La Cámara Federal complicó al exabogado de Milei por las coimas en Discapacidad

Una auditoría oficial del Gobierno nacional sobre la gestión de Diego Spagnuolo al mando de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó un desfasaje contable de $158.717 millones en los registros de deuda interna del organismo, además de sobreprecios de hasta el 1900% en la compra de medicamentos e insumos. El informe, confeccionado tras la intervención de la agencia, abarcó los movimientos financieros realizados hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que Spagnuolo fue desplazado de su cargo.

El puesto le había sido otorgado por el presidente Javier Milei. Su nombramiento se formalizó a inicios de la gestión mediante el Decreto 96/2023 publicado el 28 de diciembre de 2023. La decisión de otorgarle la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se basó fundamentalmente en la extrema confianza personal y política entre ambos.

Se identificó una discrepancia multimillonaria entre los listados de deuda exigible reportados por dos áreas internas clave de la institución. Parte de estos compromisos financieros no cumplieron con los controles administrativos ordinarios.

El documento cuestionó que se recurriera habitualmente a esta figura legal para pagar bienes y servicios ya entregados. Este mecanismo evita los procedimientos normales de contratación y licitación pública. Para el momento del corte de la auditoría, solo se habían regularizado seis procesos de compra formales.

Paralelamente, la Dirección Nacional de Atención a la Salud y Seguridad Social (Dnass) está siendo investigada por la Justicia federal bajo la hipótesis de un esquema de compras con sobreprecios y el cobro de presuntas coimas de hasta el 20%. Los prestadores de insumos médicos recibieron un total de $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025.

Debido a estas irregularidades administrativas y los audios filtrados que originaron el caso, la Casa Rosada dispuso en su momento la intervención de la ANDIS para reformular los mecanismos de auditoría y validación de las asignaciones.

Actualmente, Diego Spagnuolo ya no trabaja para el Estado ni ejerce funciones públicas. Tras haber sido removido de su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, se dedica a la actividad privada como abogado matriculado

Aunque fue apartado del Poder Ejecutivo de manera preventiva por el presidente Javier Milei, tras la filtración de audios sobre presuntos sobornos, políticamente forma parte del partido La Libertad Avanza desde su fundación en 2021 y antes de asumir en el Estado se desempeñaba como el abogado personal de Javier Milei en diversas causas judiciales.

Su foco laboral se encuentra condicionado por su situación penal. La Cámara Federal confirmó su procesamiento como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública, enviándolo a juicio oral. Recientemente, querellantes de la causa han solicitado formalmente ante el juez Ariel Lijo su detención preventiva argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó formalmente el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otras 18 personas vinculadas a la causa. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron la imputación contra el exfuncionario como presunto jefe de una asociación ilícita y la Cámara fijó un embargo histórico sobre los bienes de Spagnuolo por un monto superior a los $36.000 millones. Con este fallo firme, la investigación quedó a un paso de ser elevada de forma parcial a juicio oral y público.

Paralelamente, la Gendarmería Nacional avanza con el peritaje oficial de los 58 audios que dieron origen al escándalo. Aunque Spagnuolo intentó cuestionar judicialmente las grabaciones en la causa principal, en un expediente paralelo donde denunció espionaje ilegal terminó admitiendo formalmente que la voz que se escucha en las cintas es la suya. Los peritos forenses buscan identificar ahora a otros interlocutores que aparecen en el material para determinar el alcance total de la red de retornos y laboratorios involucrados.

En los audios Spagnuolo detalla la existencia de una «caja» ilegal sustentada en coimas y retornos de los sobreprecios de medicamentos; en dichas grabaciones, Spagnuolo asegura explícitamente que un 3% de esa recaudación espuria estaba destinado directamente a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, e involucra además en la coordinación de estas maniobras al subsecretario Eduardo «Lule» Menem.

La decisión final sobre si Diego Spagnuolo esperará el juicio oral en prisión preventiva o continuará en libertad recae en las próximas horas sobre el juez Ariel Lijo.

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