Punilla: Secuestran los sistemas de los municipios y exigen una fortuna en bitcoins para devolver los datos

El hackeo a gran escala contra los sistemas informáticos de varias municipalidades (incluyendo Villa Carlos Paz, Cosquín y Tanti) sigue en el centro del debate público. Aunque las empresas prestadoras del servicio descartaron el robo de datos sensibles, se viralizó la confirmación de que los atacantes exigieron un rescate económico en bitcoins para liberar los sistemas de gestión.

El ciberataque masivo en el Valle de Punilla paralizó los sistemas informáticos de recaudación y trámites de los principales municipios de la región. El hackeo no se debió a una falla individual de cada localidad, sino a una vulneración sufrida por la empresa proveedora de software que centraliza sus gestiones.

El hackeo golpeó directamente a Program Consultores S.A. (PGM), una empresa cordobesa que provee plataformas de gestión administrativa, tributaria y servicios digitales a más de 250 municipios en 11 provincias del país. La firma opera a través del dominio web municipalidad.com

En el Valle de Punilla, las administraciones afectadas que reportaron la caída total o parcial de sus portales web y sistemas internos incluyen: Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Tanti, Villa Giardino, La Cumbre , Valle Hermoso y Villa Santa Cruz del Lago.

Se confirmó que se trató de un ataque de tipo ransomware, un virus informático que ingresa a los servidores, encripta las bases de datos y bloquea los accesos. Los atacantes enviaron mensajes exigiendo rescates económicos de hasta 3 bitcoins por municipio para liberar las claves de desencriptación. Al precio de referencia del Bitcoin del 24 de octubre de 2026, 3 Bitcoin equivalen aproximadamente a $368.700.000 (Trescientos sesenta y ocho millones setecientos mil pesos argentinos)

La interrupción masiva afectó de manera desigual a las dependencias, pero el mayor impacto se sintió en las áreas económicas. En Villa Carlos Paz, por ejemplo, quedó totalmente fuera de servicio el sistema de tasas y rentas municipales.

Lo que NO funciona: Liquidación y cobro de tasas a la propiedad, patentes de automotores, servicios de agua potable/saneamiento, emisión de cedulones, turnos web y trámites ante el Tribunal de Faltas. Lo que SÍ funciona: Los municipios aclararon que los servicios esenciales e independientes siguen operativos, tales como la atención telefónica de la Línea 147, el Registro Civil, el Cementerio Municipal, guardias de salud y las plataformas de comunicación por WhatsApp.

En un comunicado oficial enviado a las intendencias de Punilla, la empresa PGM llevó tranquilidad al asegurar que no existió robo, extracción ni filtración de datos confidenciales o bases de datos de los contribuyentes. El incidente afectó exclusivamente a la infraestructura física donde se alojan los servidores, inutilizando las aplicaciones de cara al usuario.

Los equipos técnicos de la firma de software y de las áreas de sistemas de cada municipalidad se encuentran trabajando bajo auditoría forense para restablecer los servidores. No obstante, las autoridades judiciales y las prestatarias no han fijado un plazo definitivo para la normalización del servicio, por lo que la atención presencial y virtual para gestiones impositivas continuará restringida temporalmente.

operativo de ciberseguridad y la investigación judicial están centralizados por la Justicia de Córdoba, la cual reunió de urgencia a un cuerpo de fiscales, jueces y especialistas en delitos informáticos. Al tratarse de un ataque interprovincial que afectó la recaudación pública de múltiples comunas serranas, el despliegue técnico e investigativo cuenta con características muy estrictas.

Peritos informáticos de la Policía Judicial y de las áreas provinciales de ciberdelito tomaron el control de la contingencia técnica de manera inmediata. Su tarea principal es realizar una auditoría forense sobre la infraestructura afectada para aislar el virus ransomware. Bajo directivas de la fiscalía interviniente, los especialistas ejecutan acciones para contener el incidente sin alterar los registros. El objetivo prioritario es blindar los servidores e identificar las trazas informáticas (direcciones IP, firmas de código y bitácoras de acceso) que permitan determinar el origen del ataque intencional.

Los equipos forenses provinciales están cruzando datos con los técnicos de la empresa Program Consultores S.A. (PGM). Aunque la firma descartó preliminarmente la filtración de bases de datos impositivas de los vecinos, la Justicia mantiene bajo análisis estricto los servidores para certificar de forma independiente que no existió sustracción de información sensible.

La división de ciberdelito investiga además el canal de comunicación utilizado por los atacantes para exigir los rescates de hasta tres bitcoins por municipio. El seguimiento de las billeteras de criptomonedas virtuales asociadas al chantaje forma parte del protocolo penal coordinado para identificar a la organización delictiva detrás del hackeo a escala nacional.

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