La Falda 2026: el laberinto de la austeridad entre la brecha digital y la apuesta tecnológica

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

El Presupuesto General de la Municipalidad de La Falda para el ejercicio 2026, consolidado bajo la Ordenanza 3802, se despliega como un documento de profunda contradicción interna que intenta navegar entre la retórica de la prudencia fiscal y una agresiva reconfiguración del gasto público hacia la periferia tecnológica. En sus fundamentos, la Secretaría de Hacienda y Finanzas y el área de Recursos Humanos admiten de forma taxativa que la gestión se inscribe en un escenario de restricción económica y tiempos de austeridad, donde la optimización de los recursos se presenta no como una opción, sino como una obligación para sostener la operatividad estatal. Sin embargo, esta narrativa de carestía convive con una proyección de ciudad que pretende insertarse en la vanguardia de la economía del conocimiento, creando una paradoja central en la que un municipio que reconoce atravesar momentos complicados como sociedad decide presionar el bolsillo del contribuyente tradicional para financiar una infraestructura digital que aún se percibe ajena a las urgencias cotidianas del vecino de a pie.

La presión impositiva diseñada para el primer semestre de 2026 establece un esquema de ajuste directo que comienza con un incremento del 29 por ciento en la tasa básica de Servicios a la Propiedad, tomando como base los valores vigentes al 31 de diciembre de 2025. Este aumento, lejos de ser el techo del esfuerzo ciudadano, se complementará a partir del período siete, correspondiente al mes de julio, con una actualización basada en el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, bajo un criterio unificado generado por la propia Secretaría de Hacienda y Finanzas. En esta misma línea de endurecimiento fiscal, la Tasa de Comercio e Industria sufrirá un incremento del 25 por ciento en sus valores mínimos mensuales, mientras que los servicios de cementerio por conservación, limpieza y arrendamiento escalarán un 30 por ciento. El municipio intenta matizar este impacto con incentivos como un descuento del 10 por ciento por pago semestral en enero, pero la realidad normativa es la de una fiscalidad indexada que traslada íntegramente el riesgo inflacionario a una comunidad que ya enfrenta un notable encarecimiento del costo de vida.

Un examen pormenorizado de los adicionales revela una estructura tributaria que, bajo el velo de la modernización, termina penalizando financieramente a los sectores más vulnerables a la brecha digital. El presupuesto fija un cargo por Gastos Administrativos de 1548.00 pesos, que solo se reduce a 516.00 pesos para quienes logren adherirse al cedulón digital, imponiendo de facto un gravamen que triplica el costo para aquellos ciudadanos, mayoritariamente adultos mayores, que dependen del formato físico. Esta penalización se agudiza al observar que la Ordenanza ya establece para el 1 de octubre de 2026 la obligatoriedad de la digitalización de trámites para exenciones de jubilados de cara al período 2027. Resulta una ironía administrativa que, mientras se destinan recursos a programas de alfabetización digital para la tercera edad, el sistema fiscal diseñe barreras de entrada que condicionan el acceso a beneficios tributarios fundamentales a la pericia tecnológica del contribuyente, transformando lo que debería ser un alivio para los adultos mayores en un laberinto de requisitos virtuales que muchos no logran sortear.

Este rigor administrativo aplicado al vecino contrasta de forma estridente con la liberalidad en el gasto destinado a la imagen y la innovación proyectada por la Dirección de Comunicación y el Centro de Innovación Tecnológica (CIT). Mientras el ciudadano promedio lidia con el Fondo de seguridad familiar, el Fondo de prevención ciudadana y el Fondo de Obras Públicas (FOP) que recargan sus tasas, el municipio dispone de una partida total de 81.714.200 pesos para el CIT, de los cuales un 23 por ciento se etiqueta genéricamente bajo el concepto de talento. En un contexto de crisis, la administración prioriza la contratación de influencers para captar público joven en eventos como la Fiesta Nacional del Alfajor y la adquisición de equipamiento de alta gama que incluye drones y smartphones de última generación. La creación de la Academia y Carrera de Videojuegos, orientada a la formación en motores como Unity o Unreal Engine, se financia con recursos que emanan de una base tributaria que hoy paga recargos por el simple hecho de no poseer conectividad, planteando una interrogante ética sobre la distribución de la riqueza comunal en pos de una modernidad de nicho.

La admisión interna de las deficiencias de gestión se hace evidente en la página 9 del documento, donde el Ejecutivo reconoce la necesidad imperiosa de una Revisión del Régimen de Adicionales para el personal municipal. Bajo el objetivo declarado de garantizar equidad y eficiencia, se admite la inexistencia previa de criterios uniformes y transparentes, lo que ha permitido una discrecionalidad manifiesta en la asignación de recursos al capital humano. Esta confesión de desorden administrativo resulta alarmante cuando se vincula con la exigencia de puntualidad y cumplimiento fiscal que se le impone al vecino; el municipio confiesa que carece de una coherencia organizacional interna en el manejo de su nómina, mientras simultáneamente financia con 18 por ciento adicional de la tasa de comercio un Fondo de Turismo, Cultura y Deportes y un 13 por ciento para Saneamiento Ambiental, sin que esté claro cómo se audita la eficiencia de estos recursos en un esquema que el propio gobierno local define como discrecional en su faceta prestacional.

En última instancia, el modelo de gestión moderna que La Falda intenta consolidar para 2026 parece estar construyéndose sobre los cimientos de una desigualdad programada. La ambición de proyectar a la ciudad como un Polo de Conocimiento y un referente de la economía circular, con mediciones de huella de carbono y fomento del ecosistema emprendedor, es un horizonte loable que choca frontalmente con la realidad de un presupuesto que castiga la falta de acceso digital con sobrecostos administrativos del 200 por ciento. La tensión entre la inversión de 81 millones de pesos en alta tecnología y la formación de programadores para Unity frente a una comunidad bajo restricción económica sugiere una desconexión entre la agenda de la innovación y las necesidades básicas de una población que financia drones pero recibe aumentos indexados por IPC.

El éxito de esta gestión no se podrá medir por la sofisticación de sus herramientas de comunicación institucional, sino por su capacidad para evitar que la tecnología se convierta en una nueva frontera de exclusión social que deje atrás a los contribuyentes que sostienen el sistema.