Qué es la Ley Antibúnker y cómo combatirá el crimen organizado en Córdoba

Córdoba: Llaryora impulsó la Ley Antibúnker para intervenir inmuebles delictivos, agilizar desalojos y financiar la lucha contra el narcotráfico.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, procedió a la firma del proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una normativa diseñada para combatir de manera frontal el crimen organizado en la provincia. Esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales específicas para intervenir propiedades que funcionen como centros de comercialización de estupefacientes o refugios delictivos.

La nueva regulación establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de forma proporcional sobre bienes inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia. Se enfoca tanto en búnkeres de venta de drogas como en propiedades en estado de abandono que facilitan la comisión de diversos ilícitos en los barrios.

Según declaraciones del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el objetivo central es acortar significativamente los plazos burocráticos y judiciales que actualmente demoran los desalojos o derribos. El funcionario destacó que la agilidad en la respuesta estatal es clave para recuperar espacios territoriales hoy ocupados por organizaciones criminales de diversa complejidad.

El protocolo previsto incluye una fase de intervención temprana mediante la redacción de actas de constatación e informes técnicos que permitan aplicar medidas preventivas de carácter inmediato. Estas acciones pueden consistir en el cerramiento total, el tapeado de accesos o la clausura provisoria de los inmuebles sospechosos para frenar la actividad delictiva.

Para las situaciones de mayor complejidad vinculadas estrictamente al narcotráfico, el proyecto contempla que la Justicia sea la encargada de ordenar medidas definitivas como la demolición de las estructuras de venta. En caso de que se trate de propiedades usurpadas, se priorizará la restitución rápida del inmueble a sus propietarios legítimos para normalizar la situación.

Uno de los pilares de la propuesta es el destino de los recursos obtenidos, estipulando que el sesenta por ciento de los fondos se asigne al equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El cuarenta por ciento restante se utilizará para financiar programas de prevención y abordaje del narcotráfico gestionados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

El proyecto también prevé la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un registro provincial específico para centralizar el control de los inmuebles y objetos secuestrados en las causas. Estos organismos coordinarán las tareas entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y los diversos municipios y comunas de la región.

Actualmente, el proyecto ya ha ingresado formalmente a la Legislatura provincial para ser tratado en las comisiones de Seguridad y Legislación General con el fin de obtener un tratamiento preferencial. El Gobierno invita a los gobiernos locales a adherir a este régimen mediante convenios de cooperación para fortalecer la presencia estatal en todo el territorio.