Un grupo de intendentes del interior de la provincia de Córdoba llevó adelante en la jornada del miércoles un fuerte reclamo ante la delegación local del PAMI, en el que exigieron la regularización de deudas acumuladas y la apertura de una instancia formal de diálogo institucional. La convocatoria reunió a unos 50 jefes comunales en representación de más de 150 mandatarios firmantes, quienes advierten sobre un creciente impacto en las finanzas municipales y en la calidad de las prestaciones de salud para adultos mayores.

El planteo central gira en torno a una deuda que, según expresaron, lleva aproximadamente nueve meses sin regularizarse y supera los 9.000 millones de pesos. De acuerdo a lo expuesto, los municipios vienen sosteniendo con recursos propios servicios médicos que corresponden a la obra social nacional, especialmente a través de centros de salud y hospitales municipales que trabajan bajo convenio.

El reclamo fue presentado ante el titular de la delegación Córdoba del PAMI, Eduardo Frayre, a quien se le solicitó la implementación de un esquema de pagos previsible que permita saldar la deuda y evitar que continúe profundizándose el desequilibrio económico en las administraciones locales. Asimismo, se pidió la conformación de una “mesa de trabajo institucional” que permita canalizar los conflictos y mejorar la coordinación entre el organismo y los gobiernos municipales.

En el documento firmado por 159 intendentes y jefes comunales del interior, se advierte que “desde hace meses, nuestros municipios vienen garantizando la atención de afiliados a PAMI, pero se registra una deuda significativa por prestaciones ya realizadas”. En esa línea, remarcaron que esta situación obliga a destinar fondos propios para cubrir obligaciones que corresponden al organismo nacional.

Entre los firmantes se encuentran mandatarios del Valle de Punilla como Fabricio Guevara, Santiago Arenas, Marisel Sánchez y Raúl Cardinalli, quienes respaldaron el pedido colectivo.

Además del reclamo económico, los intendentes plantearon la necesidad de revisar el sistema de traslados en ambulancia, señalando “falencias en la cobertura del servicio” debido a limitaciones operativas de las empresas contratadas. Esta situación, indicaron, obliga a los municipios a asumir costos adicionales para garantizar el traslado de pacientes.

También advirtieron que prestadores privados y farmacias enfrentan demoras en los pagos, lo que genera un deterioro en la calidad de las prestaciones y afecta de manera directa a los jubilados y jubiladas.

En paralelo al reclamo institucional, el encuentro dejó entrever tensiones políticas. Algunas ausencias llamaron la atención, particularmente en el Valle de Punilla. Entre ellas, las del intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, y del legislador departamental Walter Gispert, quienes no participaron de la convocatoria ni firmaron el documento.

Estas ausencias dieron lugar a distintas interpretaciones entre los presentes, algunas de las cuales apuntaron a posibles alineamientos políticos. En ese marco, se mencionó la relación del senador nacional Luis Juez con sectores de La Libertad Avanza, lo que, según versiones recogidas en el lugar, podría haber influido en la decisión de no acompañar el reclamo.

“Están alineados con La Libertad Avanza y no van a hacer nada contra los libertarios, por más justo que sea el reclamo”, expresó un jefe comunal del departamento Punilla que participó del encuentro, en declaraciones que reflejan el clima político que también atravesó la jornada.

Cabe recordar que este planteo se produce días después de que la Legislatura de Córdoba aprobara un proyecto de declaración solicitando la renuncia del titular de la delegación Córdoba del PAMI, en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas institucionales ante la situación que atraviesan los afiliados en la provincia.

Mientras tanto, los intendentes insisten en la necesidad de encontrar soluciones concretas y urgentes, advirtiendo que el actual escenario no solo compromete la sostenibilidad financiera de los municipios, sino también la calidad y continuidad de la atención sanitaria destinada a uno de los sectores más vulnerables de la población.

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