Un trágico acontecimiento conmociona a la provincia de Córdoba tras conocerse el fallecimiento de Federico Almada, un joven de 25 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El hecho ocurrió en el interior de la Residencia Sumak, un centro de atención integral privado ubicado en la localidad de Valle Hermoso. La noticia generó un profundo repudio social y encendió las alarmas sobre los sistemas de control en este tipo de instituciones neuropsiquiátricas. La familia de Federico denunció de forma pública que el joven fue dejado completamente solo y atado a su cama. Su tía, la legisladora provincial Nancy Almada, asumió la vocería del reclamo y manifestó que el personal de guardia carecía de la preparación necesaria. Los allegados sostienen que esta modalidad de inmovilización forzada sin monitoreo directo constituye un severo acto de abandono de persona. El deceso se produjo el pasado miércoles 5 de agosto de 2026 durante el turno de la noche. Según los primeros datos recabados, el joven se encontraba bajo una supuesta medida de sujeción física en su habitación al momento de descompensarse. La ausencia de una supervisión continua e idónea impidió que recibiera asistencia médica inmediata ante la emergencia, desencadenando el desenlace fatal. Federico se encontraba internado en dicho establecimiento de forma temporal debido a una crisis en su cuadro de salud. Su entorno familiar directo explicó que debieron tomar la drástica decisión de ingresarlo a la residencia de manera apresurada. Ello fue el resultado directo de la falta de respuestas institucionales y de profesionales capacitados disponibles para la atención ambulatoria en su hogar. La desesperación familiar se vio agravada por un laberinto burocrático previo dentro del sistema de salud pública y privada. Los padres expresaron que el rechazo sistemático de coberturas médicas y las trabas administrativas los empujaron a buscar un espacio de internación. Para la familia, cada turno negado representó una forma de discriminación que terminó desprotegiendo por completo la vida de su hijo. La investigación judicial se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, dirigida por la fiscal Silvana Pen. La funcionaria judicial inició las actuaciones de oficio de manera inmediata tras tomar conocimiento del fallecimiento del paciente. El principal objetivo de la fiscalía es determinar si existió negligencia médica, impericia o responsabilidad penal por parte de los directivos del lugar. Hasta el momento, los resultados y conclusiones técnicas de la autopsia de Federico Almada no han sido difundidos públicamente por la Justicia para preservar el secreto de sumario y la investigación en curso. Sin embargo, la línea principal que maneja la fiscal Silvana Pen coincide estrictamente con las pericias iniciales de la escena del hecho. Lo que se investiga a partir de los hallazgos médicos y testimoniales es el fallecimiento en posición de sujeción ya que las pericias confirman que el cuerpo del joven de 25 años fue encontrado en su cama mientras se encontraba atado de pies y manos. Tambien se busca establecer la mecánica de la muerte. Los peritos forenses intentan determinar si la causa del deceso fue una asfixia mecánica (provocada al intentar liberarse de las ataduras), un paro cardiorrespiratorio derivado del estrés extremo o una descompensación sin asistencia médica. Por ultimo se investiga la falta de auxilio oportuno. El informe preliminar de los médicos forenses evalúa el tiempo aproximado en que el joven permaneció sin vida antes de ser descubierto por el personal de la guardia nocturna. El expediente se mantiene bajo estricta investigación en la Fiscalía de Cosquín mientras se completan los estudios anatomopatológicos complementarios. Hasta el día de hoy, las autoridades judiciales y los peritos forenses concentran sus esfuerzos en recolectar pruebas clave. Se han ordenado múltiples allanamientos en la Residencia Sumak para secuestrar los libros de guardia, las historias clínicas y las actas de habilitación vigentes. Asimismo, se aguardan los resultados finales de la autopsia para esclarecer con precisión científica las causas mecánicas de la muerte. A pesar de la gravedad de la imputación social, el establecimiento médico todavía continúa funcionando de forma regular. El Ministerio de Salud de la provincia intervino para auditar las condiciones edilicias y los esquemas sanitarios vigentes, pero no ordenó una clausura preventiva. La justicia optó por mantener bajo observación el lugar mientras se evalúa el destino de los demás pacientes internados. Hasta el momento, la fiscal Silvana Pen no ha dictado imputaciones formales contra personas específicas en la causa penal. La repercusión del caso trascendió rápidamente el ámbito judicial y generó un fuerte impacto político en la Legislatura de Córdoba. Tras el fallecimiento, bloques parlamentarios reactivaron el debate urgente para la aprobación del proyecto de ley denominado oficialmente «Ley Fede». Esta iniciativa legislativa busca establecer la capacitación obligatoria en TEA para todo el personal de salud, educación y fuerzas de seguridad. La comunidad regional y organizaciones de derechos humanos convocaron a marchas para exigir justicia y el cierre definitivo del centro. El reclamo principal apunta a erradicar los métodos de sujeción física en pacientes con padecimientos mentales y garantizar tratamientos dignos. La familia de Federico insiste en que su dolor debe transformarse en una reforma estructural para que un hecho similar jamás vuelva a repetirse. 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