Influencers y drones en tiempos de crisis: el polémico mapa del gasto municipal en La Falda

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

Con el ejercicio financiero de 2026 plenamente en marcha en este 8 de mayo, los vecinos de La Falda se encuentran hoy bajo una presión fiscal que ha rebasado las expectativas iniciales de las familias locales. Si bien la ordenanza de presupuesto estableció un incremento del 29% para la tasa básica de Servicios a la Propiedad durante el primer semestre, esta cifra representa apenas el punto de partida de una carga tributaria mucho más profunda y compleja de desglosar para el contribuyente. La realidad que enfrentan los residentes es que la denominada Tasa de Servicios a la Propiedad ha dejado de ser una contraprestación directa por servicios municipales para convertirse en una vasta plataforma de financiamiento para diversas carteras municipales mediante un sistema de recargos que, sumados, alcanzan un 49% adicional sobre la tasa base, sin contar los cargos fijos. Este esquema obliga a cada hogar a tributar, de manera automática, un 20% para el Sistema de Salud, otro 20% para el Fondo de Prevención Ciudadana, un 5% para el Fondo de Obras Públicas (FOP) y un 4% para Bomberos Voluntarios, sumado al cargo de $516.00 por el Fondo de Seguridad Familiar, lo que transforma la boleta municipal en un laberinto recaudatorio donde el destino del dinero se atomiza en fondos específicos de difícil seguimiento ciudadano.

Esta lógica de «fondos específicos» permite que la administración municipal garantice recursos para áreas de alta visibilidad política y mediática, contrastando fuertemente con el «escenario económico restrictivo» y los «momentos complicados» que la propia gestión admite atravesar en los fundamentos de su normativa. Un ejemplo claro de esta disparidad en las prioridades de gasto se observa en la Dirección de Comunicación, la cual dispone para este año de partidas destinadas específicamente a la contratación de influencers con el objetivo de captar audiencias juveniles, así como a la adquisición de equipamiento tecnológico de alta gama que incluye drones y smartphones de última generación. Mientras el vecino faldense debe asimilar el impacto de los adicionales y un cargo administrativo que puede llegar a los $1548.00 si no se encuentra adherido al sistema digital —lo que representa una penalización de más del triple para quienes carecen de acceso tecnológico—, el municipio destina fondos a estrategias de marketing y herramientas de vanguardia, lo que genera un interrogante ético y administrativo sobre si estos gastos son primordiales frente a la crisis que el mismo gobierno describe.

La situación se torna aún más polémica cuando se analiza la transparencia en la gestión de estos recursos, ya que el área de Recursos Humanos ha reconocido internamente la necesidad de realizar una «revisión integral del régimen de adicionales» del personal para establecer criterios uniformes y, fundamentalmente, para «evitar discrecionalidades» en la asignación de suplementos salariales. Para el vecino, que soporta la carga del 49% en recargos porcentuales para sostener el funcionamiento estatal, esta admisión de discrecionalidad interna refuerza la percepción de un sistema donde el esfuerzo del contribuyente no siempre se traduce de manera eficiente en beneficios comunitarios. En este 8 de mayo de 2026, el debate en los hogares de La Falda no es solo por el 29% de aumento en la tasa básica, sino por cómo se ha institucionalizado una red de cobros adicionales que financia drones e influencers mientras la propia administración admite que su estructura de gastos internos carece de la transparencia necesaria para garantizar que cada peso recaudado se aleje de la arbitrariedad política.