En Anizacate, Eduardo y su madre denuncian golpizas, 20 días presos y amenazas de muerte policiales tras ser agredidos por el exoficial Ferrer. En la localidad de Anizacate, provincia de Córdoba, lo que comenzó como una disputa comercial por un flete terminó en un grave caso de violencia institucional, agresiones físicas y detenciones arbitrarias que involucran a la policía local y a las más altas autoridades municipales. Los damnificados, Eduardo Jesús Carranza (un hombre con discapacidad) y su madre, María Cristina Santores, denuncian haber sido víctimas de un sistema que protegió al agresor y los criminalizó a ellos por intentar defenderse. El origen del conflicto: La agresión de «El Oso» Ferrer De acuerdo al relato brindado por los denunciantes en una nota a un medio local y a VEA noticias, el incidente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando la familia contrató a Edgardo Ferrer, conocido como «El Oso», un policía retirado, para realizar el traslado de un freezer y maquinaria de trabajo. Según el relato de las víctimas, Ferrer pretendía cobrar una cifra excesiva de 60.000 pesos por el viaje. Ante el reclamo por el precio, el ex policía reaccionó con extrema violencia: le propinó una trompada a Eduardo Carranza, lo tiró al suelo y le rompió el celular. Como consecuencia del golpe, Carranza sufrió una caída que le provocó lesiones graves. Estudios médicos y resonancias posteriores confirmaron que tiene comprometido el nervio dentro del oído. A pesar de que vecinos y testigos presenciales increparon al agresor por su brutalidad, la situación empeoró drásticamente cuando llegó la fuerza policial. De víctimas a detenidos: La intervención de 30 policías Al llegar al lugar, la policía de Anizacate, en lugar de auxiliar a la víctima golpeada, entabló diálogo con el agresor. Según Santores, Ferrer les dijo a los oficiales: «Llévalos a todos, están locos». En cuestión de minutos, lo que era un procedimiento de rutina se transformó en un despliegue desmedido de aproximadamente 30 efectivos. La familia denuncia que los oficiales ingresaron al predio donde residen (un camping) y procedieron a golpearlos brutalmente. María Cristina Santores, de 70 años, relató que los policías le reventaron los dedos de los pies y le dejaron moretones en las piernas. Ambos fueron detenidos bajo el cargo de «resistencia a la autoridad». 20 días en la cárcel de Bouwer y hostigamiento institucional A pesar de que Eduardo Carranza cuenta con un carné de discapacidad, esto no impidió que tanto él como su madre fueran trasladados a la cárcel de Bouwer, donde permanecieron presos durante 20 días. Durante el tiempo en que la familia estuvo privada de su libertad, denuncian que la violencia institucional continuó por parte de las autoridades civiles. Según el testimonio de las víctimas, la intendente de Anizacate, Natalia Contini, habría aprovechado su ausencia para enviar personal a romper el tejido de su propiedad. Identificación de los responsables y amenazas de muerte Las víctimas han identificado formalmente a los policías involucrados en las agresiones y detenciones: Guzmán, Julieta Miller, Ponce, Cofa y Quintana. Sobre el agresor inicial, Edgardo Ferrer, señalan que es una persona con antecedentes de violencia hacia vecinos y animales, y que vive en la calle Cumbrecita. Tras recuperar la libertad, la familia asegura vivir bajo un constante estado de persecución, hostigamiento y amenazas de muerte por parte de al relatar el miedo con el que conviven actualmente. El caso ya ha sido llevado ante la Fiscalía y el Tribunal de Conducta Policial, donde se presentaron las pruebas de las lesiones, los certificados de discapacidad y las constancias de la detención, en busca de justicia frente a lo que consideran un atropello sistémico en la localidad de Anizacate. Navegación de entradas Barrelier negó el femicidio y se abstuvo de declarar: homicidio triple calificado Escándalo en Deán Funes: preso por grooming operaba desde la cárcel
