Golpe al Congreso y furia en la calle: El oficialismo frenó a la oposición mientras la marcha universitaria estallaba afuera

Ayer jueves 15 de octubre de 2026, la tensión alrededor de la educación pública se centró en la Cámara de Diputados y en las calles, en una jornada marcada por una nueva Marcha Federal Universitaria.

Bloques de la oposición habían convocado a una sesión especial con un temario que incluía la emergencia en discapacidad y el rechazo al «megadecreto» (DNU 70/23) de Javier Milei. Sin embargo, la oposición no logró conseguir el quórum necesario para sesionar, por lo que el debate se cayó. Algunos legisladores del oficialismo fueron increpados por manifestantes al retirarse del Congreso.

Aunque la Ley de Financiamiento Universitario ya fue aprobada por el Congreso, la comunidad educativa denuncia que el Gobierno nacional no transfiere los fondos suficientes bajo el argumento de la falta de recursos. Por este motivo, la discusión se trasladó al proyecto de Presupuesto general. Gobernadores y legisladores (como el tucumano Osvaldo Jaldo) advirtieron formalmente ese mismo jueves que no apoyarán el Presupuesto si el Gobierno no garantiza por escrito las partidas clave para las universidades y discapacidad.

Mientras se definía la actividad legislativa, miles de estudiantes, docentes y ciudadanos marcharon hacia la Plaza del Congreso en la Marcha Federal Universitaria. La protesta —que exigía el cumplimiento efectivo del financiamiento y mejoras salariales contra la inflación— incluyó momentos de tensión, corridas y algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía frente al palacio legislativo.

El oficialismo, junto con sus aliados del PRO y la colaboración de legisladores que responden a ciertos gobernadores provinciales, logró dejar sin quórum a la oposición. Al no dar el brazo a torcer ni bajar al recinto, impidieron que se iniciara la sesión especial que buscaba derogar el DNU 70/23 y tratar leyes de alta sensibilidad social. Martín Menem celebró públicamente en sus redes la caída de la sesión, afirmando que la oposición «quiso ponerle un freno a la Argentina y se quedó en el intento».

Pese a la confrontación discursiva, el Poder Ejecutivo nacional reconoció la presión social y activó negociaciones de emergencia con las universidades. El oficialismo ofreció modificaciones técnicas, como reducir o mantener beneficios en las contribuciones patronales que pagan las instituciones por sus trabajadores. Esto busca aliviar el frente judicial abierto (donde el Gobierno enfrenta fallos en contra) y proponer una actualización de partidas de cara al Presupuesto de los próximos años a cambio de reformar la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante la masiva movilización de la Marcha Federal Universitaria frente al Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respaldó el accionar de las fuerzas federales. El oficialismo justificó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra los manifestantes bajo el argumento de que debían contener a «violentos e infiltrados» que arrojaban piedras y destruían bienes públicos.

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