argentina, donde los intereses de lujo chocan frontalmente con las raíces ancestrales. Navegación de entradas El calvario de Nelson Madaf: tortura y muerte por un crimen que nunca existió Escándalo y caída: cuántos cargos tuvo Manuel Adorni hasta su renuncia
