Casa Grande: un peaje de $8370 que silencia al vecino. Cuando reclamar es un lujo

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

La aprobación de la Resolución de Comisión Nº 0013/2025, que establece la Tarifaria para este 2026 en la Comuna de Casa Grande, ha puesto bajo la lupa un punto que atenta directamente contra la fluidez del vínculo entre el Estado local y sus ciudadanos. Se trata del polémico Artículo 33°, incluido bajo el Título XIV de «Derechos de Oficina», el cual establece de manera taxativa que todo trámite, gestión o expediente que se inicie a través de la Mesa de Entradas comunal deberá abonar, de movida, un sellado base de $8.370,00. Esta cifra, que a simple vista podría parecer un mero gasto administrativo de papelería, se constituye en los hechos como una verdadera «aduana interna» o un peaje económico que todo vecino debe sortear simplemente para ejercer su derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, transformando lo que debería ser un canal de comunicación abierto en un servicio tarifado y excluyente.

El impacto de esta medida no es solo económico, sino profundamente simbólico y democrático, ya que impone una carga monetaria a la participación ciudadana básica. Cuando un vecino de Casa Grande detecta una luminaria rota, un bache peligroso o desea realizar una consulta sobre su situación catastral, se encuentra con que el solo hecho de «abrir el juego» administrativo le cuesta más de ocho mil pesos. Esta barrera actúa como un desincentivo natural: el ciudadano, frente al costo que implica formalizar un reclamo, muchas veces opta por el silencio o la resignación, lo que genera un peligroso distanciamiento entre las necesidades reales de la comunidad y la agenda de la gestión comunal. En un contexto donde se pregona la modernización y la cercanía, cobrar una cifra fija por el mero ingreso de una nota por Mesa de Entradas parece ser un retroceso hacia una burocracia recaudatoria que prioriza el ingreso de caja por sobre la escucha activa de los contribuyentes.

Analizando en profundidad el esquema de la Resolución, se observa que este cargo de $8.370,00 es apenas la punta de un iceberg de costos administrativos que se ramifican en casi todas las áreas de interacción. Por ejemplo, si un vecino necesita un Certificado de Libre Deuda por parcela, el costo asciende a $16.000,00, y si requiere copias de planos o fotocopias de expedientes, cada unidad tiene un valor de $29.700,00, según el Artículo 34°. Esta estructura de precios sugiere que la Comuna ha decidido trasladar la totalidad del costo operativo de sus oficinas directamente al bolsillo del vecino que gestiona, sin considerar que muchos de estos trámites son requisitos obligatorios impuestos por la propia administración para realizar cualquier movimiento legal o comercial. La «Mesa de Entradas» deja de ser el lugar de bienvenida al ciudadano para convertirse en un mostrador de cobro obligatorio donde la palabra del vecino tiene un precio fijado por decreto.

Finalmente, esta política tarifaria genera una desigualdad evidente en el acceso a la justicia administrativa local. Aquellos vecinos con menores recursos económicos se ven doblemente afectados: no solo sufren las posibles deficiencias en los servicios públicos, sino que carecen del capital para formalizar su queja o pedido de mejora sin que ello afecte su economía doméstica. Al no existir, según la fuente analizada, mecanismos claros de exención para reclamos de interés público o situaciones de vulnerabilidad en este artículo específico, el Artículo 33° termina funcionando como un filtro que selecciona quién puede y quién no puede hablar con la Comuna de manera oficial. En última instancia, lo que está en juego en Casa Grande para este 2026 no es solo el valor de un sello, sino la transparencia de una gestión que parece haber puesto un candado de ocho mil pesos a la puerta principal de su edificio comunal.