¿El fin de la transparencia en Huerta Grande? El polémico artículo que permite al Intendente adjudicar obras millonarias «a dedo»

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

La reciente sanción de la Ordenanza General de Presupuesto 2026 (Nº 1638/2025) en Huerta Grande ha generado un intenso debate técnico sobre los mecanismos de transparencia y control en la obra pública. El eje de la polémica se centra en la flexibilización de los regímenes de contratación, que otorgan al Departamento Ejecutivo facultades para adjudicar proyectos millonarios sin pasar por los procesos tradicionales de licitación. Con un presupuesto total estimado en $10.934.188.000,00, las reglas de juego para el manejo de estos fondos públicos definen no solo la eficiencia del gasto, sino también la seguridad jurídica de los proveedores y el derecho de los vecinos a auditar cómo se utiliza su dinero.

El marco normativo establece en su Artículo 5 un umbral de $98.342.086,00 para las denominadas «Contrataciones Directas». Este monto, que representa aproximadamente el 0,8994% del presupuesto anual, permite al Intendente autorizar compras, suministros o trabajos de manera inmediata siempre que no se supere dicha cifra. Para los vecinos, esto significa que casi 100 millones de pesos pueden ser asignados a una empresa o prestador sin la necesidad de confrontar diversas ofertas en un concurso público, un mecanismo que, aunque agiliza la gestión administrativa, reduce la competencia que suele garantizar mejores precios para el municipio.

Sin embargo, el punto que suscita mayor análisis es el Artículo 56, inciso b, que actúa como una cláusula de excepción sobre los límites monetarios. Esta normativa faculta al Ejecutivo a contratar de forma directa, sin importar el monto de la operación, cuando existan casos de «urgencia manifiesta» o necesidades imperiosas que no permitan esperar los tiempos de una licitación o concurso de precios. Si bien la ordenanza exige que el Ejecutivo remita las actuaciones al Concejo Deliberante dentro de las 48 horas posteriores para su conocimiento, el contrato ya se encuentra perfeccionado para entonces. Esta potestad se complementa con el Artículo 55, que permite omitir licitaciones en casos de obras que solo puedan confiarse a especialistas de «reconocida capacidad» o cuando los llamados a licitación hayan fracasado en dos oportunidades.

Para el manejo del dinero público, este esquema implica un traslado de la responsabilidad desde el proceso (la licitación) hacia la discrecionalidad de la autoridad política. En un escenario de «urgencia manifiesta» —concepto que la ordenanza no define con precisión técnica—, el municipio podría adjudicar obras de infraestructura de gran escala de manera directa. Para los ciudadanos de Huerta Grande, esto representa un desafío en términos de rendición de cuentas: la rapidez para solucionar un problema comunitario mediante una contratación directa debe equilibrarse con la garantía de que el precio pagado no sea superior al de mercado por falta de oferentes. En última instancia, la eficacia de este «cheque en blanco» para casos urgentes dependerá del rigor con que el Concejo Deliberante ejerza su rol de control sobre las justificaciones que presente el Ejecutivo en cada contratación de excepción.