Passerini pidió renuncia masiva de funcionarios: carnets truchos, droga y un femicida

El femicidio de Agostina Vega ha actuado como el catalizador definitivo de una crisis institucional que ya se gestaba en las entrañas de la Municipalidad de Córdoba, obligando al intendente Daniel Passerini a descabezar de forma masiva el área de Tránsito y Transporte.

El femicidio de Agostina Vega ha actuado como el catalizador definitivo de una crisis institucional que ya se gestaba en las entrañas de la Municipalidad de Córdoba, obligando al intendente Daniel Passerini a descabezar de forma masiva el área de Tránsito y Transporte. Esta decisión, presentada como una reestructuración profunda, llega tras una acumulación de escándalos que incluyen desde circuitos ilegales de licencias de conducir hasta vínculos con el narcomenudeo, exponiendo una fragilidad alarmante en los controles internos del Palacio 6 de Julio. La caída de Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen y empleado de la repartición, desnudó no solo la desidia administrativa, sino también una red de protección política que permitió que una persona con antecedentes penales recientes circulara con total libertad por los pasillos oficiales.

La situación en la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito ya era crítica semanas antes del crimen, cuando la fiscal Paula Bruera desbarató una organización dedicada a la emisión de «licencias truchas» dentro de la Escuela Municipal de Tránsito. La operatoria consistía en el cobro de dinero para otorgar registros legales evadiendo todos los exámenes médicos, psicológicos y prácticos, estimándose una estafa que superaba los 30 millones de pesos con más de un centenar de carnets irregulares emitidos. Sin embargo, el escándalo escaló cuando los allanamientos revelaron que el área también funcionaba presuntamente como un punto de red de narcomenudeo, incautándose armas y estupefacientes en domicilios de empleados municipales vinculados a la repartición.

El caso de Claudio Barrelier es, quizás, la muestra más obscena de la falla estatal en el control de sus recursos humanos; el acusado había ingresado como becario en 2021 y, a pesar de haber estado detenido 20 días en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad, regresó a su puesto sin que ninguna autoridad objetara su retorno. Resulta inexplicable desde una óptica de gestión profesional que un agente falte 15 días hábiles por estar preso y sea reincorporado como si nada hubiera ocurrido, e incluso beneficiado con un pase a planta permanente en decretos masivos recientes sin un cotejo básico de antecedentes penales. Esta laxitud alimentó las sospechas de que Barrelier gozaba de un blindaje político que le permitía «dibujar» sus ausencias ante la mirada indiferente o cómplice de sus superiores.

Burocracia o complicidad

Ante la virulencia de las denuncias, surge la pregunta ineludible de por qué el intendente Passerini no intervino el área de manera drástica cuando estallaron los escándalos de corrupción y drogas semanas atrás. La respuesta oficial se ha refugiado en un argumento burocrático: la supuesta falta de notificación judicial sobre la detención de Barrelier en mayo, lo que habría impedido al área de Recursos Humanos actuar preventivamente. No obstante, esta explicación resulta insuficiente para una ciudadanía que observa cómo la gestión intentó inicialmente «encapsular» los problemas como hechos aislados de empleados de bajo rango, evitando una purga que tocara las jerarquías políticas de la Subsecretaría.

El costo político de intervenir a fondo parece haber sido el principal freno para una acción temprana, dado que el área de Tránsito funcionaba históricamente como una «caja política» y refugio de punteros territoriales. En el centro de esta trama aparece el concejal oficialista Ricardo Moreno, señalado como el nexo directo que impulsó la incorporación y permanencia de Barrelier en el municipio. Romper con estas estructuras de «acomodos» implicaba para Passerini una fractura interna en el peronismo local que no estaba dispuesto a asumir hasta que el clamor social por el femicidio de Agostina tornó la situación políticamente insostenible.

Además de la crisis en Tránsito, la gestión enfrenta de forma simultánea denuncias por presunta corrupción en el área de Transporte, específicamente en la empresa estatal TAMSE. La oposición, encabezada por el senador Luis Juez, ha judicializado la contratación de 350 colectivos con sobreprecios estimados en 1,7 millones de pesos por unidad, sumado al hecho de que una parte considerable de esa flota ni siquiera se encuentra operativa. Este escenario de irregularidades en múltiples frentes sugiere una degradación sistémica de los controles municipales que el Ejecutivo local no pudo o no quiso ver a tiempo.

Limpieza de urgencia

La decisión de exigir renuncias masivas 24 horas después de las multitudinarias marchas del «Ni Una Menos» del 3 de junio no parece ser un acto de convicción administrativa, sino una maniobra de control de daños ante una presión social extrema. Con más de 100.000 personas en las calles de Córdoba apuntando a la complicidad estatal y la falta de perspectiva de género en la contratación de personal, el intendente se vio forzado a sacrificar piezas para evitar que el costo político escalara directamente hacia su figura. Se trata de un intento de recuperar la iniciativa política tras haber quedado a la defensiva por la vinculación directa de un empleado municipal con un crimen atroz.

En este contexto, la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante ha generado un nuevo foco de conflicto, con una oposición que denuncia que el oficialismo busca «salvarlo» enviándolo al banco de suplentes en lugar de una expulsión definitiva. Para los sectores críticos, este movimiento es cosmético y no representa una sanción real ante la inconducta ética de haber sostenido a una persona con antecedentes peligrosos en la estructura pública. El desplazamiento de funcionarios y la promesa de una «reestructuración profunda» son vistos por muchos como un velo para limpiar la imagen municipal sin desmantelar de raíz las redes de clientelismo que permitieron que estos escándalos proliferaran.

Finalmente, la tardía reacción de Passerini deja un interrogante abierto sobre la integridad de las instituciones cordobesas y la seguridad de sus ciudadanos. Si el control de antecedentes y la transparencia en las contrataciones solo se activan ante la tragedia, el Estado municipal queda expuesto no como un garante de derecho, sino como un ente reactivo que prioriza la supervivencia política sobre la eficiencia administrativa. La purga actual, aunque necesaria, llega marcada por la sombra de una Agostina que no encontró en el Estado la protección que sus propios agentes, protegidos por el anonimato burocrático y el padrinazgo político, terminaron vulnerando.