Tres muertes, 13 policías imputados y una crisis que vuelve a sacudir a Córdoba

La muerte de Tomás Orihuela dentro de una comisaría de la ciudad de Córdoba volvió a poner bajo la lupa a la Policía provincial y abrió otra vez un debate que en la provincia parece repetirse cada pocos meses: los límites del accionar policial, la preparación de los efectivos y los controles internos sobre quienes patrullan las calles. El caso, que ya tiene a seis policías imputados y a una uniformada detenida, se suma a otros dos episodios ocurridos en apenas 14 meses, todos con un patrón inquietante: jóvenes que murieron luego de ser arrestados en procedimientos cuestionados y efectivos acusados de distintos delitos vinculados a esas muertes.

El fiscal Andrés Godoy, que investiga el fallecimiento de Orihuela, imputó a seis integrantes de la Policía de Córdoba. Las acusaciones incluyen homicidio culposo, privación ilegítima de la libertad, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los acusados hay un comisario y también una jefa de patrulla que quedó detenida. La investigación sostiene que el joven jamás debió haber sido arrestado porque las órdenes de captura que pesaban sobre él ya no estaban vigentes.

Tomás Orihuela tenía 19 años y murió el pasado 25 de abril en una celda de la comisaría 6ª de barrio General Paz. Según determinó la fiscalía, el joven se quitó la vida y el cuerpo no presentaba signos de golpes. Sin embargo, la investigación comenzó a revelar una trama mucho más compleja alrededor de las circunstancias que lo llevaron hasta esa celda. Para la Justicia, hubo una detención irregular y un hostigamiento previo por parte de algunos efectivos que conocían al joven de procedimientos anteriores relacionados con robos de celulares, causas por las que ya había cumplido condena.

Uno de los puntos más delicados del expediente son los mensajes hallados en teléfonos de policías involucrados en el procedimiento. El fiscal analiza conversaciones consideradas comprometedoras y sospecha que Orihuela habría sido perseguido de manera arbitraria incluso después de haber recuperado la libertad tiempo atrás. Antes de morir, el joven había enviado audios a su madre en los que hablaba de presiones policiales, del miedo a regresar a su barrio y de que pudieran “plantarle” algo para volver a detenerlo.

La reconstrucción judicial indica además que Orihuela permaneció durante varias horas dentro de un patrullero antes de ser trasladado a la celda donde terminó ahorcándose. Para la fiscalía, hubo una cadena de decisiones irregulares que derivaron en una tragedia evitable. La causa continúa avanzando y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se analicen pruebas y declaraciones.

El caso no es aislado. Apenas unos meses antes, otro procedimiento policial terminó con la muerte de Samuel Tobares, de 34 años, en Villa Parque Síquiman. Todo ocurrió la noche del 24 de noviembre de 2025, cuando dos policías llegaron a una garita de colectivos tras el llamado de una vecina que denunciaba una discusión con un joven en la zona. Nunca quedó claro si Tobares había participado realmente del conflicto, pero el procedimiento terminó de la peor manera.

Vecinos aseguraron que el hombre fue reducido violentamente en el suelo, golpeado y luego subido esposado a un patrullero. Según varios testimonios, los golpes continuaron incluso dentro del móvil policial mientras era trasladado al hospital Sayago. Samuel llegó muerto. La autopsia determinó que sufrió un shock cardíaco y el fiscal Ricardo Mazzucchi imputó y ordenó detener a dos efectivos de la Departamental Punilla por homicidio preterintencional.

Otro episodio que todavía genera conmoción es el de Guillermo Bustamante, ocurrido el 24 de marzo de 2025 en barrio Villa Páez, en la capital cordobesa. Todo comenzó con un conflicto aparentemente menor en una estación de servicio, cuando un playero llamó a la Policía porque un cliente se negaba a pagar el combustible. Lo que siguió quedó marcado por insultos, forcejeos y una detención extremadamente violenta.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Guillermo González, Bustamante fue golpeado durante el procedimiento y también dentro del patrullero al que había sido subido mientras seguía resistiéndose. El hombre terminó sufriendo un infarto fatal. Aunque inicialmente cinco policías fueron detenidos por homicidio calificado, la acusación luego cambió cuando se conoció que la víctima tenía una enfermedad cardíaca previa. Finalmente, dos efectivos quedaron imputados por homicidio preterintencional y otros tres por encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público.

El cuadro general vuelve a encender alarmas dentro y fuera de la fuerza policial. En apenas poco más de un año, tres hombres murieron después de procedimientos policiales y trece uniformados terminaron imputados. Las causas son distintas, pero todas dejan preguntas similares sobre los métodos de detención, el uso de la fuerza y la falta de controles efectivos.

En la provincia todavía permanece muy presente el recuerdo del crimen de Blas Correas, ocurrido en 2020, un hecho que marcó un antes y un después en la discusión sobre violencia institucional en Córdoba. Aquel caso terminó con once policías condenados, dos de ellos a prisión perpetua, y generó promesas de reformas profundas dentro de la fuerza. Sin embargo, los años siguientes siguieron acumulando denuncias por abusos, muertes y procedimientos violentos.

A esa lista también se suma la muerte de Jonathan Romo, ocurrida en 2022 en La Falda. El hombre había sido detenido en medio de una crisis psiquiátrica y murió luego de ser trasladado a una comisaría, en un episodio que derivará en un juicio abreviado contra tres policías acusados de homicidio culposo, mientras otros dos serán juzgados por encubrimiento agravado.

Con cada nuevo expediente judicial, crece también el cuestionamiento hacia los mecanismos de formación y supervisión policial en Córdoba. Mientras las investigaciones avanzan y las familias reclaman justicia, la sensación que queda instalada es que las tragedias vuelven a repetirse antes de que las heridas anteriores lleguen siquiera a cerrarse.