En un caso que revela la capacidad de los delincuentes para organizarse y actuar incluso desde el interior de las cárceles, un preso condenado por abuso sexual fue encontrado utilizando un teléfono móvil para coordinar una red de extorsión digital que afectó a adolescentes en varias provincias. El caso vuelve a poner en evidencia la problemática recurrente del uso ilegal de teléfonos celulares dentro de las cárceles, que facilita la continuidad de actividades delictivas.

El preso, identificado como Brian Cristian Godoy (29), estaba cumpliendo una condena de seis años por abuso sexual cometido en 2019 y había sido imputado en otra causa por grooming en enero de este año. A pesar de estos antecedentes, continuaba con acceso a un dispositivo móvil desde el que organizó el nuevo delito.

La red de extorsión digital se organizó mediante la creación de una falsa propuesta laboral vinculada al modelaje, que prometía pagos cercanos a los 100 mil pesos por sesiones fotográficas. Detrás de la oferta, se escondía una maniobra de manipulación, coerción y violencia que, en algunos casos, derivó en abusos sexuales.

La investigación reveló que al menos 13 jóvenes de entre 14 y 22 años fueron capturadas a través de redes sociales mediante esta falsa propuesta. Los delincuentes utilizaban un comercio de indumentaria como tapadera para hackear las redes sociales de los potenciales victimas, crear confianza y generar expectativas.

Una vez establecido el vínculo, avanzaban con la propuesta laboral y generaban confianza en las adolescentes. Luego, comenzaban a pedirles fotografías personales, inicialmente vestidas, pero progresivamente con menor ropa, bajo la excusa de evaluar su perfil físico. Cuando lograban obtener imágenes íntimas, el esquema cambiaba drásticamente: comenzaba la extorsión.

Amenazaban con difundir el material entre sus contactos si no accedían a enviar contenido sexual más explícito, incluyendo videos. La presión psicológica era constante y aumentaba con el paso de las horas. En varios casos, las víctimas accedieron a las exigencias bajo coerción, lo que derivó en situaciones que la Justicia investiga como abuso sexual.

La investigación tomó impulso el 28 de febrero, cuando se radicaron las primeras denuncias. A partir de allí, intervino la División de Investigaciones Criminales de la Policía, junto con equipos de Cibercrimen y la Policía Judicial, lo que permitió reconstruir el entramado delictivo y ubicar su origen dentro del penal bonaerense.

En las últimas horas, la fiscalía ordenó el allanamiento de la celda en Sierra Chica, así como procedimientos simultáneos en Temperley, Rafael Calzada y La Plata, donde se sospecha que dos mujeres habrían colaborado con la maniobra.

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